La caída de los ingresos y de la actividad es algo continuo y estructural con esta política económica, y su reversión no es una cuestión sencilla. Es plausible pensar que, incluso si se ensaya una política de recomposición “transitoria”, que ésta debería tener cierta continuidad para ejercer un efecto sobre el clima social.
Desde marzo el porcentaje de respuestas negativas a la pregunta sobre si el Gobierno es capaz de resolver los principales problemas del país no desciende del 58%, y de no modificarse el estado de cosas, es posible que arrastre dificultades para obtener la re-elección en 2027.
Uno de los hallazgos del último informe QMonitor es que el 31% de los votantes de Milei en la primera vuelta de 2023 desaprueba la orientación de su Gobierno. El 91% considera que perjudica a los vulnerables y el 89% cree que el ajuste no valió la pena. Todo esto en un contexto en el que la mayoría de los encuestados considera que la economía personal empeoró en comparación a dos años atrás (64%) y su nivel de endeudamiento personal es mayor (67%).
Razones del retroceso
En algunos análisis políticos se remarca la importancia de que la economía se reactive para que el oficialismo continúe gobernando, y ante este problema emerge la especulación sobre si el Gobierno podrá desenvolver una política económica de corto plazo para ganar las elecciones. Algo vulgarmente conocido como “plan platita”.
Sin embargo, la caída de los ingresos y de la actividad es algo continuo y estructural con esta política económica, y su reversión no es una cuestión sencilla. Es plausible pensar que, incluso si se ensaya una política de recomposición “transitoria”, que ésta debería tener cierta continuidad para ejercer un efecto sobre el clima social.
Entre los principales motivos del deterioro, podemos resaltar:
– Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios del sector privado registrado tuvieron una pérdida del poder de compra del 3,5%, y los del sector público un 18,3%. Si se ajusta el cálculo con precios basados en la encuesta de gastos de hogares de 2017/2018, la pérdida por sectores asciende, respectivamente al 7,9% y 22,1%.
– Por efecto de la pérdida de ingresos, la tasa de irregularidad del crédito a las familias -la mora- pasó del 2,7%, a comienzos de 2025, al 12,1%. La mayoría de los deudores mantenía obligaciones desde hace al menos dos años, y entraron en mora con este Gobierno. Por esta causa, la suma de la deuda y los gastos fijos ascienden al 50% de los ingresos de una familia tipo.
– Hasta junio (último dato disponible), los salarios del sector privado acumulaban una variación del 14,5% en el año, y los del sector público mantuvieron un alza del 17,6%, frente a un índice de precios al consumidor cuya suba fue del 16,8%. Es decir que se mantiene una magra paridad para el sector público, mientras que los del sector privado continúan retrocediendo.
– Aunque la economía registra, hasta ahora, un crecimiento del 1,9% en lo que va del año, la actividad industrial sostiene una caída del 2,6%. En 2025, aun manteniendo un leve crecimiento anual, se encontraba en promedio 8 puntos por debajo de su nivel de 2023. Con la caída de este año, esa distancia se eleva al 11,2%, hecho que se emparenta con la pérdida de 272 mil puestos de trabajo en el sector privado desde el comienzo de este Gobierno.
Los hechos anteriores conforman un retroceso remarcable. Se podría pensar que es necesario un período superior a un año para revertirlo, y si hubiese interés en llegar a las elecciones con resultados consolidados, el oficialismo debería comenzar ahora.
Proyecciones particulares
Sin embargo, no muestra intención de modificar su política económica: en el Presupuesto para 2027 ratifica la orientación de la política de recorte del gasto.
Las proyecciones macroeconómicas exhiben pronósticos particulares. El crecimiento del PIB esperado para el final de 2026 es del 3%, y para 2027 es del 4%. Como se mencionó anteriormente, la economía se mantiene en un 1,9% acumulado en el año, con una tendencia a la baja muy pronunciada en la actividad industrial y otras ramas como la construcción.
Si la economía ya se encuentra proclive a la contracción, y creciendo a una tasa menor que la que se anticipa, no hay razón que fundamente un salto de tal magnitud en el próximo año. Ese escenario se combina con otro poco realista: se prevé un tipo de cambio al final de 2027 de 1.847,7 pesos por dólar. En la actualidad se encuentra en torno a los 1.510, y la proyección del presupuesto es que al final de 2026 alcance los 1.600. Entonces, el incremento sería de aproximadamente el 22,5% sobre su valor actual, y del 15,5% sobre el valor esperado al final de este año.
Sin embargo, la variación anticipada para el índice de precios al consumidor -el IPC- es del 18%. En la actualidad, sin ese movimiento del tipo de cambio, ronda el 33% de incremento anual. Y un aumento de tal magnitud del tipo de cambio, con la previsible repercusión sobre los precios y la actividad económica, mermaría aún más los ingresos y la actividad. Es decir que el Presupuesto subestima de manera notable las dificultades económicas. Dicha subestimación es una manera de enmascarar el efecto real que tiene la poda del presupuesto asignado a los organismos públicos.
Es notable que se hayan eliminado los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 17.160, que conllevan la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en favor de ajustes discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, la AUH fue el único ingreso que creció en términos reales, por su alta actualización durante 2024. Aunque, desde entonces, se mantuvo aletargada.
Evidentemente, al oficialismo no le interesa modificar su política económica, lo que permite anticipar un agravamiento del malestar de la población, y no da lugar para avizorar una recomposición de su posicionamiento frente al público.
No es razón para lanzar un pronóstico temprano, pero sí para alertar que a la oposición se la dejan fácil para la diferenciación y las críticas.
Resta llevar adelante un trabajo de aglutinamiento y presentación de propuestas.
