La propuesta que Javier Milei convirtió en bandera durante la campaña de 2023 vuelve a aparecer en medio de los problemas de deuda, la estanflación y las dificultades electorales. La historia argentina ya conoció otros intentos de dolarización en momentos de crisis. Esta vez existe además un dato nuevo: las exportaciones energéticas y mineras podrían generar un flujo persistente de dólares. La cuestión decisiva no es solamente quién controla la moneda. Detrás de la dolarización aparece una discusión sobre quién administra los dólares provenientes de los recursos naturales, qué capacidad conserva el Estado nacional para intervenir en la economía y hasta dónde puede sostenerse la vida democrática cuando desaparece la moneda soberana.
Cinco claves:
- La dolarización reaparece vinculada al endeudamiento externo, la estanflación y las dificultades políticas del gobierno libertario.
- Milei hizo de la dolarización una promesa central de la campaña de 2023, pero la dejó de lado una vez llegado al gobierno.
- A diferencia de otros episodios, la Argentina cuenta ahora con un creciente flujo de divisas proveniente del petróleo, el gas y la minería.
- Para Michel Aglietta y André Orléan, la moneda es una institución de soberanía y su descrédito puede liberar formas de violencia económica y social.
- El control de las divisas originadas en los recursos naturales puede convertirse, en una Argentina sin moneda propia, en el centro de una disputa política de enorme intensidad.
Ahora que a sus sobrinos libertarios el Tío Sam los llamó al orden para que abandonaran la coartada Malvinas, porque ponía en entredicho un segmento menor de sus vastos y sagrados intereses, y éstos, confirmando su fama de obedientes y bien educados, cumplieron el gentil mandato más rápido que inmediatamente, se murmura que la modesta galera oficial se quedó sin conejos.
Otros rumores desmienten semejante vacío y aseguran que, por el momento, todavía queda uno. Los indicios aportados por algunos trascendidos llevan a sospechar que los libertarios, entre la espada y la pared y en busca de una salida a una situación cada vez más incómoda, podrían seguir al Conejo Blanco hacia el país sin maravillas de la dolarización.
El Conejo Blanco es, por supuesto, el personaje de Alicia en el país de las maravillas. En el habla cotidiana su figura sirve para representar a quien, completamente desorientado, sigue a otro simplemente para tener algún lugar hacia donde ir.
Como para completar el cuadro, aunque se habla poco, se escribe menos y no se firma nada, hay sectores del oficialismo y también de la oposición que consideran que, en materia de deuda externa, la Argentina se encuentra más cerca de una reestructuración que de una continuidad tranquila de refinanciaciones y prórrogas. Ese escenario perfila un horizonte de alta turbulencia.
El Conejo Blanco al que podrían seguir los libertarios no aparece como una simple contingencia sino como una necesidad política. El proceso de estanflación es una prueba de los problemas teóricos y empíricos del rumbo oficial. Es consecuencia de sus propias políticas y, por lo tanto, resulta difícil imaginar que quienes las aplicaron puedan modificar sustancialmente el rumbo. El dilema que enfrentan podría resumirse así: Keynes o el Conejo Blanco.
Que algo se transforme en una necesidad para una fuerza política no significa que sea inevitable para el país. La historia no tiene resultados escritos de antemano. Pero para el oficialismo queda la posibilidad de seguir al Conejo Blanco, siempre apurado y pendiente de su reloj, o enfrentar el riesgo de una salida de escena.
La alternativa elegida tendría que cumplir además otra condición: funcionar como un ardid gatopardista capaz de enmascarar la percepción de daño económico que experimentan grandes mayorías sociales. En ese terreno, la dolarización tiene la ventaja de pertenecer a esa categoría de viejos amores que nunca terminan de morir.
Javier Milei hizo de la dolarización uno de los núcleos de su campaña presidencial. Asumió, la dejó de lado y posteriormente comenzó a exhibir como un éxito la supuesta fortaleza del mismo peso que había prometido eliminar.
Otra vez sopa
La primera versión contemporánea de esta saga dolarizadora apareció a finales de los años noventa, cuando la convertibilidad comenzó a zozobrar. Después de la crisis de 2001 circularon propuestas de dolarización que llegaron incluso al extremo de sugerir que la Argentina necesitaba una suerte de virrey encargado de administrar el país. La dirigencia política, sin embargo, salió de aquella crisis manteniendo el peso argentino.
La dolarización volvió al ruedo en septiembre de 2018, cuando colapsó la política económica del gobierno de Mauricio Macri. A principios de ese mes, Larry Kudlow, entonces presidente del Consejo Económico Nacional de Donald Trump, sostuvo que una alternativa para enfrentar la crisis argentina podía ser la dolarización o, en su defecto, el regreso a la convertibilidad.
La discusión había adquirido tal intensidad que la columnista ultraliberal Mary Anastasia O’Grady escribió en The Wall Street Journal: “La Argentina necesita dolarizar”. Argumentaba que una nueva crisis del peso demostraba que era imposible confiar en el Banco Central y que, para resolver el problema definitivamente, había que abandonar la moneda argentina.
Finalmente prevaleció en Washington otra orientación. El Tesoro norteamericano impulsó la intervención del Fondo Monetario Internacional y el organismo otorgó a la Argentina el crédito más voluminoso de su historia, muy por encima de los límites normales de acceso del país.
La dolarización reapareció con toda su fuerza en las presidenciales de 2023. Los libertarios pidieron el voto con la promesa de dolarizar para terminar simultáneamente con la inflación y con la decadencia económica. Milei llegó a la Presidencia y dejó en suspenso su promesa más emblemática.
Todos esos episodios tuvieron un elemento común: surgieron alrededor de crisis provocadas o agravadas por la escasez de dólares a la que conduce recurrentemente una política monetarista y librecambista. En esas condiciones, la dolarización significaba congelar una determinada estructura distributiva y consagrar la pobreza generada durante la crisis.
Atarse a EE.UU.
Sin embargo, el actual rumor dolarizador presenta una diferencia relevante. Hoy el problema está vinculado especialmente con la insolvencia derivada del endeudamiento externo y con el deterioro político y electoral del oficialismo.
Además existe una novedad estructural. En los episodios anteriores no había señales claras de que la cuenta corriente de la balanza de pagos pudiera volverse persistentemente positiva. Ahora esa posibilidad existe gracias a las exportaciones actuales y potenciales de petróleo, gas y minería.
El saldo de la cuenta corriente surge de sumar la balanza comercial —exportaciones menos importaciones de bienes y servicios— y los pagos netos de factores, fundamentalmente intereses, dividendos y remesas. Como la Argentina paga en intereses y dividendos más de lo que recibe, la posibilidad de obtener un resultado positivo depende fundamentalmente del superávit comercial.
Por eso, ante la perspectiva de que las exportaciones energéticas y mineras generen por primera vez un saldo comercial capaz de sostener una cuenta corriente positiva, resulta difícil comprender la racionalidad estrictamente económica de una dolarización.
La explicación debe buscarse entonces en otro terreno.
La dolarización puede ser entendida como un intento de ligar de manera definitiva la Argentina al derrotero de Estados Unidos y, a partir de esa asociación, intentar garantizar una continuidad política del grupo gobernante.
La moneda es poder político
La dolarización, antes y ahora, no es en esencia una cuestión financiera ni económica. Es un problema político.
Y uno de los más densos.
La moneda es poder político impreso y de curso legal. Suprimir la moneda nacional implica renunciar a una de las herramientas fundamentales con las que una comunidad democrática procesa y resuelve sus conflictos.
La dolarización significa buscar una forma de apaciguar la disputa política mediante lo que los economistas franceses Michel Aglietta y André Orléan denominaron “la violencia de la moneda”.
Para ambos autores, la moneda funciona como principio de soberanía del orden mercantil. Mientras está legitimada como moneda emitida por el Estado, conserva sus funciones sociales. Su descrédito, en cambio, puede liberar formas de violencia que la propia institución monetaria ayudaba a contener.
Ese es el núcleo político del problema. Suprimir la disputa democrática mediante un mecanismo monetario fue también una de las funciones profundas de la convertibilidad.
Si la dolarización prosperara, la consecuencia podría ser una sociedad argentina estructuralmente más violenta.
Para pensar esa cuestión resulta útil recuperar el trabajo de Paul Collier y Anke Hoeffler, Greed and Grievance in Civil War, dedicado a investigar las condiciones que hacen posibles los conflictos civiles.
Los autores estudiaron cuantitativamente 161 países entre 1960 y 1999. El fenómeno que intentaban explicar era de enorme magnitud: de las 27 grandes conflagraciones armadas registradas en el mundo hacia finales del siglo XX, 25 habían sido conflictos internos y no guerras internacionales.
La conclusión central de Collier y Hoeffler es provocadora. Las rebeliones no comienzan simplemente porque existan agravios sociales, desigualdad o resentimientos. Para que un conflicto armado pueda desarrollarse tiene que existir además una estructura económica capaz de financiarlo.
Una organización insurgente necesita reclutar, alimentar, armar y mantener fuerzas durante períodos prolongados. Sin recursos económicos constantes, una rebelión difícilmente consigue sobrevivir.
De allí surge la diferencia entre dos explicaciones: el modelo del agravio, basado en factores como desigualdad, represión u odio étnico, y el modelo de la codicia, apoyado en la existencia de oportunidades económicas para capturar rentas.
La historia argentina ofrece un antecedente inquietante. Entre 1820 y 1890, el país atravesó alrededor de siete décadas de guerras civiles cuyo trasfondo estuvo profundamente relacionado con la disputa por los fondos recaudados por la Aduana de Buenos Aires, durante mucho tiempo principal fuente fiscal del Estado.
La estabilización llegó cuando el Estado nacional consiguió consolidar instrumentos fiscales y monetarios propios. Carlos Pellegrini creó el Banco Nación durante la crisis de 1890 y avanzó en la nacionalización del sistema monetario y financiero.
Collier y Hoeffler muestran además que los recursos naturales pueden ocupar un lugar decisivo en la economía de los conflictos internos. Las materias primas resultan particularmente aptas para financiar organizaciones armadas porque son activos inmóviles: minas, bosques, campos y pozos petroleros no pueden mudarse frente a una amenaza.
Las exportaciones deben además circular por rutas, ferrocarriles, ríos y puertos. Esos corredores generan puntos de estrangulamiento donde resulta posible apropiarse de una parte de la renta.
El estudio encontró una relación entre la dependencia de exportaciones primarias y el riesgo de conflicto. Según sus estimaciones, cuando los productos primarios alcanzaban alrededor de una cuarta parte del PBI, el riesgo aumentaba significativamente.
Esta mirada permite formular una pregunta incómoda para la Argentina del presente.
Si desaparece la moneda nacional mientras petróleo, gas y minería generan una cantidad creciente de dólares, ¿quién controla esas divisas?
La disputa ya no sería solamente por el manejo de una política monetaria. Sería por la apropiación de la moneda extranjera generada por recursos naturales asentados territorialmente en las provincias.
La dolarización podría transformar así un problema económico en un conflicto eminentemente político y federal.
Collier y Hoeffler sostienen además que la viabilidad económica de una rebelión es más importante para explicar su aparición que muchas de las variables que habitualmente se consideran detonantes de la violencia. Escolarización, crecimiento económico y posibilidades laborales elevan el costo de reclutamiento de una fuerza armada. Por el contrario, cuando una masa importante de jóvenes carece de alternativas económicas, el costo de incorporarse a una organización violenta disminuye.
El verdadero peligro
De la dolarización surge entonces un aroma desagradablemente conocido.
Durante buena parte del siglo XIX, la Argentina se desangró en guerras civiles alrededor del control de la Aduana porteña y de la renta que producía.
En una eventual Argentina dolarizada, la disputa podría reaparecer bajo otra forma: quién controla los dólares producidos por las exportaciones de petróleo, gas, minerales y otros productos primarios.
Los estudios sobre guerras civiles citados por Collier y Hoeffler estiman que esos conflictos pueden extenderse durante años y provocar pérdidas enormes de producto, además de dejar abierta la posibilidad de nuevas recaídas.
Por supuesto, nada de esto significa que una dolarización conduzca automáticamente a una guerra civil. La historia nunca funciona de manera mecánica.
El problema es otro.
Eliminar la moneda nacional significaría retirar del Estado argentino uno de los instrumentos esenciales mediante los cuales administra los conflictos económicos y distribuye costos y beneficios entre sectores sociales y regiones.
Por eso el espacio político de la dolarización expresa un problema mucho más profundo que el debate sobre inflación, reservas o tipo de cambio.
La frivolidad con la que suele tratarse la cuestión resulta alarmante.
La pregunta decisiva es hacia qué país conduce ese Conejo Blanco si se lo sigue sin discutir y sin construir caminos alternativos. Porque abandonar el peso no significa simplemente cambiar una moneda por otra. Significa modificar radicalmente quién tiene el poder de decidir sobre la economía argentina.
