En la misma semana en que redoblaba su apuesta a un desembolso rápido y útil del Fondo, el Presidente se anotició de un pedido de juicio político en una causa popular y transversal, la cuestión Malvinas, y su cortesano Manuel-García Mansilla cosechó el rechazo de más de dos tercios de los senadores. Hay que ver si alcanza con un premio otorgado por una fundación que reivindica a las patrullas fronterizas de los Estados Unidos.
Estaba enfundado en un smoking y sonreía, sonreía, sonreía. La locutora lo presentó como el “freedom fighter Javier Milei”. Freedom fighter, luchador por la libertad, es en los Estados Unidos más una categoría militar que política. Quienes merecieron ese nombre en el pasado fueron en general extranjeros. El presidente Ronald Reagan (1981-1989) llamaba así a los contras somocistas que peleaban contra los sandinistas, por supuesto cuando el sandinismo era una causa latinoamericana y no la tragedia que representa hoy Daniel Ortega. Freedom fighters denominó Reagan también a los talibanes que se levantaron contra la invasión soviética de Afganistán. Y en un principio hasta Osama bin Laden, que en 2001 se coronaría como jefe del ataque a las Torres Gemelas, fue para Washington un luchador por la libertad.
De modo que ahí marchaba, rumbo al atril, Su Excelencia el freedom fighter, en la noche del jueves 3 de abril de 2025. El lugar de su visita número once a los Estados Unidos, el complejo de Mar a Lago de Donald Trump, es como una residencia de hecho del trumpismo. Pero además iba a recibir un premio que aquí, en la Argentina, fue ignorado. Se lo otorgó la fundación “We fund the Blue”, o sea financiamos a los azules. A los policías, que a su vez, según explica la propia organización, usan el dinero para obras de caridad.
Todo se basa en la basura. Puede ser chatarra o puede ser ropa, que a su vez la alquimia de la fundación convierte en cash. Un caso: el 6 de septiembre “We fund the Blue” le dio un cheque de mil dólares a un sheriff de la Florida. “Les damos dinero a los departamentos de policía y las oficinas del sheriff que están por debajo de su presupuesto”, explicó John Rourke, de Palm City.
Trump usa la sigla MAGA, Make America Great Again, Hagamos a América grande otra vez. La fundación inventó MACA, Make America Clean Again. Clean es limpia. Movedizos, los de Fund the Blue-MACA trabaron acuerdos con sectores evangélicos para transitar por la frontera con México y firmar acuerdos en la tierra salvadoreña de Nayib Bukele.
Rourke, el fundador de MACA se describe a sí mismo como “un verdadero patriota estadounidense”. Se autopercibe como “la luz para sus compatriotas, militares, fuerzas del orden, patrulla fronteriza y socorristas”.
Todo vale para recibir un premio en Florida, el Estado donde Trump se afincó después de sus negocios como desarrollador inmobiliario en Nueva York y de donde es el secretario de Estado Marco Rubio.
¿Todo está supeditado a cuándo y cómo sea el desembolso del Fondo Monetario Internacional, o se trata en general de uno de los presidentes más timba friendly del mundo? Aunque todavía no sale a la luz, algunos dirigentes del peronismo y economistas con experiencia se preguntan si no hay que desenterrar aquella expresión tan gráfica de “patria financiera” para describir los sectores que hegemonizan el Gobierno de Su Excelencia.
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Su Excelencia hace lo que ya es costumbre: acelera y sube la apuesta, sin mirar para los costados. El discurso del 2 de abril, en conmemoración del comienzo del conflicto en Malvinas, acaba de costarle caro. Así como hay valores y prácticas en discusión –el déficit cero, la inflación tolerable, el nivel de intervención regulatoria del Estado, la relación con el Fondo– la cuestión Malvinas sigue siendo la que recibe más opiniones favorables en los sondeos. Incluso con la tradición democrática de estos 41 años en los que el consenso es tan absoluto que puede combinar el homenaje a los caídos y a los sobrevivientes, sobre todo colimbas, con la convicción mayoritaria de que el único método de recuperación de soberanía efectiva es la vía diplomática. Guerra, cero.
En Retiro, el 2 de abril, Su Excelencia dijo: “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros, y por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.
El inminente candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, repitió lo de los pies y lo de la potencia.
El argumento tiene algunos problemitas:
*Los habitantes de Malvinas son una población originalmente implantada por el Reino Unido para consolidar la usurpación.
*Aunque la resolución sea poco conocida, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó por mayoría en 1982, el mismo años de la guerra, y de la guerra perdida por la Argentina, que ni siquiera el conflicto bélico impedía la necesidad de que las dos partes se sentaran a negociar.
*Tanto para la ONU como para la Argentina está claro desde 1965, es decir hace 60 años, que las dos partes son la Argentina y el Reino Unido y no la Argentina y los habitantes de Malvinas. De 1965 es la resolución 2065 de la ONU que insta a los dos países a negociar la disputa de soberanía.
*La Constitución de 1994 contiene dos párrafos sobre Malvinas. El primero: “La Nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”. El segundo: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
*Como se advierte, los habitantes de las islas no tienen según la Constitución un papel protagónico aunque sí hay un compromiso de respetar su modo de vida. El modo de vida no incluye, naturalmente, el referéndum que hicieron los isleños para confirmar la situación colonial de usurpación.
El discurso de Su Excelencia en Plaza San Martín, donde muchos veteranos vieron cortado el acceso al palco principal, provocó un pedido de juicio político por parte del Cecim, el Centro de Ex Combatientes de Malvinas con sede en La Plata. Acusan a Milei de haberse apartado del “deber funcional de ejecutar la Constitución y las leyes vigentes”.
Como de hecho, al hablar de los pies de los habitantes de las islas, o sea de su derecho a decidir la nacionalidad, Milei reivindicó el principio de autodeterminación que no aplica al caso Malvinas, el Cecim considera que “fue un quiebre al principio de integridad territorial”. Como además se trata de un jefe de Estado y no de un ciudadano común, sus palabras podrían ser usadas en el futuro por el Reino Unido como una expresión de la posición oficial argentina.
El abogado del Cecim que hizo la presentación por el juicio político en la Cámara de Diputados, porque allí comienza un eventual proceso al Presidente según la Constitución, Jerónimo Guerrero Iraola, recuerda que “una declaración verbal realizada en 1919 por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Nils Claus Ihlen, en la que afirmaba que su gobierno no presentaría objeciones a las pretensiones de Dinamarca sobre la soberanía total de Groenlandia, tenía efectos jurídicamente vinculantes”.
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Cualquiera dirá que no están los votos para iniciar un juicio político. Y tendrá razón. O que la situación general del Gobierno no es suficientemente crítica como para ese instrumento más típico de la usanza brasileña que de la Argentina. También tendrá razón. Pero así como sedimentan los elementos a favor, también sedimentan los elementos en contra. Como suele decir el consultor y analista Hugo Haime, “cuando la sociedad cobra sus cuentas, las cobra todas juntas”. Y el instante en que lo haga dependería, claro, del nivel de debilidad de un gobierno.
Sin embargo, al margen del hecho de que Su Excelencia se metió con una causa popular que incluye a votantes suyos. –tanto civiles como de uniforme– el escándalo de su discurso sobre Malvinas antecedió a una derrota estruendosa en el Senado. La cámara alta rechazó el pliego de Manuel García-Mansilla por 51 votos contra 20, y ninguna abstención. El rechazo fue incluso peor que el recibido por Ariel Lijo: 43 contra 27 y una abstención. La diferencia se explica por una razón elemental: al revés de Lijo, que no juró como ministro de la Corte porque una cámara no le concedió licencia como juez federal, García-Mansilla sí lo hizo después del decreto de Su Excelencia designándolo. O García-Mansilla es más odiado por los senadores que Lijo o todo se debe a que el Senado resolvió hacer daño. Hacerle daño a Su Excelencia. Y es más dañino deslegitimar a un miembro de la Corte Suprema ya en ejercicio del cargo que a otro que sólo está en el plano potencial.
El mensaje es aún más fuerte porque los 51 votos superan en siete a los dos tercios de la cámara. En otras palabras: si se tratase de un proceso de juicio político a García-Mansilla, y para ello obviamente habría que contar con la acusación aprobada en la Cámara de Diputados, la destitución habría sido un hecho.
La conclusión es que García-Mansilla, un abogado comprometido profesionalmente con la defensa de los intereses de las grandes petroleras, no es querido por la cámara que según la Constitución forma un consenso de dos tercios para aprobar a los jueces de la Corte Suprema.
Y no es que no haya antecedentes de consenso exitoso. Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia y decidió cambiar la Corte de la dictadura, en 1983, el radicalismo negoció los nombres con el peronismo. Que era, vale recordarlo, no el de la renovación de Antonio Cafiero, entonces inexistente, sino el justicialismo conducido por el conservador catamarqueño Vicente Leónidas Saadi.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que preside el excamarista del juicio a las juntas de 1985 Ricardo Gil Lavedra, hizo un “llamado a la sensatez”, porque la permanencia de García-Mansilla “daña el prestigio del propio tribunal y de la Justicia toda”.
Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, dijo que la decisión del Senado es “respetable”. Y agregó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”. Más aún: “El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a opinar sobre esto. Él va a decir ‘Bueno, yo considero que voy a continuar o no voy a continuar’. Es una decisión personal que él estará evaluando”.
Una solicitada firmada por un grupo de docentes y académicos del ámbito jurídico subrayó que el rechazo superó los dos tercios, pidió “el cese inmediato” de García-Mansilla y explica que “esta grave situación vulnera las garantías de los justiciables y compromete el valor de las decisiones de la Corte Suprema, afecta la confianza social en el tribunal y su legitmidad como máximo integrante de la Constitución”.
“No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción”, dice el texto.
Firman, entre otros abogados y abogadas, Manuel Garrido, Roberto Saba, Víctor Abramovich, Laura Clérico, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez, Daniel Rafecas, Roberto Gargarella, Damián Loreti y Daniel Sabsay.
Una lista más heterogénea no se consigue.
Su Excelencia seguramente habrá tomado en cuenta que sin la posición proactiva de Mauricio Macri no habría habido quorum en la sesión que rechazó los pliegos.
La realidad es más compleja que un viaje a Miami, con perdón de la noble gente de MACA.