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Directores: Martín Granovsky y Rafael Prieto
Edición: 145
Universidad

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Los rectores llegaron hasta León XIV: “El Ejecutivo desconoce a los otros dos poderes”

Bartolacci en el Vaticano.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, entregó al Papa un informe que denuncia el estado de situación del sistema universitario argentino por el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre las consecuencias políticas, sociales y educativas. Y ahora qué? tuvo acceso al documento, que aquí se reproduce completo.

Cinco claves:

1.El CIN denunció ante León XIV la crítica situación presupuestaria de las universidades públicas argentinas.
2.La inversión universitaria cayó del 0,74% del PBI (promedio 2016-2023) al 0,47% en 2026, su mínimo histórico.
3.El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y desoye las decisiones judiciales que le ordenan aplicarla.
4.El CIN advierte que el desconocimiento de leyes y fallos judiciales amenaza la división de poderes y al Estado de derecho.
5.Las universidades públicas solicitan el respaldo del Papa para preservar la educación pública, la investigación científica y la movilidad social.

El sistema universitario argentino, con su historia y su madurez institucional, ha sido motor de movilidad social, espacio de producción cultural y científica y escenario de debates públicos que han contribuido al desarrollo y a la consolidación democrática de la Nación.

El sistema reúne hoy a más setenta instituciones universitarias de distintos orígenes y diversas tradiciones académicas; una comunidad de 3 millones de personas que acoge una gran diversidad de estudiantes que cada día buscan en la universidad no solo una titulación, sino una formación que les permita integrarse social, cultural y económicamente y así servir en libertad y responsablemente a sus vocaciones, a sus familias y a su país.

Esa convergencia entre pluralidad institucional y vocación pública constituye una fortaleza que nos obliga a responder con audacia intelectual y con responsabilidad ética a los desafíos de los tiempos actuales, especialmente a los que nos plantea la ciencia y la tecnología donde, con excesiva frecuencia, el bien y el mal parecen indisociables.

La historia de la universidad argentina muestra una capacidad sostenida de adaptación y de diálogo con la sociedad. Desde las primeras casas de estudio hasta las instituciones contemporáneas, la universidad ha sido lugar de formación profesional y de pensamiento crítico. Ha sido, también, espacio de extensión y de servicio a comunidades diversas, de compromiso pacífico y de protagonismo social responsable.

Esa madurez institucional se expresa en tradiciones académicas sólidas, en la producción científica reconocida y en la formación de generaciones que han contribuido al desarrollo nacional. La diversidad del sistema -distintas misiones, pluralidad de identidades, variedad de tipos de impacto- es una riqueza que exige políticas de cooperación y articulación, nunca de uniformidad. El prestigio de nuestras casas de estudio, reconocido en ámbitos nacionales e internacionales, obliga a mantener estándares de excelencia y a asumir la responsabilidad pública que conlleva ese reconocimiento.

La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos y, ambientalmente, sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aporta para que un país se piense y se proyecte.

Todo proyecto serio de Nación necesita una universidad de excelencia que contribuya desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.

Para la universidad es de vital importancia lo que señala la encíclica acerca de la comunicación y el diálogo como condiciones para la convivencia humana.

En un mundo en que la circulación acelerada de información favorece la producción de conocimiento tanto como la polarización y la desinformación, la universidad tiene la tarea de formar ciudadanos capaces de discernir, de contrastar fuentes y de participar en debates públicos con responsabilidad.

La defensa de la verdad, entendida como búsqueda humilde, individual y, a la vez, colectiva, es un servicio a la paz. Resonante en la encíclica Magnifica Humanitas, se trata de una paz entendida como tejido de justicia, reconocimiento y cuidado mutuo. Las universidades argentinas, conscientes de su historia y de su compromiso social, asumen la tarea de contribuir a un mundo en paz mediante la formación de profesionales y ciudadanos que trabajen por la reconciliación, la inclusión y la solidaridad.

Conscientes de su compromiso con el conocimiento y el rol estratégico de la educación superior y la ciencia, nos vemos en la obligación de acercarle nuestra preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, que en términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento.

Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza: se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo, la adquisición y la actualización del equipamiento y, fundamentalmente, las posibilidades reales de garantizar que miles de jóvenes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario.

Lo ha manifestado con claridad el Papa Francisco, cuando señaló que la educación es fundamental para el desarrollo de un país y hacer ajustes en ella se considera un suicidio programado.

El presupuesto de las universidades nacionales en Argentina ha pasado de un promedio entre los años 2016 a 2023 del 0,74 % del PBI a 0.47 % en el 2026. Se encuentra, actualmente, en el punto de inversión histórico más bajo. Ante las gestiones y preocupación constante y responsable de la comunidad universitaria, el Congreso Nacional aprobó, con mayorías calificadas, una Ley de Financiamiento Universitario que, en términos generales, dispuso que el presupuesto universitario se recomponga a los valores del 2023, situación que el Poder Ejecutivo no ha respetado incumpliendo la ley, lo que obligó al sistema universitario a recurrir al Poder Judicial, el cual ha reconocido el derecho del sistema universitario y la obligación de reajustar las partidas presupuestarias correspondientes conforme lo indica la Ley vigente.

Pese a ello, el gobierno nacional no ha respetado la decisión judicial, y la ley sigue incumplida. En paralelo, se profundiza una campaña sistemática, y profundamente injusta, de descalificación y hostigamiento hacia la comunidad universitaria y científica del país, con el objetivo de desacreditar su reclamo para justificar el desfinanciamiento.

En consecuencia, la profunda crisis no es solo presupuestaria. Se lesiona progresivamente la legitimidad del sistema universitario, sin comprender, o sin importar comprendiéndolo, que por la misión de la universidad ese daño impacta negativamente en sus capacidades y potencial en la Nación toda. Y al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria.

Por tanto, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar, con dolor y preocupación, el desconocimiento del acuerdo democrático y la división de poderes en nuestra Nación. El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.

Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho. Un antecedente institucional peligroso.

La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión.

Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludable para sus pueblos, son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles.

Expresamos nuestro respeto y reconocimiento por su magisterio y por su cercanía y mirada atenta al mundo universitario y del conocimiento. Confiamos en que su esperada visita, que aguardamos con esperanza, será recibida con una expresión mayúscula de la fe del pueblo argentino.

Con el respeto y el afecto institucional que Su Santidad nos merece, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina confiamos que su reconocimiento hacia el sistema universitario, su palabra y su bendición permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y en su funcionamiento pleno, de modo que sean éstas las que permitan encontrar respuestas y resguardar a nuestras universidades para que sigan contribuyendo con todo su potencial al bienestar y la paz de nuestro pueblo y al cuidado de nuestra casa común. Esperanzados por su vista, lo saludamos con nuestro mayor reconocimiento y estima.

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