El autor de este artículo se pregunta si la resolución que habilitó la apertura de cuentas para operar en la Bolsa a adolescentes es un progreso cuando éstos no cuentan, aún, con los conocimientos y la madurez suficiente para evaluar los riesgos de un sistema preponderantemente especulativo.
Cinco claves:
- El acceso a la Bolsa desde los 13 años expone a adolescentes a riesgos sin garantizar educación financiera.
- La Defensoría de la Niñez cuestionó la norma de la CNV por su incompatibilidad con la protección adolescente.
- La publicidad de apuestas en el fútbol aprovecha la identificación con clubes e ídolos y normaliza el juego.
- La ludopatía juvenil puede provocar endeudamiento, ansiedad, aislamiento y conflictos familiares.
- El Estado debe revisar la regulación bursátil para menores, limitar la publicidad de apuestas y fortalecer la prevención.
Mientras crece la preocupación de familias, docentes, especialistas y organizaciones sociales por la expansión de las apuestas online entre niños y adolescentes, el gobierno de Javier Milei avanza en una concepción de la libertad económica que parece ignorar los límites impuestos por la edad, la madurez y la vulnerabilidad de las personas.
Una expresión particularmente controvertida de esta orientación es la Resolución General 1023/2024 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dictada el 3 de octubre de 2024, que habilitó la apertura de cuentas para operar en el mercado de capitales a adolescentes desde los trece años, bajo determinadas condiciones de representación y autorización. La medida fue presentada como una iniciativa de inclusión y educación financiera, pero detrás de esa justificación se esconde una pregunta fundamental: ¿puede considerarse un progreso incorporar adolescentes al mercado bursátil cuando todavía no cuentan necesariamente con los conocimientos y la madurez suficientes para evaluar sus riesgos?
No se trata de condenar el ahorro ni la inversión. Se trata de cuestionar una política que, bajo la bandera de la libertad económica, corre el riesgo de subordinar la protección de la adolescencia a las necesidades de expansión del mercado.
De la educación financiera a la especulación
Existe una diferencia sustancial entre enseñar a un adolescente a administrar sus ahorros y facilitar su participación en operaciones financieras sujetas a las fluctuaciones del mercado. La adolescencia es una etapa de formación de la personalidad, caracterizada por la búsqueda de reconocimiento, la experimentación y una especial sensibilidad frente a las recompensas inmediatas. En ese contexto, el acceso a instrumentos financieros complejos exige precauciones que no pueden reducirse a una autorización formal.
La propia Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes advirtió, en su Pronunciamiento N.º 25 de octubre de 2024, que la Resolución 1023/2024 presenta problemas respecto del principio de protección especial establecido por nuestro ordenamiento jurídico. El documento cuestiona su adecuación al Código Civil y Comercial y recuerda que la autonomía progresiva de los adolescentes no puede confundirse con una autonomía económica ilimitada.
Se trata de una advertencia institucional de extraordinaria importancia. No proviene de una organización opositora al Gobierno, sino de un organismo cuya función es proteger los derechos de la infancia. La inversión bursátil y las apuestas deportivas son actividades jurídicamente diferentes. Sin embargo, cuando predomina la expectativa de obtener ganancias rápidas, ambas pueden estimular conductas de riesgo, particularmente entre quienes todavía están desarrollando su capacidad para evaluar consecuencias.
La pregunta es inevitable: ¿qué sentido tiene ampliar la exposición de los adolescentes al riesgo financiero mientras la sociedad intenta protegerlos de los efectos de la ludopatía digital?
El fútbol: de la pasión popular al negocio de las apuestas
El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando observamos lo que está ocurriendo con el fútbol argentino, una de las grandes expresiones de nuestra identidad colectiva, una pasión compartida entre generaciones capaz de producir alegrías y tristezas, así como sentimientos de pertenencia y solidaridad.
Hoy esa pasión se encuentra crecientemente atravesada por los intereses económicos de las empresas de apuestas deportivas. Las camisetas de algunos de los clubes más populares del país exhiben marcas de casas de apuestas. Las transmisiones televisivas incorporan sus anuncios y las plataformas digitales multiplican mensajes que asocian el fútbol con la posibilidad de ganar dinero.
No es una impresión subjetiva. La guía oficial Zoom a las apuestas online, publicada en julio de 2025, reconoce la presencia de publicidad de estas empresas en camisetas, transmisiones deportivas, redes sociales y otros espacios de comunicación. El problema no consiste solamente en la publicidad comercial sino en que las empresas utilizan la extraordinaria identificación emocional de los adolescentes con sus clubes y futbolistas para promover una actividad que puede generar dependencia.
Cuando un joven contempla la camiseta de su equipo, no distingue necesariamente entre la institución deportiva que admira y la empresa que aparece asociada a ella. La marca comercial adquiere, de este modo, una legitimidad que ninguna campaña publicitaria convencional podría conseguir.
El fútbol deja de ser únicamente una celebración deportiva y comienza a funcionar como una gigantesca vidriera de la industria del juego. Los clubes que aceptan estos patrocinios no pueden desentenderse de sus consecuencias sociales, tampoco las asociaciones deportivas, los medios de comunicación ni las autoridades que permiten semejante penetración publicitaria.
Resulta especialmente grave que una actividad capaz de despertar las pasiones más intensas entre los jóvenes sea utilizada para estimular la ilusión del enriquecimiento inmediato.
La ludopatía juvenil: un drama social
Las consecuencias de las apuestas compulsivas pueden ser devastadoras. El endeudamiento, la ansiedad, el aislamiento, los conflictos familiares y el deterioro de la salud mental forman parte de los riesgos que especialistas e instituciones vienen señalando.
Los adolescentes pueden recurrir a medios de pago familiares, plataformas digitales o préstamos informales para sostener apuestas y recuperar pérdidas. En determinadas circunstancias, el endeudamiento los expone a presiones y amenazas. No estamos ante una simple diversión juvenil, sino ante una problemática que exige prevención, atención sanitaria y responsabilidad pública.
La Conferencia Episcopal Argentina asumió una posición particularmente firme frente a este fenómeno. En su carta del 7 de octubre de 2025, dirigida a la presidenta del Senado y a los legisladores nacionales, advirtió que “la ludopatía es un atentado contra la vida”, y reclamó el tratamiento urgente de una legislación destinada a prevenir sus consecuencias. La Iglesia señaló que la insuficiencia de controles permite que los teléfonos celulares se conviertan en puertas de acceso a casinos digitales, incluso para menores.
No se trata de una cuestión exclusivamente religiosa. Es una advertencia ética y social que interpela a toda la comunidad.
La libertad económica no puede convertirse en un argumento para desentenderse del sufrimiento de los más vulnerables.
El Estado no puede abdicar de su responsabilidad
La política de desregulación impulsada por Javier Milei parte de una confianza casi ilimitada en la capacidad del mercado para organizar la vida económica. Pero cuando esa concepción se extiende indiscriminadamente a actividades que afectan a niños y adolescentes, deja de ser solamente una orientación económica y se transforma en un problema de responsabilidad política.
El mercado no distingue por sí mismo entre un consumidor adulto y un adolescente vulnerable. Su lógica responde fundamentalmente a incentivos económicos. Corresponde al Estado establecer los límites que exige el interés general. La protección de la infancia no es una concesión paternalista ni una intromisión ilegítima en la libertad individual. Es una obligación constitucional y un compromiso internacional asumido por la Argentina. Por eso resulta inaceptable que el argumento de la educación financiera se utilice para justificar medidas cuya compatibilidad con los derechos de los adolescentes ha sido cuestionada por la propia Defensoría de la Niñez.
Una política verdaderamente educativa debería comenzar por enseñar a distinguir el ahorro de la especulación, la inversión responsable de la apuesta impulsiva y el valor del trabajo de la ilusión del dinero fácil. La desregulación no puede convertirse en una coartada para debilitar la protección de quienes todavía no están en condiciones de defender plenamente sus propios intereses.
La visita del Papa: una oportunidad para rectificar
La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para este el 8 y hasta el 11 de noviembre, ofrece una oportunidad singular para colocar esta problemática en el centro del debate público. Sería deseable que su presencia alentara una reflexión nacional sobre las responsabilidades del Estado, las empresas, las instituciones deportivas y las familias frente al avance de la ludopatía juvenil.
La Iglesia argentina ya ha formulado una advertencia suficientemente clara. Ahora corresponde que los poderes públicos asuman sus responsabilidades.
La Comisión Nacional de Valores debería revisar la Resolución 1023/2024 y considerar su derogación o sustitución por una normativa que garantice efectivamente la protección de los adolescentes. El Congreso Nacional debería establecer límites rigurosos a la publicidad de las apuestas deportivas, especialmente en el fútbol y en los espacios frecuentados por menores, además de revisar el marco legal aplicable a su participación en operaciones financieras.
Y la Justicia, si fuera requerida mediante las acciones correspondientes, debería examinar la validez de una resolución administrativa cuya compatibilidad con el régimen de protección de la infancia ha sido seriamente cuestionada.
La visita papal podría convertirse, así, en una ocasión para que la sociedad argentina exija decisiones concretas, más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Porque no estamos discutiendo simplemente una disposición de la Comisión Nacional de Valores. Estamos discutiendo qué lugar ocupa la infancia en una sociedad que parece dispuesta a convertirlo todo en mercancía.
El Estado tiene la obligación de proteger a los adolescentes, no de anticipar su incorporación a los riesgos del mercado.
Una Nación que permite que la pasión deportiva de sus jóvenes sea explotada por la industria de las apuestas, mientras flexibiliza su acceso a operaciones financieras riesgosas, debería preguntarse seriamente hacia dónde se dirige.
La libertad es un valor fundamental de la democracia. Pero ninguna libertad económica puede justificar la indiferencia frente al daño social porque el futuro de nuestros adolescentes vale infinitamente más que las ganancias de cualquier mercado.
