No alcanza con plataformas electorales ni consignas eficaces: se necesita participación social, definición de objetivos y una estrategia productiva capaz de sacar a la Argentina de su condición de subdesarrollo. La experiencia de la Multipartidaria y del Diálogo Argentino ofrece antecedentes, pero también muestra sus límites. Un programa nacional exige articular las demandas populares, recuperar la política como herramienta de transformación y rechazar la idea de que primero deben desarrollarse los negocios para que después los beneficios lleguen al conjunto de la sociedad.
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la vida política en la Argentina, donde se destaca la crisis de calidad dirigencial, vale señalar algunas de las condiciones que se requieren para elaborar un verdadero programa de desarrollo nacional.
El lanzamiento del Documento Fundacional de Fuerza Suma+, realizado la semana pasada, pone sobre el tapete la compleja cuestión de la elaboración de un programa superador del actual retroceso económico y social, basado en un modelo extractivo que empeora la ya muy grave situación que sufre al menos la mitad de la población argentina.
Ello ocurre en momentos en que la situación política se presenta aparentemente estancada entre opciones tan irreductibles como artificiosas, fenómeno que no tiene nada de espontáneo y es objeto de cuidadosa manipulación mediática.
Pareciera que los ingenieros del caos leyeron a Gramsci para aprender las picardías de la burguesía, en las antípodas doctrinales del gran pensador sardo.
Aun cuando se instala un escepticismo cada vez mayor, el fenómeno no tiene nada de espontáneo o “natural”.
Dicha manipulación se encarna sobre realidades palpables como el retroceso de la clase media y la desesperanza de los sectores más sumergidos. Éstos siguen dependiendo de la ayuda oficial con un formato clientelista más sutil, puesto que presume de objetividad mientras crudas relaciones de fuerza establecen los alineamientos de la política como un cepo de acero.
Detrás de la apoliticidad, por ejemplo, hay un sistema de creencias determinado por el chantaje que pone a los electorados entre la espada y la pared. Y la no resolución sistemática de los problemas fundamentales de la comunidad, cuando no su agravamiento, se esconde tras operaciones de instalación de presuntas verdades que no resisten el cotejo con la bruta realidad.
En estas condiciones, plantear una salida por arriba del laberinto implica labores de gran creatividad política y amplia participación de los sectores en cuyo nombre se promueve un cambio de fondo en la gestión de los asuntos públicos, apuntando a remover las condiciones de subdesarrollo que caracterizan sustancialmente la situación argentina.
La crisis dirigencial que constituye el punto de partida del análisis propuesto al país por Fuerza Suma+ no implica que quienes tienen hoy la sartén por el mango estén dispuestos a dar un paso al costado.
Todo lo contrario. Operan de modo orgánico para mantener las contradicciones superficiales, con la consecuencia directa de no enfrentar las fundamentales, como lo son tanto el achicamiento del mercado de consumo como las opciones laborales que realmente existen, signadas por la informalidad.
En tal sentido, existen complicidades inconfesables entre quienes juegan las apariencias de oficialismo y oposición, que pactan sobre cuestiones instrumentales intentando perpetuar la actual relación de fuerzas. Desde la oposición se propicia una oportuna alternancia en el poder sin encarar nada que ponga realmente en peligro sus “comodidades” y componendas actuales.
Esa visión conservadora que caracteriza a la mayor parte de la dirigencia política es resultado de su propia gestión a lo largo de las cuatro décadas que arroja nuestra institucionalidad democrática. Si la vemos con una mirada de conjunto y aun admitiendo diferencias entre gestiones diversas, encontramos una sociedad cada vez más fragmentada y en retroceso respecto de sus propios logros anteriores y en el contexto mundial.
La responsabilidad dirigencial es inocultable. Y no hay apariencia de contradicción que logre disimularla por bien orquestada que esté, porque tarde o temprano se le ven las patas cortas a cada operación de encuadramiento de la opinión pública.
La última de ellas es la declamación de soberanía sobre las islas Malvinas, un tópico clásico de unidad nacional, que envuelve, por un lado, la trampa de subordinar su recuperación al éxito de la actual orientación política, disgregadora, y, por otro, subordinar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida a los planes y estrategias de los Estados Unidos, hoy en cortocircuito con la gestión laborista en Gran Bretaña, sometida ella misma a las presiones independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Analizar la dinámica de los acontecimientos, distinguiendo en ellos lo que realmente está en juego, es absolutamente imprescindible para diseñar aquí una estrategia nacional integradora, potente en materia productiva y capaz de impulsar una amplísima mejora social, elevando las condiciones de vida y de cultura del conjunto de la población. Esto último, aunque no lo dicen, es considerado “algo imposible” por las actuales dirigencias.
El programa hace la diferencia
Exigida por la ley electoral, la plataforma de cada agrupación que se propone competir es un requisito formal que cada vez más carece de prioridad y compromiso firme con la realidad. El colmo de ello fue hace unos años la confesión de Carlos Menem: “si decía lo que iba a hacer, no me votarían”, aunque existen sobradas pruebas de que, salvo entenderse con los poderes establecidos, no tenía la menor idea programática para su gestión. Por eso empezó con el ingeniero Roig, de Bunge y Born, a los tumbos y en hiperinflación.
Lo que sí tenía Carlos Menem, quien cambió el ADN del peronismo, era una formidable intuición para comunicar ideas claves que atraían al electorado. Eduardo Duhalde, entonces su vice, ha contado muchas veces cómo se apropió de la formidable consigna “revolución productiva” estando ambos conversando en un cuarto de hotel a la espera de un acto de campaña.
La magnitud del daño por la traición a las ideas es directamente proporcional a la eficacia de los eslóganes electorales.
Eso es lo que se trata de evitar en la elaboración del programa que tiene que sacar a la Argentina de su condición de subdesarrollo. No repetir frases presuntamente eficaces sin articulación con planes concretos generales y particulares por sector. Ello implica no sólo seriedad, que es un requisito previo y obvio, sino sobre todo una tarea política participativa de primer orden.
Alguna vez sostuvimos que el programa está implícito en las más genuinas demandas sociales. Hoy queremos perfeccionar esa afirmación diciendo que está implícito, sí, pero su formalización es una magna tarea política de relevamiento, compatibilización y afinamiento de los instrumentos concretos para generar, mediante una propuesta orgánica, un amplio despliegue de las capacidades productivas e integradoras que tiene el pueblo argentino en su territorio, sumándole nuestras calidades culturales y aptitudes transformadoras, con protagonismo popular como motor de ese salto cualitativo que podemos dar.
La experiencia del Diálogo Argentino, convocado por el gobierno de transición de Duhalde en medio de la crisis de 2001, que contó con el apoyo y participación de la Iglesia y el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue exitosa desde el punto de vista político porque estableció una suerte de convivencia entre los diversos sectores, cuyas demandas podían incluso ser contradictorias entre sí, al tener como supuesto que mediante la exposición de motivos de cada segmento se exponían las verdaderas necesidades y propuestas válidas para resolverlas.
Pero no fue más allá porque no se propuso, justamente, armonizar todas esas aspiraciones de un modo coherente y en el marco de una fuerte dinámica integradora de la sociedad y la economía.
Otra experiencia, esta vez anterior, fue la Multipartidaria creada en 1981, cuando era evidente que la dictadura militar estaba agotada en su propio sino retrógrado, combinando la represión ilegal con la política ajustadora clásica, desalentando toda expansión y agravando la condición social de enormes sectores castigados por la desocupación y los bajos salarios.
La Multipartidaria fue una respuesta sensata de la dirigencia argentina, quizás la última que se recuerde. Un acto de civilización política en un contexto crítico que obligaba a sumar los esfuerzos de todos los protagonistas.
Cinco partidos que se suponía expresaban la inmensa mayoría del electorado, peronismo, radicalismo, desarrollismo, democracia cristiana e intransigentes, se reunieron para reclamar que no sólo cesara el gobierno de facto, sino que se implementara de inmediato un programa de emergencia que iniciara los cambios productivos que pondrían en marcha el país, hasta entonces sometido a la parálisis y la represión.
Y, lo más extraordinario, exigían que dichos cambios se implementaran sin esperar a cumplir el proceso de reinstitucionalización de los partidos políticos, que debían renovar sus adhesiones y constituirse como fuerzas organizadas. O sea, un verdadero programa de emergencia.
Fue el canto del cisne del anhelo por una vida auténticamente democrática que el país atesoraba como patrimonio cultural en su memoria colectiva. Fue un gran antecedente y, al mismo tiempo, un fracaso porque la Multipartidaria no soportó la prueba de la invasión a Malvinas, plegándose la mayoría de las dirigencias a ese acto irresponsable de la cúpula de las Fuerzas Armadas que nos iba a dejar con el dolor de los muertos y alejada la posibilidad de recuperar el territorio irredento por la vía del reclamo legítimo.
De todos modos, aun con la crítica, vale la referencia a ese momento de la vida política argentina, tal vez impensable hoy, cuando junto con la pérdida de identidad y contenido de los partidos se fue imponiendo un esquema completamente ajeno a la práctica democrática.
Los candidatos empezaron a elegirse a dedo según cómo “medían”, lo que, a su vez, mediante el esponsoreo, generó una inadmisible injerencia del poder financiero sobre el funcionamiento de los mecanismos representativos.
Por su parte, las militancias, que ya venían dañadas por el clientelismo clásico, pasaron a convertirse en tareas cotizadas. Todo ello disolvió el papel que debieron cumplir los partidos al ofrecer a la ciudadanía opciones diversas para orientar y administrar la acción colectiva.
Todo se igualó hacia peor y, con ello, se desplomó la calidad de la oferta, puesto que cada vez hay más gente que gusta hablar en estos términos, pasando a ser la vida política, en gran medida, un simulacro.
Sin elaboración de propuestas políticas diversas y genuinas de abajo hacia arriba, elaboradas a partir de allí como un plan coherente, los programas mutaron de proyectos concretos de mejora comunitaria a ser meros “contenidos”, espacios para llenar en un afiche o una gacetilla.
Así, la posta pasó a manos de las oficinas de publicidad, que diseñan no sólo la estética de las campañas sino también sus contenidos, por lo general muy superficiales y acordes al sentimiento convencional frente a cada momento histórico registrado por encuestas y grupos focales.
Las más valiosas herramientas de la comunicación, por comodidad o ignorancia de los dirigentes que delegan antes que conducir, transformaron los mensajes en híbridos indiscernibles unos de otros.
Y, a pesar de ello, los electorados no perdieron del todo la brújula y en cada instancia pueden volver a equivocarse buscando siempre, y de modo absolutamente legítimo, su mejora individual y social. El problema no es la gente, sino lo que se le ofrece, lo cual es responsabilidad, ausente sin aviso, como se ve, de los dirigentes.
Las miradas más escépticas descartan que los pueblos elijan buenos gobernantes, pero eso no es necesariamente así. No abundan los casos que lo demuestran porque la búsqueda de mejora se expresa de los modos más diversos y hasta contradictorios. Dicho de otro modo, a Milei lo votó una mayoría que quería un cambio sustancial frente a lo que consideraba insoportable.
Hay que reconocer que se registra, sin embargo, la retirada de quienes, no pocos, teniendo condiciones personales e intelectuales para comprometerse con la mejora de calidad en la vida política, prefieren o eligen actividades más redituables y, quizás, menos abrumadoras. Esa responsabilidad de todos modos existe, aunque por ahora nadie la reclame abiertamente.
Pensemos el caso de los técnicos y expertos. Muchos de ellos aportan su sabiduría, pero no arriesgan un compromiso público definido. Están disponibles para que la patria los convoque, llegado el caso, eso sí, en el momento de ocupar los cargos más relevantes.
Napoleón decía que la guerra es un asunto demasiado serio como para dejarlo enteramente en manos de los militares. Una paráfrasis equivalente nos permitiría decir que la política es tan esencial para la vida comunitaria que no puede ser dejada en manos de quienes especulan con su aporte, sean “técnicos”, “expertos” o militantes de a pie.
Todo esto viene a cuento de la necesaria elaboración del programa que debe sacar al país de su retroceso, dando por descartado que esto no está presente en el rediseño en curso, que disuelve las capacidades locales y subsidia la injerencia extranjera.
El verdadero programa nacional surge del empeño por sacar al país de su frustración sistemática, evaluando el aporte de cada parte y su potenciación dentro del conjunto. Es una gran tarea política en el sentido más cabal del término.
Para el diseño de medidas concretas, una vez definidos los objetivos y los grandes cursos de acción prioritarios, sí es necesario contar con especialistas que adecúen lo que se busca como mandato popular en medidas concretas. Pero nunca al revés. De esto hemos tenido en abundancia y el resultado han sido gestiones oficiales indiscernibles de los lobbies que representan intereses particulares, desentendidos del bien común.
Como ejemplo, bancadas de orientación presuntamente popular votando leyes para reducir el aporte de biodiésel en el combustible para automotores, representando el interés de las petroleras. Sobran los casos similares.
De lo que se trata, fundamentalmente, es de diseñar una política fuertemente expansiva de la economía argentina, potenciada por sus capacidades tecnológicas y amplia dotación de recursos humanos y naturales como para dar en pocos años un salto cualitativo, alcanzando el nivel de país desarrollado.
Es perfectamente posible, pero para ello tiene que estar en el timón del Estado un equipo juramentado en su vocación por trabajar por el bien común, absolutamente permeable a las demandas sociales genuinas y promoviendo sistemáticamente la participación de todos los sectores en la gesta nacional que implica dar ese paso trascendental.
Esa participación orgánica y continua de la sociedad es, a su vez, lo que garantiza la utilidad social de una política de desarrollo y constituye el más eficaz control de desvíos o demoras burocráticas, alteraciones, santas o no tanto, sobre las que se ceban intereses espurios.
La falacia del derrame
Está fuertemente instalada la idea simplista de que primero hay que invertir y expandirse para luego atender las demandas sociales, en particular respecto de la mejora sistemática de los salarios. Esto es otro verso para consumo de creyentes.
Se apoya en cierta lógica propia del sector privado, aunque mirándolo bien tampoco, en el que una empresa puede pagar mejores salarios en la medida en que aumenta su producción y, sobre todo, su productividad.
En general, todo aumento de productividad, además de la inversión, supone aplicación de esfuerzo e inteligencia para lograrlo, lo cual es obviamente una tarea del empleado u obrero que protagoniza esa mejora y sólo alguien confundido vocacionalmente puede creerse otra cosa.
Para una política de desarrollo potente como la que necesita la Argentina, la mejora social desde el primer momento es sustancial para el éxito del plan.
Lo es no sólo por razones de justicia, sino por la necesidad de reparar los enormes retrasos que tenemos en salud, vivienda y educación, que dañan severamente al cuerpo de la comunidad argentina.
Esa demanda insatisfecha es un gigantesco motor multiplicador para la inversión productiva, en particular cuando se trata de producción para el mercado interno, al desenvolver cadenas de valor que se contagian del impulso principal y, a su vez, multiplican sus estímulos e intercambios al resto de la actividad instalada, promoviendo su ampliación y la aparición de nuevos rubros de creación de bienes y servicios.
Y existe, además, una razón política que deja de lado todas las ingenuidades con que se pretende mantener a raya el aumento de la demanda interna. Ningún gremio nació para amparar y sostener los intereses de la patronal, sino justamente lo contrario. Existen para ir obteniendo las mejoras salariales y en las condiciones de labor que todo proceso expansivo permite y además reclama.
La participación del movimiento de los trabajadores es, de este modo, esencial para el despegue de la producción y el consumo en la Argentina. No van a hacer caridad con lo que no tienen y no van a dejar de luchar tampoco por lo que les corresponde.
Toda la cháchara en torno del derrame, primero desenvolvemos los negocios y luego ya vendrán naturalmente las compensaciones para quienes hacen el esfuerzo productivo, carece de asidero en el marco de una verdadera política de avance económico y social.
Sólo funciona a medias, en una situación que algunos consideran un ideal, cuando existe atomización de la mano de obra para que el “precio” del salario se negocie “libremente” entre el trabajador y el empleador.
Por eso, aunque pese a su perversidad no deja de apoyarse en cierto candoroso idealismo, hay quienes consideran que el aumento de la informalidad y la baja del empleo registrado son indicadores de modernidad.
Ello sin hilar más fino sobre la proliferación de oportunidades para freelancers, trabajadores por cuenta propia para diversos comitentes, en el mundo contemporáneo, sobre lo cual hay también bastante literatura motivacional.
Nuestros bien dotados informáticos que consiguen contratos con el exterior los obtienen, en general, porque sus honorarios son inferiores a los que cobran sus colegas por iguales tareas en los países desarrollados. Todos ellos amenazados ahora por el avance de aplicaciones de inteligencia artificial.
Realismo, por favor.
