La alta morosidad de los créditos y las deudas impagables es una de las consecuencias más graves de la política económica del Gobierno. Sin embargo, Javier Milei y Luis Caputo responsabilizan a quienes tomaron esos créditos y sostienen que el Estado no debe intervenir para aliviar la situación. El discurso libertario afirma que nadie obligó a las familias a endeudarse. Pero omite que las decisiones oficiales sobre tasas, salarios, tarifas, empleo, importaciones y regulación financiera contribuyeron decisivamente a deteriorar la capacidad de pago de los hogares.
Una de las consecuencias de la política económica del Gobierno es la alta morosidad de los créditos y la acumulación de deudas impagables, que aprietan a distintos sectores sociales.
Contrariamente a las reacciones clásicas de la política frente a los desafíos electorales, el Gobierno y, de manera explícita, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei no sólo se desentendieron del problema, sino que responsabilizaron a los ciudadanos que tomaron esos créditos.
Según su posición, cada persona debe hacerse cargo individualmente de sus propios problemas y el Estado no tiene que hacer nada para aliviar la situación.
Es una manifestación coherente con los postulados libertarios, resumida en la frase: “Nadie les puso una pistola en la cabeza para tomar los créditos” que ahora no pueden pagar.
A diferencia de la inflación, que continúa a un ritmo estable cercano al 2 por ciento mensual, el problema más urgente es ahora la morosidad crediticia.
El Banco Central, en su última Encuesta de Condiciones Crediticias, indica que la principal causa de los atrasos es la pérdida de capacidad de pago y no el incremento o la toma de nuevas deudas.
Se hace evidente así una sensación popular: la plata alcanza cada vez menos.
La supuesta libertad para endeudarse
El Gobierno, pretendiendo ser coherente con su filosofía libertaria, argumenta que los créditos fueron tomados individualmente y en total libertad.
Sostiene que las decisiones respondieron a causas o motivos propios de cada individuo, que los salvatajes estatales son pagados por terceros no involucrados —lo que identifica con el “socialismo”— y que algunos morosos especulan con la cotización del dólar.
En resumen, para el mileísmo el Estado debe retirarse de todo juego económico y su responsabilidad social debe minimizarse al extremo.
Sin embargo, las incoherencias resultan claras. Nadie les “puso una pistola en la cabeza”, pero ocurrieron muchas otras cosas.
Las tasas, el consumo y las tarifas
Antes del proceso electoral de 2025, el Gobierno manipuló las tasas de interés, elevándolas para secar la plaza y evitar una suba del dólar.
También lo hizo de manera permanente para regular sus necesidades de refinanciamiento, afrontar el pago de bonos y controlar la inflación.
Esos cambios afectaron directamente a los deudores y constituyen una de las principales causas de la incobrabilidad crediticia.
Para simular que “todo marcha de acuerdo con el plan”, el Gobierno alentó además el consumo de bienes básicos, principalmente electrodomésticos, con el argumento de que la inflación continuaría bajando y que los “brotes verdes” estaban muy cerca.
Algunos le creyeron. Ahora pagan las consecuencias.
Los servicios domésticos —luz, gas, expensas y agua— aumentaron de manera desproporcionada y desequilibrada en relación con los ingresos.
Por eso la plata, ya sea en forma de salarios o de otras entradas, no alcanza. Como resultado, disminuye el consumo de todo lo demás: ropa, salidas y otros gastos de los hogares.
Salarios, empleo y endeudamiento forzado
El salario se deterioró frente a todas las demás variables y, en especial, frente al precio de los alimentos.
El ingreso real de los hogares cayó un 10 por ciento desde el cambio de Gobierno.
La política de libre importación, antiindustrial y contraria a las pequeñas y medianas empresas, provocó destrucción de empleo y cierre de compañías.
Más de 300 mil puestos de trabajo fueron destruidos. Una gran cantidad de familias quedó sin ingresos y no pudo afrontar las cuotas de sus créditos.
Cuando la plata no alcanza para llegar a fin de mes, utilizar la tarjeta de crédito o las aplicaciones financieras no constituye una decisión verdaderamente libre. Es un recurso extremo y muy caro.
Más de la mitad del financiamiento obtenido mediante tarjetas o aplicaciones se destina a la compra de alimentos.
El DNU 70/2023 eliminó los límites y sanciones sobre los intereses y liberó los punitorios.
Financiar consumos con tarjeta llegó a costar hasta un 500 por ciento. Esa fue una decisión estrictamente adoptada por el Gobierno de Milei. Debería hacerse cargo de sus consecuencias.
Un Gobierno que desprotege y después culpa
La proclamada heroicidad de la política mileísta para frenar la inflación —autoprovocada por la enorme devaluación inicial— choca moralmente con la decisión de responsabilizar a las familias por los atrasos o incumplimientos de sus créditos.
Esos incumplimientos son, en gran medida, consecuencia de las medidas políticas tomadas por el propio Gobierno.
El Gobierno engaña con promesas incumplidas, desprotege por decreto y después culpa a las personas por caerse.
Hoy debería bajar las tasas de las tarjetas y de todos los créditos.
Las diferencias entre las tasas pasivas y activas son descomunales. Esto corrobora, una vez más, que el sector financiero es el más protegido y favorecido por este Gobierno.
Libertad sí, pero para elegir nuevos empleos, educar a los hijos, esforzarse viendo un futuro posible, pagar créditos con tasas no usurarias y elegir un Gobierno que no engañe.
Ricardo Auer es analista de riesgo geopolítico. Integrante de Fuerza Suma FS+.