Todo el tiempo los intereses populares están a la defensiva, gobierne quien gobierne. Nunca, desde hace más de medio siglo, el Estado presente trata de corregir los desequilibrios estructurales que permiten las concentraciones de poder. Aquí, Enrique Martínez propone ideas para pasar a la ofensiva.
Tan fuerte ha sido el avance de las ideas desintegradoras del tejido social en las últimas décadas, que los debates sobre el rol del Estado se han concentrado en cuestionar o defender su existencia misma como administrador de la vida comunitaria. La ausencia del Estado es sostenida como bandera por millones.
Aquellos que afirman la necesidad de un Estado presente, en ese debate, como lógica consecuencia del sesgo de la discusión, ven al Estado como un asistente de los excluidos o dañados por el imperio del mercado, lo cual sucede en realidad por acción de quienes hegemonizan las diversas facetas del mercado.
Todo el tiempo los intereses populares están a la defensiva, gobierne quien gobierne.
De tal manera, se ha naturalizado que cuando gobierna en la Nación o en alguna jurisdicción menor alguien con vocación de mejorar la justicia social, apele a mecanismos directos, lo más simples posibles, para distribuir ingresos compensatorios a los compatriotas más lastimados.
Si alguien no se pudo jubilar por falta de aportes, aparece la moratoria. No está acompañada ni por la identificación ni por castigo alguno al empresario responsable de esa falta de aportes.
Si aumenta la desocupación o cae el salario real y por consiguiente aumenta la pobreza, aparecen el salario social complementario; la asignación universal por hijo; la distribución de alimentos en las escuelas o en otros ámbitos. Encaramos las consecuencias, sin tener una explicación acabada de las causas, que se diluyen en los diversos ámbitos financieros.
Si las corporaciones de la medicina privada; los distribuidores de energía; los concesionarios de petróleo y gas; los exportadores de minerales sin procesar; los dueños mundiales del comercio de granos, buscan traducir su poder en beneficios suplementarios a los que normalmente acceden, el Estado presente trata de controlarlos, regularlos, negociar la reducción de daños. Nunca, desde hace más de medio siglo, trata de corregir los desequilibrios estructurales que permiten tales concentraciones de poder.
La defensiva, siempre la defensiva, como norma no escrita, pero permanente. Para peor, los malos resultados se asignan, por propios o ajenos, a errores defensivos, rara vez a la falta de vocación transformadora.
¿Qué sería contar con iniciativas que no sean solo defensivas?
Hay dos condiciones de contorno:
- Tener una caracterización adecuada de nuestra actual situación neocolonial, en que la falta de divisas es una enfermedad crónica, que no se resuelve con préstamos externos por bien gestionados que éstos sean, ni tampoco con jugarse a aumentos de exportación en un par de sectores extractivos, controlados por empresas extranjeras. Se debe tener un plan para superar esta condición.
- Entender la inflación generada por quienes hegemonizan sectores del mercado; cómo se benefician con ella; cómo se puede evitar; además de asumir el prolijo manejo macroeconómico como condición necesaria, exacerbada por la existencia de una economía bimonetaria de la cual no se podría salir en menos de una generación.
Las dos cuestiones anteriores definen el marco para asumir que se requieren cambios estructurales que superen la perversa calesita que estamos transitando, pero en paralelo con entender esto, subsiste una pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de un Estado presente, con vocación popular, en el escenario político y social que vivimos, para salir de la defensiva?
Esto tiene una respuesta central, que luego se aplica a cada situación particular:
Debe usar los recursos disponibles, de la magnitud que sea, para mejorar las posibilidades populares de atender las necesidades comunitarias con el propio esfuerzo.
Todos comen recibiendo comida o participando de algún modo de su producción y distribución.
Todos tendrán vivienda si se logra implementar planes masivos de vivienda construidas por el Estado u otros planes en que la población puede tener activa participación en la construcción.
El saneamiento ambiental puede hacerse a través de fortalecer un puñado de empresas especializadas o por medio de empresas sociales sin fines de lucro, capacitadas al respecto.
Así siguiendo. Para cada meta hay más de un camino posible.
El camino a construir – porque muy probablemente no exista previamente – es aquel en que diversas formas de la comunidad organizada conciban las soluciones y las implementen, con apoyo de un Estado que pueda ser llamado el Estado del Pueblo, porque administra las necesidades de las mayorías, con participación de ellas y no solo en su nombre.
A partir de este fundamento básico aparece el derecho – y la simultánea obligación – de penalizar las conductas sociales disociadoras y perjudiciales, tales como la ausencia de aportes previsionales legales; la precariedad de las coberturas médicas; el abuso de posición dominante en una actividad; las elusiones y evasiones impositivas.
La conducta antisocial debe ser punible en la conciencia colectiva, en lugar de la facilidad con que hoy nos permitimos vincularla a la defensa contra las acciones de un Estado supuestamente corrupto, ineficaz, injusto. Esa mutación imprescindible será producto de una acción pública ligada caso por caso y día por día, con la mejora de oportunidades para una vida mejor, en que – se reitera – la comunidad es protagonista central.
El Estado del Pueblo debe conseguir que quien busque dañarnos sea identificado como un depredador de la comunidad y no una supuesta víctima previa, perjudicada por un burócrata sin rostro.
