A pesar de su preexistencia, en la Argentina no se aplica de modo uniforme la Historia Clínica Ambiental Pediátrica que ayudaría a tratar y prevenir enfermedades relacionadas con las condiciones ambientales en las que los chicos nacen, viven, estudian y crecen.
Cada vez son más numerosos los niños amenazados por algún factor de riesgo en el ambiente en las distintas etapas de su desarrollo, desde su concepción hasta la adolescencia.
Argentina no parte de cero. De hecho, fue relativamente temprana en el desarrollo de la pediatría ambiental, pero la herramienta nunca terminó de transformarse en una práctica pediátrica universal y sistemática.
En el 2003 se había creado un Comité de Salud Ambiental Infantil en el Hospital Elizalde y desde 2005 funcionó allí una de las primeras Unidades Pediátricas Ambientales. Después surgieron experiencias en los hospitales Gutiérrez, Garrahan, Posadas y Sor María Ludovica de La Plata. En la Ciudad de Buenos Aires el Programa de Salud Ambiental Infantil dispuso expresamente como objetivo “promover la incorporación” de la pesquisa de riesgo ambiental a la historia clínica pediátrica.
La Sociedad Argentina de Pediatría dio otro paso en 2021, cuando publicó su propio formulario de Historia Clínica Ambiental Pediátrica (HCAP) para uso cotidiano de los profesionales, y en un documento de octubre de 2024, el Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente de la SAP volvió a recomendar expresamente “utilizar la Historia Clínica Ambiental formando parte de la Historia Clínica del paciente para pesquisa precoz de enfermedades con carga ambiental” y ampliar las Unidades Pediátricas Ambientales en hospitales y centros de atención.
La HCAP aparece actualmente como una herramienta disponible, validada y utilizada en determinados hospitales y equipos especializados, pero no como una ficha obligatoria, uniforme y sistemáticamente integrada a todas las historias clínicas pediátricas del país.
Lluvia en Bikini
La médica pediatraStella M. Gil, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), recordó en su artículo “Salud ambiental infantil: un nuevo desafío para el pediatra”, que en 1954 una lluvia radiactiva proveniente de pruebas con armas nucleares en la isla Bikini causó quemaduras agudas en los isleños y, tiempo después, algunos niños expuestos manifestaron daño sobre la función tiroidea y otros desarrollaron neoplasias. Y enumeró otros dos incidentes tóxicos, uno relacionado con la intoxicación por mercurio en viviendas y otro con el uso de metil paratión (insecticida organofosforado sintético muy tóxico utilizado para matar insectos en cultivos agrícolas), que afectaron la salud, especialmente en niños.
La intoxicación por mercurio ocurrió en Hoboken, Nueva Jersey (Estados Unidos), en el Grand Street Mercury Site, en 720–732 Grand Street, con un edificio industrial donde, por décadas, se fabricaron lámparas que utilizaban mercurio y que había sido reconvertido en departamentos para viviendas y oficinas. En 1995 se descubrieron cantidades importantes de mercuriodebajo de los pisos y concentraciones elevadas de vapor de mercurio en las viviendas. Análisis realizados entre los vecinos detectaron niveles elevados de mercurio en la orina de 20 residentes, 5 de ellos niños. La situación llegó a considerarse peligrosapara la salud pública, así que los residentes fueron evacuados. En enero de 1996 todos habían abandonado el edificio y, finalmente, fue demolido, los suelos retirados y las familias relocalizadas.
Gil destacó que “el manejo inadecuado del diagnóstico evidenció la falta de entrenamiento de los pediatras en materia de exposiciones ambientales y sus efectos sobre la salud infantil porque “no se trata de un adulto pequeño” sino que puso en perspectiva la necesidad de que la pediatría reconociera un nuevo desafío: profundizar el conocimiento sobre el medio ambiente y su impacto en la salud de las niñeces.
Pediatría y salud ambiental
Un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que más de 40% de la morbilidad mundial se origina por factores ambientales y que las enfermedades prevalentes abarcan una amplia gama, desde las infecciones respiratorias agudas y las transmitidas por agua, alimentos o vectores, hasta asma, cáncer, traumatismos, arsenicismo, fluorosis, defectos congénitos, trastornos endocrinos y del neurodesarrollo.
Y agregó que, en todo el mundo, el número de años de vida sana perdidos por habitante por factores de riesgo ambientales es aproximadamente cinco veces mayor entre niños de 0-5 años que en la población en general. Por eso, la OMS consideró a la salud ambiental infantil como uno de los principales retos sanitarios de este siglo, y desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (año 2002) se estimula el desarrollo de estrategias para abordar, divulgar y resolver los problemas ambientales a partir de centros especializados que dieron un nuevo impulso y se originó la Pediatría Ambientalista, destinada a diagnosticar, tratar y prevenir las patologías en las niñeces relacionadas con la contaminación del medio ambiente.
El concepto de “desarrollo sustentable” (desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras) es la columna vertebral para la planificación de diversas políticas ambientales y sanitarias; entre sus estrategias, incorporó a la Pediatría Ambiental o Salud Ambiental Infantil (SAI).
¿Y por casa cómo andamos?
En la Argentina, el interés por la salud infantil y el ambiente surgió al inicio del nuevo milenio. Diversos esfuerzos se realizan en el campo de la educación profesional para incorporar el tema en la enseñanza médica de grado y en los programas de residencias médicas.
En 2003, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) firmó un acuerdo con los presidentes de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur para trabajar con sus miembros en las áreas de Educación y Capacitación sobre Salud Ambiental y asumió el compromiso de abogar por ambientes saludables para los niños. El tema se abordó en la Red Nacional de Educación Continua y se instaló en diversos congresos y jornadas. Otras acciones son coordinadas desde la Subcomisión de Salud Infantil y Ambiente de la SAP.
En colaboración con otros organismos gubernamentales y ONG’s y ante la necesidad de efectuar un relevamiento de la situación ambiental en nuestro país, se elaboró el Perfil de la Salud Ambiental de la Niñez en la Argentina, un documento que muestra los diversos aspectos que condicionan la salud ambiental infantil y las acciones destinadas a mejorarla. En 2005 se creó el Programa Nacional de Pediatría práctica Salud Ambiental Infantil (Ministerio de Salud de la Nación) que estimulaba la participación intersectorial y la creación de Unidades de Pronta Atención (UPA). También se promovió la capacitación en Salud Ambiental Infantil, formar el recurso humano específico, incorporar información ambiental a la historia clínica e impulsar la creación de Unidades Pediátricas Ambientales.
Una encuesta a nivel nacional realizada por la La SAP en los 2004 y 2005 reveló que de los 800 profesionales encuestados, solo un 19,5% decía registrar “siempre” información sobre el ambiente del niño; 54,5% lo hacía “a veces” y 26% “nunca”. Si bien el dato es relativamente viejo, no deja de ser significativo como antecedente. Y desde la propia organización insisten explícitamente con la adopción de la misma.
Los motivos del ninguneo
Damián Markov, integrante del Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó a Y ahora qué? que su uso está limitado a programas locales, fallos judiciales o equipos especialmente comprometidos.
Entre los obstáculos para su uso mencionó:
1- Lleva unos 15 minutos completarla y se retrasa la atención.
2- No le ven utilidad porque nada cambia en las políticas sanitarias.
3- No hay formación académica que recomiende su uso.
4- No hay ninguna directiva desde el Ministerio de Salud de la Nación, pero tampoco la hubo en gestiones anteriores recientes.
Consultados por este medio, los voceros de la cartera sanitaria no respondieron por qué no la imponen de manera generalizada.
La pediatra Silvia Ferrer, quien la aplicó para el estudio de las niñeces en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, sostuvo ante Y ahora qué? que hace falta decisión política y que “no hay excusas para no aplicar esta herramienta porque Argentina produce información, pero la tiene fragmentada”.
Ferrer agregó que “hay historias clínicas generales; historias ambientales utilizadas selectivamente; centros de toxicología y Unidades Pediátricas Ambientales y vigilancia epidemiológica de exposiciones e intoxicaciones mediante el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y dispositivos territoriales. Lo que falta es integrar la información”.
ACUMAR representa, probablemente, la experiencia argentina más próxima a una vigilancia ambiental que relaciona información sanitaria y ambiental. Por ejemplo, en 2025 se notificaron en el ámbito de la Cuenca 409 casos de intoxicación por exposición a plomo, una tasa de 5,54 por 100.000 habitantes, y de esos 409 casos, 96 correspondieron a menores de cinco años.
Desde ACUMAR se informa que mantienen el seguimiento toxicológico de personas con plombemias elevadas (concentración de plomo en la sangre), entre ellas niños pequeños. Esto demuestra que cuando se busca sistemáticamente una exposición ambiental, aparecen los casos y se generan estadísticas.
De diagnósticos sueltos a herramienta de vigilancia
Y aquí llegamos al punto central porque si miles de historias clínicas disponibles registraran la exposición ambiental con los mismos criterios, esos datos dejarían de servir solo para tratar a un paciente para transformarse en una poderosa herramienta nacional de vigilancia epidemiológica pediátrica.
Hoy se registran intoxicaciones y enfermedades, pero muchas exposiciones ambientales infantiles agudas y masivas quedan fuera del radar y pueden confundirse con cuadros aislados de asma, infecciones o deshidratación. En cambio, un registro homogéneo permitiría relacionar patologías dispersas en niños que viven cerca de explotaciones agrícolas y fumigaciones; zonas mineras; áreas petroleras y gasíferas; grandes polos industriales; contaminación atmosférica urbana; agua con arsénico; basurales; inundaciones; humo de incendios; o condiciones deficientes de vivienda y saneamiento.
El derecho a un ambiente sano está reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, y la Convención sobre los Derechos del Niño también contempla los riesgos de la contaminación ambiental.
Las herramientas para mejorar la salud de los chicos existen, los especialistas que pueden aplicarla, también, y en muchos casos hasta la información está disponible, pero no existe la decisión sanitaria nacional que convierta esa información dispersa en prevención concreta. Ni en este ni en gobiernos anteriores.
Ferrer fue muy taxativa: “no hay excusas para no usarla porque no se trata de política partidaria sino de política sanitaria, y hay que cuidar a nuestros pibes”.