Si la inversión depende del consumo, el ajuste sobre los salarios y el gasto público conduce al estancamiento. Estimular la inversión mientras cae la demanda resulta contradictorio: reanimar la acumulación sin aumentar los salarios es imposible.
El debate publicado sobre la marcha del país registra que el consumo se fue a los caños. Como la inversión es una función creciente del consumo, y con poca inversión hay poco o nada de crecimiento del producto bruto, el prospecto es social y económicamente fulerón. Malas noticias para los que se ilusionaban con el Papá Noel libertario, mientras el resto degusta el garrón.
Al ritmo de la música de fondo de cualquier fiesta desanimada, bailan las ideas que se manifiestan, supuestamente, para remediar la falta de pan hoy y el hambre de mañana. Están los que sienten algo de culpa por lo que protagonizaron en el reciente pasado efímero y se lamentan de quizás haberse excedido en la emisión de dinero. Se ve que no aprendieron ni olvidaron nada, desde el momento en que es un mito del monetarismo más ramplón (verdad, no hay de otro tipo) afirmar que el gobierno, cualquier gobierno, si lo desea puede controlar la cantidad de dinero. No puede, puesto que la masa de dinero se acomoda al alza de los precios, que son empujados para arriba por los costos, siempre antes de que los billetes se enteren.
No faltan los que, para reafirmar su honda preocupación por la mala hora, atan cabos y concluyen que hace falta darles ventajas impositivas y crediticias al capital productivo, además de una administración del comercio sensata. Buscan que, sin que se abra la economía como en estos días que corren de librecambio argentino a ultranza en un mundo globalmente proteccionista, se posibilite la gestión razonable del comercio exterior. Esta postura, en la jerga de los economistas, se denomina “ofertista”, en razón de que oferta es un sinónimo, poco frecuentado por los argentinos, de producción.
Las aventuras del Señor Tijeras
Esta variante de los que se niegan a olvidar y aprender nada se empeña en remediar los dos componentes de la “estanflación”. Las increíbles aventuras del Señor Tijeras van desde intentar reducir la “inflación” (siempre presumida de ser de demanda) comprimiendo la parte consumible del ingreso hasta, en paralelo, estimular la inversión a través de medios de incitación directos y casuales, a fin de revertir la malaria heredada.
Los anima la más irreductible lógica cartesiana. Menos consumen los argentinos, más ahorran e invierten los argentinos. Inversión y consumo son las dos utilizaciones concurrentes de un agregado dado: el producto social. El problema es que el sistema no se comporta de forma cartesiana. Cotidianamente tiene que sortear la contradicción fundamental entre el poder y el querer invertir.
Si la inversión varía efectivamente en razón inversa del consumo final, la inversión es coextensiva con el consumo final. Bajo estas condiciones, intentar estimular la inversión, o simplemente mantenerla a igual ritmo, en el mismo momento en que el consumo final declina o simplemente se estanca resulta ser una utopía. Reanimar la acumulación sin aumentar los salarios es imposible. Únicamente una política económica que genere poder de compra a través del gasto público y recomponga el poder de compra de los salarios puede tener éxito en dejar atrás la malaria. El recurso del crédito es lo que impide el bloqueo, sin que la tasa de interés tenga alguna incidencia en la inversión, como normalmente se cree. Para salir del bajón libertario, así es como se debe elevar la inversión en maquinaria y equipos correspondientes a un desarrollo de las fuerzas productivas.
Instituciones y ganancias
El “ofertismo”, en general, entiende que si no se invierte es porque no hay suficiente rentabilidad. Pero no tiene una teoría de la ganancia. Los neoclásicos consideran todo excedente de la empresa como un salario del empresario. Esta aproximación genera dificultades e inquietudes. Al respecto, Arghiri Emmanuel enfatiza que “más allá de ciertas dimensiones de las empresas, el excedente considerado es de un tipo de magnitud absolutamente incompatible con toda idea de remuneración de un trabajo, por hábil y enérgico que pudiera resultar”. Y agrega que “la ganancia empresarial es uno de los escándalos de la economía política”.
En la grisura del horizonte argentino, entre los que diagnostican los males nacionales a partir de esas “imperfecciones”, se destacan aquellos que creen que el problema es la desconfianza que se produce a raíz de que, si bien ganancias hay (y suficientes), no hay seguridad de poder embolsarlas, pues la amenaza populista está presta a manotear lo que no le corresponde. Así se frena la acumulación. Para destrabarla hacen falta “instituciones” que posibiliten que la ganancia vaya a los bolsillos de los que legítimamente la generaron.
Esta postura adiciona que ni el equilibrio fiscal, al que consideran necesario pero no suficiente, ni los recursos naturales por sí solos garantizan el crecimiento. Subraya que las instituciones para el desarrollo son lo que distingue a los países periféricos y pobres de las naciones centrales y prósperas. En esta óptica, fueron las instituciones adecuadas las que hicieron posible el crecimiento económico exponencial de los últimos dos siglos.
El tango del subdesarrollo
El economista y premio Nobel Robert Solow prescribe desde el razonamiento neoclásico que aumentar el capital con respecto al trabajo no constituye indefinidamente un medio efectivo para incrementar la productividad laboral. La única forma de ampliar sostenidamente la producción para una cantidad dada de trabajadores sería mediante un cambio tecnológico que economice paulatinamente el factor fijo. Solow enfatiza que “la tasa de crecimiento permanente de la producción por unidad de insumo de mano de obra es independiente de la tasa de ahorro (inversión) y depende por entero de la tasa de progreso tecnológico en el sentido más amplio”.
De manera que el bloqueo de la periferia, y de nuestro país inscripto en esa zona de la asimétrica geografía mundial, queda reducido a un problema “político”: instituciones que inhiben la expansión del progreso tecnológico. Los que levantan la bandera de la falla institucional en la Argentina no esquivan señalar los males que vienen acarreando las consecuencias del gobierno libertario. Pero, al mismo tiempo, al refugiarse en esta singular visión “ofertista”, objetivamente se desentienden de cómo revertir el marasmo.
Estos análisis limitan a factores históricos internos la determinación de la brecha que nos separa de los países desarrollados. Las asimétricas reglas de juego de las relaciones internacionales, en las que se generó y mantiene el desarrollo desigual, son tratadas como si no existieran. En esto, lo de las instituciones no es muy original. Recrea lo que hace seis décadas Kenneth Boulding categorizó como historia cultural diferencial.
La idea básica es que, en el fondo, el atraso se debe a una propensión congénitamente desigual al ahorro y a la acumulación. Los pueblos pobres, como los argentinos, lo serían porque sus antepasados consumieron más de lo que debían. Ello fue posible porque los populistas violaron las instituciones y repartieron ingresos provenientes de legítimas ganancias empresariales, con las nefastas consecuencias conocidas. Cuando es la pobreza la que reproduce la pobreza, el planteo de la historia cultural diferencial es el último absurdo y desprende un fuerte tufo racista, aunque no necesariamente lo emane en todos los casos.
Acemoglu, Robinson y el factor externo
Lo cierto es que los seres humanos que hoy viven en la parte desarrollada del mundo no se conforman con heredar y disfrutar la riqueza supuestamente atesorada por sus previsores antepasados. Desean seguir enriqueciéndose, para lo cual extraen del producto global de la actualidad diez o veinte veces más que sus pares de la periferia. Ambos grupos no pueden poner en el crisol de la producción mundial corriente más que el mismo insumo: una determinada cantidad de horas de sus tiempos. ¿Poner ambos lo mismo y llevarse unos diez o veinte veces más que los otros? Una concepción semejante del pecado original resulta cuestionable en el plano ético porque constituye una justificación. La historia cultural diferencial encubre que unos no habrían podido enriquecerse y seguir haciéndolo y otros empobrecer y seguir pobres sin el concurso del factor externo: el orden internacional existente y la transferencia unilateral de riqueza que genera.
La historia cultural diferencial reverdeció hace unos años de la mano de Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu, del MIT, y James A. Robinson, de Harvard. Los institucionalistas argentinos abrevan de ahí. Para los autores, posicionarse en el cénit o en el nadir depende de generar instituciones “inclusivas” o “extractivas”, respectivamente. Las naciones prosperan cuando desarrollan instituciones políticas y económicas inclusivas y no cuando éstas se convierten en extractivas y concentran el poder y las oportunidades en manos de unos pocos. Las instituciones inclusivas hacen cumplir los derechos de propiedad, crean un campo de juego nivelado y fomentan las inversiones en nuevas tecnologías y las capacitaciones correspondientes.
Al contrario, las instituciones políticas extractivas concentran el poder en pocas manos y refuerzan las instituciones económicas de extracción que permiten mantenerlo. Acemoglu y Robinson alientan además que la ayuda externa a los países pobres sea otorgada sobre la base de esas categorías, para que la asistencia no vaya a las Fuerzas Armadas y sí a educación y bienestar social. Sus recomendaciones de política no pasan de ser una modesta remozada de la Alianza para el Progreso, tan bien intencionada como inefectiva.
El ensayo de Acemoglu y Robinson no deja de ser una curiosa hazaña de la tautología, pues exige que para dejar de ser pobre hay que dejar de ser pobre previamente. Lo preocupante es que una franja importante de la dirigencia argentina se ha comprado con entusiasmo este paquete.