Una mirada a fondo sobre el nuevo régimen de inversiones que entrará en vigencia si el Senado aprueba la Ley Bases. Des-desarrollarse es un proceso que lleva tiempo, pero si persiste este empobrecimiento no puede descartarse que los recursos de las familias para financiar la educación de sus integrantes se reduzcan, ni que desaparezcan fábricas.
La votación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Bases que impulsó el oficialismo exhibe el grado de confusión de la dirigencia política argentina, necesariamente muy profundo. De otra forma no sería posible que, luego de dos experiencias de gobierno que horadaron la situación económica y social en la que se encontraba la Argentina, la mayor parte del conjunto opte por habilitar a la administración actual para prolongar esa degradación, mientras quienes son plenamente opositores carecen, hasta el momento, de la capacidad de organizar una expresión mancomunada con el alcance necesario para doblegar a los sectores reaccionarios.
Lo sucedido con la reforma laboral incluida en la Ley es un buen ejemplo de la concepción sobre la economía que orienta esta conducta disfuncional. En su forma original, tenía el propósito de precarizar completamente la condición de los trabajadores y desarticular la organización gremial. Como se encontró un límite político infranqueable para llegar tan lejos, se reemplazó esta expresión de deseos con una pretensión menos ambiciosa, pero aceptable: se extiende el período de prueba bajo el cual se puede mantener a un trabajador y se habilita el reemplazo del sistema de indemnizaciones por uno de contribución al fondo de cese laboral.
La efectividad práctica que esto alcance se corroborará en el futuro, pero no está de más remarcar que la bancada radical que conduce Rodrigo De Loredo, quien aseguró que su bloque acompañaría el proyecto luego de criticar “el ajuste cruel” desenvuelto por el Poder Ejecutivo, fue el impulsor de una reforma más dura.
Este comportamiento tan singular del cuerpo dirigencial tiene un reflejo en la postura ante el régimen de incentivo para grandes inversiones, más conocido como RIGI, por sus siglas. Se suponía que iba a ser uno de los aspectos más controvertidos del debate, pero finalmente se lo aprobó sin obstáculos sustanciales. ¿De qué se trata este RIGI? ¿Qué incidencia podría tener sobre la economía argentina?
Características del RIGI
En una edición anterior de ¿Y ahora qué? se trató la cuestión del RIGI y su uso potencial por parte del gobierno, que se sugiere revisar. En lo que sigue, resumiremos las características del texto aprobado y pondremos en discusión si cumple con la finalidad que pregona.
El texto establece entre los objetivos prioritarios del RIGI “incentivar las ‘Grandes Inversiones’ nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo”, y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.
Al RIGI pueden adherirse sociedades anónimas y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, que reciben la clasificación de vehículos de proyecto únicos (VPU). El monto mínimo para inscribir un proyecto es de doscientos millones de dólares en concepto de adquisición de activos para el mismo.
En función de ciertos datos económicos, que incluyen estimaciones del monto de la inversión a realizarse durante los dos primeros años, los rubros a los que se destina la inversión, su modo de financiamiento, las estimaciones de empleo y producción, y del flujo de divisas y el balance comercial proyectados, la Autoridad de Aplicación define si el VPU está autorizado a gozar de los incentivos fiscales y cambiarios, que son los siguientes:
- Las utilidades generadas por el proyecto están sujetas a una alícuota de Impuesto a las Ganancias del 25%.
- Los cobros de exportaciones de productos que surjan del proyecto quedan exceptuados de la obligación de liquidación en el mercado cambiario en un 20% al transcurrir un año de la fecha de adhesión al RIGI, que se amplía al 40% en dos años y al 100% en diez. Las divisas exceptuadas de ingreso serán de libre disponibilidad para los VPU.
- Existe una clasificación especial para proyectos que amplíen la participación de la Argentina como proveedor en mercados internacionales en los cuales tenga una incidencia minoritaria y superen los mil millones de dólares de desembolso, que es la de Exportación Estratégica de Largo Plazo. En estos casos la excepción para la liquidación de divisas por el 20% del valor del monto exportado estaría vigente desde la fecha de adhesión al RIGI, y el plazo para el 40% y el 100% se reducirían a uno y dos años, respectivamente.
- No existe ninguna restricción sobre la disponibilidad de los productos resultantes del proyecto, ni obligación de comercialización en el mercado local.
El diseño es notable. No define el alcance de las ramas o el tipo de proyectos que se intenta promover. En cambio, se deja a cargo de los interesados presentar las características del proyecto, que, en el caso de aprobarse, no tiene ningún vínculo necesario con el mercado interno. Ni siquiera es obligatorio que se liquiden divisas provenientes de la exportación.
Lo anterior denota un desinterés completo por integrar la estructura productiva. La desinhibición de la exportación indica que, si se desarrolla la producción de un insumo básico para la industria, éste iría a parar al mercado global, y para la provisión nacional se provocaría una tensión en el precio, fomentando el encarecimiento local si el precio de venta externo resulta más alto de lo que resultaría conveniente fijar en el mercado interno.
Por otro lado, el que no sea necesaria la liquidación de divisas es perverso, porque redunda en que el Banco Central no podría acceder a las divisas que generen los proyectos de exportación grandes que se desarrollen bajo este régimen, incitando en el mediano plazo a la dificultad para acumular reservas.
Dudas sobre las inversiones
Si los defectos del RIGI dan lugar a dudas sobre los beneficios de la realización de inversiones en estas condiciones, su finalidad habilita dos preguntas: ¿Las inversiones que se realizarían bajo este régimen no podrían realizarse en otras condiciones? ¿Son las inversiones que desbloquearían el camino para el desarrollo económico argentino?
Aun aceptando lo primero, se podría poner en entredicho lo segundo. Pero ni siquiera eso puede darse por sentado. La naturaleza de este régimen no es la de un aliento o direccionamiento de ciertas inversiones, sino la de facilitar condiciones que incrementarían la rentabilidad de los proyectos y no restringen la utilización de los ingresos generados.
En vista de que se trataría de grandes proyectos de exportación (que son los que se favorece especialmente), lo único que es plausible esperar es que las inversiones que favorezca este régimen sean las de materias primas necesarias para la economía internacional. Se trata de proyectos que de por sí tienden a ser rentables, lo que vuelve innecesario incitarlos, puesto que los minerales o combustibles que se puedan extraer no se consiguen en cualquier suelo. En todo caso, si es necesario algún tipo de aliento para volver viable una inversión de estas características, amerita un análisis caso por caso, más que un régimen general pernicioso para Argentina.
Y por esta razón, tampoco se puede anticipar lo segundo. Al no determinar prioridades, y con una política macroeconómica que tiende a desalentar la inversión por sus efectos contractivos sobre la demanda, las inversiones que pueden resultar atractivas son las que igual se hubiesen hecho, con vistas a productos que serán consumidos por el resto del mundo, mientras la población argentina sigue siendo igual de pobre.
La posibilidad del desarrollo
El aspecto central sobre la superación del subdesarrollo no solamente es ignorado por la reglamentación en cuestión, sino que es difícil que lo conciba este gobierno. La estabilidad del sistema capitalista reproduce la relación desarrollo-subdesarrollo, por lo que, espontáneamente, la estructura productiva argentina se desenvuelve con las características de su subdesarrollo.
De ahí que, al no haber un direccionamiento específico, los capitales se orientarán a los negocios existentes, y no a las ramas de la producción que representan un cuello de botella para el desarrollo nacional. En el estado actual de cosas, el país importa bienes que no produce, y de no mediar una intervención por parte del gobierno que castigue a la importación y fomente la producción nacional, no hay por qué esperar un cambio, puesto que la sustitución de importaciones representa un costo para las empresas que ya fabrican los bienes en otra localización.
Cuáles son las ramas que bloquean el desarrollo es algo que puede inferirse revisando los ingresos y los egresos de divisas. Entre el período de alta actividad de la economía argentina como es el que comprenden los años 2012-2015, hasta 2022, que fue el último año de crecimiento, se observa que las actividades netamente aportantes de divisas son las relacionadas al agro (principalmente la exportación de oleaginosas) y la minería. Estas ramas financian las importaciones de la industria de base, de un grado débil de desarrollo en Argentina, que se componen de bienes de capital, de la industria petroquímica, la energía y la industria automotriz.
El efecto de la debilidad de esas ramas de producción puede observarse en otros datos. De acuerdo al Banco Mundial, para 2014, el consumo de electricidad por persona en el mundo fue de 3.105 kilowatts, y de 8.931 kws en los países desarrollados. En Argentina fue solamente de 3.075 kws. Se trata de los últimos guarismos disponibles para consulta, algo desactualizados, pero útiles para una revisión plausible, en vista de que la economía argentina no modificó mucho su volumen.
Otro dato interesante es el de la producción de automóviles y el uso del acero. Con una muestra determinada de países desarrollados, o subdesarrollados pero que son grandes productores a nivel mundial (China y Brasil, el primero el productor más grande de ambos bienes), puede observarse que tanto la producción en Argentina como el consumo aparente de acero por habitante (es como se llama al consumo de acero en productos terminados) es, para el año 2022, tendencialmente inferior.
Por su grado intermedio de desarrollo, Argentina participa en esos mercados. De hecho, su subsistencia en ellos es una herencia del proceso de desarrollo apoyado en la sustitución de importaciones que se abortó a partir de 1976. En la medida en la que no se retomen este tipo de políticas económicas, se puede conservar la estructura industrial residual, pero siempre en un nivel insuficiente para sostener el crecimiento económico en el largo plazo.
Para tomar dimensión de la gravedad del problema al que nos referimos, destaquemos que desde 2015 la Argentina experimenta un retroceso en su PBI per Cápita, cuando tanto los países desarrollados como los subdesarrollados pasaron por la tendencia contraria. Incluso otros países de la región, como Brasil luego del gobierno de Jair Bolsonaro, y el desigual y volátil Chile, mantuvieron su crecimiento. Producto de esta trayectoria es que, entre 2015 y 2022 el PBI per cápita de la Argentina pasó de mantener una proporción de 0,49 en comparación con los países desarrollados a una del 0,42. En comparación con los países subdesarrollados, esta proporción pasó a ser de 2,36 a 1,86.
El PBI per cápita mide la cantidad de bienes y servicios por habitante que se producen en un país en promedio durante un año. Es un indicador de desarrollo que recibe objeciones por los datos que omite, pero insuficientes para descartarlo. Y es por esa razón que sus detractores todavía no inventaron nada mejor.
El PBI total de una economía, y por ende el PBI per cápita, pueden fluctuar en períodos cortos, pero la Argentina ya mantiene esta evolución desde hace ocho años. Es por eso que se puede decir que tiene un mayor subdesarrollo relativo, porque en el mejor de los casos se estanca cuando los otros países avanzan.
Constatar un mayor subdesarrollo absoluto es más complejo, porque requeriría que las fuerzas productivas se “des-desarrollen”. Es decir, que la población pierda aptitudes profesionales y que se destruyan o muden activos productivos y no se reemplacen. Es un proceso que lleva tiempo, pero si persiste este empobrecimiento, no puede descartarse que los recursos de las familias para financiar la educación de sus integrantes se reduzcan, ni que desaparezcan fábricas.
Argentina no tiene una dificultad estructural para desarrollarse. Los dos aspectos más críticos que inhiben el desarrollo son la producción de energía y alimentos. De los segundos, el historiador belga Paul Bairoch resaltaba en el clásico libro Revolución Industrial y Subdesarrollo que su importación generalizada por parte de los países subdesarrollados, hecha posible por el abaratamiento de los costos de transporte, es uno de los motivos que vuelve improbable la transformación productiva de la periferia. Sin embargo, Argentina puede autoabastecerse de estos, y con las políticas adecuadas puede desarrollar su provisión de energía.
Durante la década de 1960, por efecto de los esfuerzos especialmente dirigidos a esta finalidad, la Argentina logró desarrollar su industria de base, obteniendo una expansión acentuada en la producción de productos químicos, la maquinaria, los bienes eléctricos, automóviles, energía eléctrica y la extracción de petróleo. Exactamente todo aquello de lo que hoy carece. El resultado fue que hasta 1976 el PBI creció a tasas elevadas persistentemente a pesar de la interferencia de los gobiernos militares, que operaban en sentido contrario.
Tanto su avance como su retroceso se debieron a decisiones políticas. Con una comprensión adecuada del problema, es posible volver a impulsar el desarrollo en la actualidad, como fue posible mejorar las condiciones de vida de la población con la estructura existente entre 2003 y 2015. Pero si quienes tienen a cargo del destino de la nación insisten en permitir que se promulguen leyes que perjudican a los trabajadores y un régimen de inversión empobrecedor, seguiremos precipitándonos a la crisis que el gobierno provoca y la oposición acompaña.