El presupuesto de 2026 asignó $36.054 millones al Plan Remediar, el programa nacional que abastece de medicamentos esenciales a los centros de atención primaria, un 72% menos que lo ejecutado en 2023. También debilitaron Incluir Salud.
Mientras aumenta la automedicación, tal como lo contó Alberto Beto Emaldi en la edición anterior, el Plan Remediar, una política creada en 2002 para garantizar medicamentos gratuitos en los centros de atención primaria, atraviesa una retracción reflejada en el presupuesto, en la cantidad de tratamientos realizados y en su cobertura territorial.
Según un relevamiento de Chequeado basado en datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, el presupuesto vigente de 2026 asigna $36.054 millones al programa que, en términos reales, representa un 72% menos que lo ejecutado en 2023.
La reducción también se observa en la entrega de medicamentos. Al respecto, un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) reportó 29 millones de tratamientos dispensados en 2024 y 14,1 millones en 2025, una caída interanual del 51,4%.
Y si se lo compara con los 37,1 millones distribuidos en 2022, la baja acumulada llega al 62% aunque el impacto no se notó de inmediato porque las compras de medicamentos realizadas en 2023 abastecieron la demanda de medicamentos por 18 meses más, es decir todo el 2024 y buena parte del año 2025. Una vez agotado ese colchón, los faltantes comenzaron a padecerse.
El Remediar se asienta sobre la base a 16,3 millones de argentinos -35,8% de la población- que dependen exclusivamente del sistema público de salud, según el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS).
De acuerdo con su informe, el vademécum, compuesto por 75 principios activos en 99 presentaciones, se reduciría a 30 medicamentos entre abril y septiembre de 2026, y desde septiembre quedarían únicamente tres fármacos cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina. También se informó que de los 8.100 centros que recibían botiquines, solo 800 continuarían incluidos hasta septiembre, reducción que compromete tratamientos frecuentes en el nivel de atención primaria de la salud.
Entre los grupos afectados aparecen niños que requieren antibióticos, analgésicos y antifebriles; embarazadas que reciben hierro en sus controles prenatales; y personas con diabetes, hipotiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o infecciones agudas.
Si analizamos la situación en las provincias, queda expuesta una enorme grieta adicional. Entre 2024 y 2025, la caída en los tratamientos realizados fue del 72,4% en Chaco, mientras que en Río Negro alcanzó el 2,3%.
Las jurisdicciones más golpeadas concentran, no por casualidad, la mayor proporción de población con cobertura pública exclusiva y menor capacidad fiscal para reemplazar las compras nacionales de medicamentos.
El Gobierno nacional presentó los cambios como una “nueva etapa” orientada a mejorar la eficiencia, la trazabilidad y el rol de las jurisdicciones.
El CIIPS, además, advirtió que los detalles no fueron formalizados y que los equipos provinciales carecen de información sobre qué medicamentos recibirán, en qué cantidades y con qué cronograma con lo que les resulta imposible planificar. En cambio, una compra centralizada permitía obtener medicamentos a precios hasta un 85% inferiores a los del mercado, así que el recorte anunciado no elimina gastos, en todo caso los del Estado nacional, sino que los transfiere a los hogares y las provincias, profundiza las diferencias territoriales y aumenta la presión sobre hospitales sobre exigidos.
El médico sanitarista Mario Glanc, explicó a Y ahora qué? que “el plan Remediar no fue solamente un programa de distribución gratuita de medicamentos, fue un gran plan de atención primaria que innovó con la medicación porque se entregaba en el sitio de atención del paciente y no en la farmacia. Fue muy importante para que la gente se acercara a los centros de atención primaria y, en segundo lugar, permitía registrar información epidemiológica para obtener datos tan importantes como, por ejemplo, de qué se enferma la gente, niveles de patología, incidencia, prevalencia, etc. No fue solamente un programa de distribución de medicamentos, fue muchísimo más que eso.
–En medio de esta crisis económica, la desaparición del Remediar ha provocado el abandono de los tratamientos. ¿A qué lo adjudica de modo directo?
–Glanc: Básicamente por tres causas. Primero, porque no hay dinero para comprar los medicamentos prescriptos. Segundo, la gente no tiene el dinero como para sostener ese medicamento recetado. Y el tercer motivo es que las personas van a la farmacia con una receta prescripta, no le alcanza el dinero para comprar ese medicamento y terminan comprando, por ejemplo, ibuprofeno, que casualmente es un medicamento de venta libre que puede aliviarle la dolencia, pero en realidad la encubre y la agrava porque podrá calmar el dolor, pero no cura la dolencia.
El Norte Grande y el programa Incluir Salud
El Ministerio de Salud de Santiago del Estero fue sede, este 13 de julio, de la Reunión de Ministros y Ministras de Salud del Norte Grande y referentes del Programa Incluir Salud, convocada para analizar la situación del programa y planificar acciones conjuntas ante las dificultades provocadas por el desfinanciamiento de la Nación.
La reunión, encabezada por la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, convocó a funcionarios de máximo nivel sanitario de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Salta y Tucumán, junto a referentes de Incluir Salud de Santiago del Estero, Chaco, Misiones y otras jurisdicciones del Norte Grande. Todos coincidieron en advertir la situación crítica y generalizada que atraviesa el Programa Incluir Salud.
Todas las provincias realizan aportes provinciales para evitar la interrupción de tratamientos, sostener la provisión de medicamentos, garantizar las prestaciones de diálisis y responder a situaciones clínicas críticas que no admiten demoras. Las autoridades también coincidieron en que “la situación genera incertidumbre en pacientes y familias, sobrecarga a los equipos provinciales, profundiza las desigualdades territoriales y aumenta los casos judicializados”.
Los sanitaristas consensuaron un documento y conformaron una mesa federal de seguimiento de Incluir Salud, y explicaron que la propuesta será presentada ante el Ministerio de Salud de la Nación en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud -COFESA- para impulsar respuestas concretas que garanticen la continuidad, equidad y calidad de las prestaciones.
Un relevamiento realizado por Chequeado indicó que “las jurisdicciones más afectadas -Chaco, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones- son las que concentran mayor proporción de población con cobertura pública exclusiva y menor capacidad fiscal para compensar el faltante”.
Dos programas que atrasan
La diferencia principal entre Incluir Salud y el Plan Remediar radica en el tipo de cobertura que ofrecen y a quiénes están dirigidos.
Incluir Salud funciona como un seguro médico integral para personas con Pensiones No Contributivas, y el Plan Remediar se enfoca en la entrega gratuita de medicamentos esenciales en centros de atención primaria de la salud.
Incluir Salud está destinado a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) de la Nación que no disponen de otra obra social o prepaga (personas con discapacidad, madres de 7 hijos o más, o adultos mayores en situación de pobreza, etc.). Se trata de un sistema que financia la atención a través de la red de hospitales y centros de salud públicos, donde se brinda una cobertura médico-asistencial completa, incluyendo consultas, medicamentos de alto costo, prótesis, tratamientos complejos (como diálisis) y traslados.
Se trata de un programa descentralizado cuyos fondos son enviados por Nación, pero la gestión, auditoría y cartilla de prestadores dependen de cada provincia.
El Plan Remediar estaba dirigido a aquellas personas que no poseen obra social ni prepaga y se atendían exclusivamente en el sistema público de salud. Su función principal era garantizar el acceso a medicamentos esenciales para hipertensión, diabetes, infecciones, etc. a través de la entrega de botiquines en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país.
La interrupción que no cura
A diferencia de otros procesos la interrupción de los tratamientos implica un riesgo de daño real y retrocesos que pueden provocar situaciones graves porque la salud que se pierde no se recupera.
Un informe del CELS da cuenta que durante 2024 el Gobierno nacional manejó los medicamentos como si fueran mercancías de libre mercado: liberó precios, eliminó acuerdos con laboratorios y habilitó su venta en kioscos y supermercados (suspendida en abril de 2025 por una medida cautelar).
A esto se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas, asistencia y provisión de medicamentos; y recortes en la entrega de insumos médicos, afectando especialmente a personas con cáncer, VIH u otras condiciones o enfermedades graves.
“El efecto es devastador para quienes dependen del sistema público: personas empobrecidas y enfermas quedan sin tratamiento por decisiones políticas. La idea de un libre mercado en la salud se refleja en el abandono del Estado nacional de sus responsabilidades y deja al país sin políticas centralizadas y a las provincias sin más opción que cubrir como pueden el acceso a la salud”, enfatizaron.
El último informe del CELS reportó que la caída de tratamientos en 2024, por ejemplo, se debió a 1.800 expedientes que solicitaban medicaciones y no fueron resueltos. También se produjeron 60 muertes debido a la interrupción de tratamientos oncológicos.
La demanda de medicamentos recetados cayó en 2024, empujada por la suba de precios, la baja del poder adquisitivo y la decisión del gobierno de discontinuar los acuerdos de precios con laboratorios farmacéuticos en un país con una inflación que alcanzó el 208,18% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024.
En ese mismo período, el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar) informó que los medicamentos aumentaron un promedio 250,6%, motivo por el cual disminuyeron las unidades vendidas durante el año, incluso en remedios para tratamientos crónicos.
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), por su parte, reportó que en 2024 la venta promedio de medicamentos cayó 7,85% respecto de 2023, 61 millones cajas de medicamentos menos, y de esa cifra, casi 29 millones corresponden a productos recetados.
“Son tratamientos suspendidos, personas que visitaron a su médico, recibieron indicaciones, pero no pudieron concretar el inicio del tratamiento farmacológico”, explicaron desde un informe del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de COFA.
A pesar de que las ventas cayeron, la industria farmacéutica multiplicó sus ganancias, aseguraron desde el CELS: “durante 2024, la facturación del sector se mantuvo muy por encima de la inflación, lo que representó un incremento anual de 284,5%”.
Glanc también tiene sus consideraciones al respecto.
–¿Puede ocurrir que en algún momento los laboratorios se den cuenta de que si siguen subiendo los precios van a vender menos?
–Glanc: La respuesta es fácil: no les importa. Hay dos tipos de medicamentos, especialmente en los últimos diez años: los tradicionales de síntesis química y los medicamentos biológicos, que son los que se conocen como medicamentos de alto precio, utilizados, en general, para el tratamiento de enfermedades oncológicas, neurodegenerativas, inflamatorias, artritis reumatoidea, enfermedad de Cohn, etc. Muchos de ellos tienen posición monopólica en el mercado y son de industria internacional. El precio de lista de estos medicamentos puede llegar hasta los tres millones de dólares para un tratamiento. El principal problema que afecta hoy al financiamiento del sistema de salud es el costo de estos medicamentos. Encontrar un medicamento para una enfermedad rara que cueste un millón de dólares no es nada extraño.
–Si le pido tres o cuatro puntos que sirvan para buscar resolver esta problemática, ¿qué propondría?
–Glanc: Hay que ver el precio de los medicamentos porque es la principal causa de abandono de los tratamientos. La adherencia es uno de los problemas centrales de las enfermedades crónicas no transmisibles. Otro es disponer de una política de medicamentos genéricos y que, obligatoriamente, ese genérico sea más barato. Para identificarlos, por ejemplo, en Chile y Brasil las cajas tienen una “G” grande, “G” de genérico, pero que significa dos cosas: que está probado que es tan bueno como el original, y que es más barato. El problema es que esta gente (por el Gobierno) no tiene, solamente, vocación fiscalista, además tiene una vocación de crueldad, pero, sobre todo, tiene la convicción de que el mercado arregla todo y que la industria tendrá que adecuar los precios y llegar a un equilibrio. Es decir que dejan todo librado al mercado. Y si hay un daño colateral, que puede implicar que muchas personas se mueran, creen que eso es parte de la adecuación estructural del sistema. Están convencidos de que tienen que romper todo para que el mercado lo reconstruya por su lado.