Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham y miembro del directorio del CONICET en representación de las universidades, aseguró a Y ahora qué? que “la clave del Presupuesto 2027 está en mirar qué esconden las grandes partidas, cuánto de lo presupuestado llegará efectivamente a los organismos y qué piso dejó el ajuste acumulado desde 2023”.
En este diálogo Aliaga desarma la ingeniería del Presupuesto 2027 y explica por qué comparar un año todavía en ejecución con otro apenas proyectado puede resultar engañoso, pone el foco en el deterioro del CONICET, la reducción de becas, el desfinanciamiento de la investigación y la situación de organismos como CNEA, CONAE, INTA e INTI. Además, abre una pregunta que atraviesa toda la conversación: cuánto de lo perdido puede recuperarse si vuelven los recursos y en qué momento el ajuste deja de ser una cuestión presupuestaria para convertirse en una pérdida difícil de revertir.
–A primera vista, el Presupuesto 2027 parece mostrar una recuperación de los recursos destinados a Ciencia y Tecnología respecto de 2026. Sin embargo, ustedes sostienen que el ajuste continúa. ¿Cómo hay que leer los datos?
–Aliaga: El 2026 todavía no terminó y el 2027 es un pre-supuesto. Cuando se hizo el presupuesto 2026, la inflación estimada era del 10% anual. Ahora, el presupuesto 2027 está hecho con una estimación de inflación del orden del 20% anual. Para analizar un presupuesto no sirve mirar solamente la inflación punta a punta, sino la variación promedio anual, porque el gasto se va haciendo todos los meses. Si durante once meses no hay inflación y pega un salto fuerte en el último mes, eso casi no afecta lo gastado durante ese año, pero sí arrastra al siguiente. Además, en el presupuesto de Ciencia y Tecnología hay unos 400 mil millones de pesos puestos en Obligaciones a Cargo del Tesoro Nacional. Son partidas que se estima que se van a necesitar si la inflación ronda el 20% y las paritarias acompañan esa inflación, para después distribuirlas entre los organismos y cubrir salarios. Pero cuando se mira organismo por organismo, ese dinero todavía no aparece. Por eso es difícil hacer comparaciones muy precisas entre 2026 y 2027.
–Entonces, ¿qué tan útil es comparar hoy el presupuesto de 2027 con el de 2026?
–Aliaga: Hay que tomarlo con cuidado porque el presupuesto 2026 todavía está en ejecución. Hay un presupuesto aprobado por el Congreso y otro vigente que incorpora las modificaciones que hace el Ejecutivo mediante decisiones administrativas o decretos de necesidad y urgencia (DNU), aunque nunca se especifique la necesidad y la urgencia. En mayo, por ejemplo, se redujeron partidas porque el propio presupuesto establece que, si baja la recaudación y se quiere evitar un déficit, pueden bajar los créditos. Hace unas semanas, algunas partidas volvieron a aumentar mediante un DNU. Y todos los años, hacia noviembre o diciembre, se hacen ajustes en función de lo que falta para cerrar el año. Eso todavía no ocurrió. El 2026 que estamos mirando seguramente no es el que va a terminar siendo. Para comparar contra algo consolidado, hay que ir de 2025 para atrás. Por eso no me centraría demasiado en si 2027 aparece un poco por encima o por debajo de 2026 porque eso puede fluctuar por la propia ejecución. El mensaje central es que desde 2023 hubo un recorte de alrededor del 40% en salarios y estipendios de becas del CONICET, y estos números no revierten esa situación.
–Los 412 mil millones de pesos en Obligaciones a Cargo del Tesoro que todavía no tienen una asignación definida, ¿qué efecto tienen sobre el presupuesto?
–Aliaga: Ese monto da cierta arbitrariedad para manejar los números y la situación presupuestaria. Pero, al mismo tiempo, desde el punto de vista técnico tiene una lógica: si se asume una inflación del 20% y las paritarias más o menos van a acompañarla, hay que prever ese dinero. El problema es que todavía no puede distribuir porque las paritarias no se concretaron. Entonces queda en Obligaciones a Cargo del Tesoro, una bolsa enorme donde hay recursos para Ciencia y Tecnología, pero también para Educación, Salud y otras funciones. En 2026 también había una partida de este tipo y, a medida que se ejecutó el año, se fue distribuyendo. El riesgo es que ese dinero, finalmente, no llegue a los organismos. Eso ya ocurrió, por ejemplo, durante el gobierno de Macri cuando se colocaban recursos allí para que al aprobarse el presupuesto no pareciera que había un ajuste y después no se ejecutaban o se utilizaban para otra cosa. En definitiva, es una decisión política. Si hay voluntad de financiar algo, los recursos aparecen. En este mismo presupuesto hay, por ejemplo, un crecimiento muy grande del Centro de Ciberseguridad, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
–El CONICET vuelve a perder recursos en 2027. ¿En qué situación queda este organismo después del ajuste acumulado desde 2023?
–Aliaga: Yo miraría los números gruesos. Si en 2023 se cobraban 100 pesos, hoy se cobran 60: se perdió alrededor del 40% del poder adquisitivo. En 2023 había mucha inflación, sí, pero los salarios se iban ajustando todos los meses en función de la inflación anterior. Hoy la pérdida acumulada es muy clara. Y en el CONICET ocurre tanto con los salarios como con las becas, porque hay una disposición del Directorio que establece que los estipendios de los becarios se ajustan de acuerdo con los salarios de la carrera. Cada vez que sale una paritaria y se fija, por ejemplo, un aumento del 1,3%, 1,4% o 1,5%, el Directorio saca una resolución y aplica ese mismo porcentaje a las becas. Hasta ahora eso se cumplió. El problema es que las paritarias del Estado vienen quedando todos los meses un poco por debajo de la inflación y, al acumularse esas pequeñas diferencias, se pierde poder adquisitivo.
–También se proyecta una reducción en la cantidad de becas. ¿A qué se debe?
–Aliaga: Ahí hay que separar dos cosas. Desde que asumió este gobierno se están otorgando menos becas que antes. Antes se daban alrededor de 1.300 becas doctorales y ahora unas 1.000; las posdoctorales pasaron de alrededor de 800 a 500. Ahí sí hay un ajuste: termina una cohorte más numerosa y entra otra más reducida. Pero en 2027 se produce una particularidad vinculada con la pandemia: las personas que estaban haciendo el doctorado con beca en ese momento tuvieron una prórroga de un año. El 31 de marzo del año que viene termina la última cohorte que tuvo seis años y, al mismo tiempo, termina la siguiente, que ya tuvo los cinco años habituales. Es decir, terminan dos cohortes. Eso va a producir una baja importante en la cantidad de becas abonadas, pero la mayor parte de esa caída no responde a una nueva decisión de ajuste sino al final de esa excepcionalidad. Contemplando esta situación, está previsto en 2027 asignar 800 becas posdoctorales, en lugar de las 500 que se asignaron en 2024, 2025 y 2026, porque se supone que va a haber más postulantes. A eso se suma que las nuevas cohortes son más pequeñas. Por eso no conviene atribuir toda la reducción prevista para 2027 a una misma causa.
–El financiamiento de proyectos científicos de la Agencia I+D+i cayó de manera muy fuerte. ¿Qué está pasando allí?
–Aliaga: El presupuesto de la Agencia muestra muy claramente la magnitud del ajuste. En 2023 gastó alrededor de 23 mil millones de pesos y, a grosso modo, en 2024, 2025 y 2026 siguió gastando una cantidad nominal parecida pero, entre 2023 y 2026, los precios se multiplicaron aproximadamente por cinco. Mientras otros presupuestos nominalmente aumentaron para compensar parte de la inflación, el de la Agencia prácticamente quedó congelado. En términos reales, en 2026 la Agencia tiene un presupuesto equivalente a una quinta parte del que tenía en 2023, perdió alrededor del 80%. Y cuando se mira el detalle es todavía peor. En 2023, el funcionamiento de la propia Agencia (salarios, contratos, computadoras, gastos administrativos) representaba apenas un 4% o 5% del presupuesto. Hoy, como el presupuesto total se achicó tanto, representa alrededor del 25%. Además, las becas asociadas a los proyectos están congeladas desde marzo de 2024, a diferencia de las del CONICET, y no se otorgaron nuevas porque tampoco hubo nuevos proyectos. Cada vez que termina un proyecto, termina también una de esas becas. Entonces, si al presupuesto actual se le descuenta el funcionamiento de la Agencia y las becas que todavía paga, lo que queda para financiar proyectos de investigación es casi cero.
–¿Se puede sostener un sistema científico sin recursos para financiar proyectos?
–Aliaga: Ese es uno de los problemas centrales. Hoy la Agencia tiene veintitantos mil millones de pesos y debería tener alrededor de 100 mil millones simplemente para mantener lo que tenía antes. Y tampoco es que en 2023 estábamos en una situación extraordinaria. Si se compara con 2012, 2013 o 2014, ya éramos mucho más chicos en 2023. En el CONICET pasa algo distinto porque casi todo el presupuesto son salarios y becas. Hay muy poco destinado al funcionamiento de los institutos y a proyectos. Paradójicamente, como ese componente es tan chico, con relativamente poca plata se puede aumentar mucho la partida en términos porcentuales. Eso se hizo en los últimos dos años: a pesar del ajuste, el CONICET reforzó los gastos de funcionamiento de las unidades ejecutoras para cubrir servicios públicos, alquileres y gastos básicos. Pero una cosa es que un instituto pueda pagar la luz y otra muy distinta que los grupos tengan recursos para investigar. En el sistema científico, hoy hay dos problemas centrales: se perdió alrededor del 40% del salario o de los estipendios de las becas y casi no hay financiamiento para proyectos de investigación.
–El deterioro no es igual en todos los organismos. ¿Qué está pasando con CNEA, CONAE, INTA e INTI?
–Aliaga: Hay varios organismos específicos de Ciencia y Tecnología y a cada uno le pasaron cosas comunes y particulares. Lo común es que todos perdieron aproximadamente un 40% del salario. Después, el impacto presupuestario depende de cuánto pesan los salarios dentro de cada organismo. En la CONAE, por ejemplo, durante 2024 y 2025 el presupuesto se redujo muchísimo, pero este año, con una modificación presupuestaria, recibió una cantidad importante de dinero para financiar el próximo lanzamiento de un satélite de observación. En la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantuvo, con dificultades, el RA-10, el reactor que se está terminando en Ezeiza, mientras que el proyecto CAREM y muchos otros programas quedaron desfinanciados. En el INTA hubo este año un gasto adicional por los retiros voluntarios, pero muchos programas de extensión quedaron prácticamente anulados. Y en el INTI se cerraron actividades vinculadas con metrología, con las mediciones y los estándares que permiten garantizar que un kilo sea efectivamente un kilo o que un metro sea un metro. Ahí ya no estamos hablando solamente de pérdida salarial o de una reducción contable del presupuesto porque son programas y actividades que dejaron de hacerse.
–La Ley de Financiamiento de la Ciencia establecía para 2027 una inversión del 0,59% del PBI, mientras que el proyecto está muy lejos de ese nivel. ¿Qué pasó con esa ley?
–Aliaga: Hay una aclaración importante. En el Presupuesto 2026 se eliminaron de la Ley de Financiamiento de la Ciencia todos los artículos vinculados al financiamiento. Es decir, ese 0,59% era lo que establecía originalmente la ley para 2027, pero esa obligación no está vigente. En 2024 y 2025 podía decirse que la ley no se cumplía y el Gobierno respondía que el presupuesto estaba prorrogado. En 2026, cuando finalmente hubo presupuesto, directamente se eliminaron esos artículos. Hubo otro cambio importante: desde hace años, un artículo presupuestario establece que las vacantes de los organismos públicos no pueden cubrirse sin autorización especial de Jefatura de Gabinete. Hasta 2026 había una cláusula que exceptuaba a distintos organismos, entre ellos los de Ciencia y Tecnología. Esa excepción desapareció. Entonces, si el CONICET quiere incorporar a las 400 personas que están autorizadas para ingresar este año, no alcanza con tener presupuesto y cargos disponibles, además necesita autorización de Jefatura para ocupar esas vacantes. Es una herramienta adicional que le da al Ejecutivo más capacidad para controlar o restringir los ingresos.
–Si mañana aparecieran los recursos, ¿el daño ocasionado puede revertirse rápidamente o ya hay capacidades científicas que se perdieron?
–Aliaga: Irreversible es la muerte; a partir de ahí, todo es reversible con cierto costo. Argentina atravesó otras crisis muy fuertes: la Noche de los Bastones Largos, la dictadura, las intervenciones en las universidades entre 1974 y 1976, la hiperinflación de 1989, la crisis de 2001. Todas produjeron éxodos y pérdida de recursos humanos. La experiencia muestra que el impacto es mayor cuanto más profunda es la crisis, pero también cuanto más se prolonga. Durante el gobierno de Macri hubo un ajuste, pero duró relativamente poco y por eso su impacto fue más acotado. Hubo personas que se fueron y recursos que se perdieron, pero no fue comparable con el 2001. Este ajuste tiene un efecto importante porque a quienes tienen los salarios más bajos (becarios y categorías iniciales) les cuesta llegar a fin de mes y, además, los grupos no tienen dinero para trabajar. Si esto se prolonga, primero se pierde a los más jóvenes, que son quienes todavía no tienen un lugar estable. El daño realmente grave aparece cuando se empieza a perder a los maestros y a los formadores, porque el sistema se queda sin quienes formen a las generaciones siguientes. Eso todavía no ocurrió de manera generalizada. Si la situación se revierte, va a haber mucho por reconstruir, pero creo que todavía se puede superar.
–¿Alcanza con volver a poner recursos o eso convive con otras discusiones en paralelo?
–Aliaga: Hay una discusión estructural. Si se quieren recuperar salarios, salud, educación o inversión pública, no alcanza con aumentar el gasto: hay que discutir de dónde salen los recursos. Si simplemente se emite dinero para financiarlo, eso genera inflación. Si se quiere aumentar el financiamiento de ciertos sectores, aunque sea de manera gradual, hay que recaudar. Y eso ocurre en un contexto en el que se aprobaron medidas como el RIGI y distintas exenciones impositivas que después no son triviales de revertir legalmente. Entonces, aun si mañana hubiera voluntad política de recomponer Ciencia y Tecnología, habría que discutir cómo se financia esa recomposición. Hay decisiones que generan restricciones más estructurales y no se resuelven simplemente cambiando una partida presupuestaria de un año para otro.
–Las universidades muestran una trayectoria diferente aunque tampoco recuperan lo perdido desde 2023. ¿Cómo se relaciona el ajuste universitario con el científico?
–Aliaga: Las universidades tienen un financiamiento directo que en este presupuesto aparece en el artículo 12, con una planilla anexa que distribuye recursos entre las universidades, y además existen programas administrados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Para toda esa planilla, el Presupuesto 2027 contempla algo más de 7 billones de pesos, mientras que el CIN había pedido 11 billones. Pero eso nunca fue todo lo que reciben directa o indirectamente las universidades. Las becas estudiantiles, por ejemplo, están en otras partidas. Hasta 2023 también había programas de distintos ministerios que financiaban obras en universidades, construcción de laboratorios e institutos. Eso desapareció con la paralización de la obra de infraestructura. Las becas Progresar quedaron muy desfinanciadas y las Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas, también perdieron muchísimo valor. Además, el CIN pidió recomponer el financiamiento de Ciencia y Tecnología, recuperando la lógica que tenía la ley de financiamiento científico, y eso tampoco aparece en el Presupuesto 2027. Universidad y ciencia no pueden analizarse como dos mundos separados porque alrededor del 80% de los investigadores del CONICET trabajan en universidades.
–¿Y qué efecto tiene hoy esa relación entre universidad y CONICET?
–Aliaga: Con la recuperación parcial de los salarios universitarios y la falta de una recuperación equivalente de los salarios de los investigadores del CONICET se generó un desfasaje que complica aún más la situación. Si no se mantiene cierta equivalencia entre los salarios de investigadores y universitarios, se genera un problema dentro de instituciones donde trabajan juntos. Y si además la Agencia no tiene financiamiento, eso afecta directamente a las universidades, porque no están en condiciones de reemplazar los recursos que antes aportaba la Agencia para proyectos de investigación. Por eso el CIN empezó a tener una mirada más general. Históricamente estaba muy concentrado en la planilla de transferencias directas a las universidades, pero ahora hay rectores que entienden que el financiamiento universitario también depende de lo que pase con CONICET, con la Agencia y con el sistema científico en su conjunto.
–¿Qué queda pendiente en el reclamo universitario?
–Aliaga: Varias cosas. Por un lado está el reclamo salarial de los gremios, porque todavía no se recuperó todo lo perdido, aunque en el CONICET la pérdida es bastante mayor. Después está la falta de recomposición suficiente de los gastos de funcionamiento, que subieron algo pero no en los términos que establece la ley, y lo mismo ocurre con las becas. Si se hubiera respetado lo que pidió el CIN, prácticamente se habría cubierto lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario. Y acá hay una diferencia importante respecto de Ciencia y Tecnología: la Ley de Financiamiento Universitario sí está vigente. El Gobierno la vetó, el Congreso insistió y la repuso, pero no se está cumpliendo. Por eso el conflicto ya no es solamente presupuestario o salarial, sino que también hay un reclamo para que se haga efectiva una ley vigente. De hecho, la marcha prevista para octubre tiene como destino los tribunales porque se reclama que la Justicia obligue a cumplirla.
