Desde Porto Alegre, Brasil.
Instituciones disfuncionales garantizaron el ascenso y mantenimiento de la banda militar-bolsonarista en el poder.
Día tras día, la sociedad brasileña está cada vez más horrorizada por los crímenes y delitos cometidos en serie por la banda que estuvo en el poder durante cuatro años, desde el primer día de 2019 hasta el último día de 2022.
Es probable que varios de los innumerables crímenes ni siquiera sean descubiertos, y tal vez el país nunca sepa la verdad sobre todas las ilegalidades del gobierno fascista-militar presidido por Jair Bolsonaro, de la misma manera que persisten al día de hoy sombras sobre las atrocidades de la dictadura.
El ascenso de esta banda al poder no fue un mero accidente de viaje. Y, menos aún, una fatalidad inevitable.
La fórmula militar Bolsonaro-Mourão fue elegida a la presidencia de Brasil y permaneció en el poder durante cuatro años, cometiendo delitos en serie tras no encontrar resistencia en las disfuncionales instituciones de la República, algunas de las cuales eran claramente corruptas.
Por instituciones entendemos la policía y los ministerios públicos a nivel federal y estatal, especialmente en el estado de Río de Janeiro; el Congreso Nacional; el poder judicial en todos los niveles; organizaciones patronales y medios de comunicación neoliberales.
La toma de instituciones con fines políticos, ideológicos y personales/materiales, cuya culminación fue el Estado de Excepción Lava Jato, resultó tan ilegal como trágica para el país.
Las instituciones no previnieron, reprimieron y castigaron conductas delictivas, aunque eran conscientes de ello.
La tolerancia y la complacencia con prácticas aberrantes, que nunca podrían naturalizarse y aceptarse en una sociedad republicana y democrática, dejaron el camino libre al avance fascista.
Con algunos pasos atrás en el tiempo, es posible reconstruir un conjunto de hechos que prueban que, sin la instrumentalización y dirección de las instituciones contra Lula y el PT, Brasil no habría caído en el precipicio al que lo arrojaron sus oligarquías, permitiendo el ascenso del extremismo fascista al poder:
1. El 29 de noviembre de 2014, Jair Bolsonaro lanzó su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2018. El acto político tuvo lugar en el patio de la AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, durante una ceremonia de graduación de aspirantes a oficiales. En su momento, la AMAN estaba comandada por el actual comandante del Ejército, general Tomás Paiva, quien permitió que se realizara un mitin político-partidario en la instalación militar, hecho que constituye un grave atentado contra la legalidad y el poder civil;
2. En los años 2015 y 2016, los generales Sérgio Etchegoyen y Eduardo Villas Bôas, designados por la presidenta Dilma como Jefe de Estado Mayor y Comandante del Ejército respectivamente, la traicionaron y se reunieron en secreto con Temer para conspirar contra ella. La cúpula partidista del Ejército brasileño, institución del Estado capturada que en 2014 ya había colocado en la pista electoral la candidatura de Bolsonaro, se asumió como actor central del proceso político y guardián del sistema;
3. En un abuso monocrático – y también ilegal e inconstitucional– el 18 de marzo de 2016, el ministro del STF, Gilmar Mendes, revocó el nombramiento de Lula como jefe de la Casa Civil del gobierno de la presidenta Dilma para no comprometer la trayectoria lavajatista hacia el golpe. Todo el STF, máximo órgano constitucional, no actuó ni hizo nada para impedir que se llevara a cabo esa tremenda violencia legal;
4. En la infame sesión de la Cámara de Diputados del 17 de abril de 2016, que el periodista portugués Miguel Sousa Tavares calificó de “asamblea de bandidos comandada por un bandido llamado Eduardo Cunha”, el entonces diputado Jair Bolsonaro dedicó su voto en el fraudulento impeachment al torturador y sanguinario coronel del ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra, “el terror de Dilma Rousseff”, en sus palabras. A pesar de tal ataque a la democracia, Bolsonaro no fue acusado por la Cámara, no fue procesado por el MP y el poder judicial y mantuvo intactos sus derechos políticos para presentarse a las elecciones de 2018, amañadas con la ausencia de Lula, el candidato favorito y virtual ganador;
5. El 3 de abril de 2018, el Alto Mando del Ejército publicó un twitt a través del perfil del general conspirador Villas Bôas para obligar al STF a mantener la detención ilegal de Lula, con el objetivo de eliminar el único obstáculo a la elección de la fórmula militar.
El STF, finalmente, obedeció y cumplió la orden militar –en parte, por cobardía y miedo; y, en parte, por connivencia con el golpe;
6. Después de ser condenado en el ridículo proceso Lava Jato, que fue avalado por el Poder Judicial, el 7 de abril de 2018, Lula fue llevado al calabozo de Curitiba, para inhabilitarlo para presentarse a las elecciones presidenciales. El poder judicial, corrompido por la lógica golpista y orgánicamente comprometido con la empresa golpista, respaldó ese brutal ataque a la democracia;
7. Dos meses antes de que Bolsonaro/Mourão asumieran el poder, el MP/RJ y el sistema de justicia de RJ archivaron los escándalos de corrupción de la familia de la milicia con fondos de las oficinas parlamentarias operadas a través del compinche Fabrício Queiroz.
Al mismo tiempo, el comandante de la intervención en Río, general Braga Neto, completó los trabajos de blindaje de la cloaca miliciana de Bolsonaro y de encubrimiento de los mentores y ejecutores del asesinato de la concejal Marielle Franco;
8. El 8 de octubre de 2018, el primer día después de la primera vuelta, el periódico Estadão, uno de los exponentes del periodismo de guerra, expresó la posición hipócrita de los medios neoliberales en el editorial titulado “Una elección muy difícil”, en el que equiparó al profesor y demócrata Fernando Haddad con el miliciano matón y fascista Jair Bolsonaro.
Fue una batalla campal contra el PT. Las oligarquías no pudieron resistir la atracción fatal hacia el fascismo en la cruzada para aniquilar a Lula y al PT. A partir de entonces sufrimos el terror fascista hasta el 31 de diciembre de 2022. En los cuatro años de gobierno, Bolsonaro no enfrentó mayor resistencia por parte de las instituciones. Algunos de ellos se desanimaron aún más, por no decir acobardaron; mientras que otros eran simplemente conspiradores, cómplices. El PGR Augusto Aras no le falló a Bolsonaro y su gobierno genocida, ecocida y etnocida. Actuó de espaldas a la Ley y la Constitución, manteniendo la lealtad canina al líder civil de la banda criminal. Como presidente de la Cámara, Arthur Lira presentó más de un centenar de solicitudes muy fundadas para el impeachment de Bolsonaro. Como recompensa, recibió miles de millones de reales del presupuesto secreto de los militares, combustible para la corrupción sistémica con fondos federales.
Instituciones disfuncionales y corruptas garantizaron el ascenso y mantenimiento de la banda militar-bolsonarista en el poder.
Lula detuvo el avance fascista. Y, con ello, creó las condiciones para la restauración de la democracia brasileña.
Ahora, con la revelación de los detalles escabrosos de los crímenes cometidos por los bandidos que utilizaron el Planalto como fachada para el crimen, es imprescindible que instituciones verdaderamente comprometidas con la democracia y la legalidad actúen con rigor y justicia para detener a los perpetradores de crímenes contra el Estado.
Además de Bolsonaro y sus asociados civiles, también es necesario llevar ante los tribunales a los autores intelectuales del asalto al poder “por medios electorales”, que son los dirigentes partidarios de las Fuerzas Armadas y todos los criminales uniformados que trabajaron para el golpe.