Flávio Bolsonaro se comporta como un barrabrava político de Donald Trump. Perdió las elecciones brasileñas, desconoció el resultado, salió de su país desobedeciendo una prohibición judicial y terminó refugiado en los Estados Unidos con ayuda de la administración norteamericana. ¿Javier Milei ocupa otro lugar en la misma tribuna? Su gobierno fue parte del dispositivo de fuga, pese a que cientos de miles de empleos dependen de la relación argentina con Brasil.
Cinco claves:
- Estados Unidos ayudó a Flávio Bolsonaro a llegar a Miami después de que desconociera su derrota frente a Lula.
- La escala argentina dejó preguntas todavía abiertas sobre Santiago Caputo, la SIDE, la PSA y otros organismos oficiales.
- La Argentina de 2026 emula a la Cuba de 1901, cuando la Enmienda Platt condicionó la soberanía.
- Una crisis con Brasil golpearía intereses argentinos concretos: autos, autopartes, trigo, lácteos, químicos, energía y economías provinciales.
- El problema de fondo es si Milei conduce una política exterior argentina o actúa como pieza de la estrategia hemisférica de Trump.
A ver si adivinan de qué país hablamos. Restricción de la capacidad para celebrar tratados. Pérdida de autonomía para decidir la toma de préstamos. Garantías a los Estados Unidos para intervenir con todo derecho en los asuntos internos. Instalación de bases.
Si pensaron en la Argentina de hoy, perdieron. Es la Cuba de 1901, cuando Washington le impuso las condiciones bajo las cuales terminaría la ocupación militar posterior a la guerra de independencia con España. Lo hizo mediante la Enmienda Platt, una decisión del Congreso de los Estados Unidos que se convirtió en un anexo de la Constitución cubana. El autor fue Orville Platt, un senador norteamericano.
Decía el artículo séptimo: “Para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos”. Así fue que comenzó la ocupación, todavía en vigencia, de Guantánamo.
Otro artículo permitía a los Estados Unidos intervenir para mantener “un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual”.
Cuba quedó virtualmente convertida en un protectorado estadounidense.
Tal vez no se equivoquen mucho si al leer esta información asociaron la Enmienda Platt con el decreto 70 de 2023, verdadera arquitectura de la violación constitucional por parte de Su Excelencia Javier Milei a sólo 12 días de su asunción.
No parece exagerado hablar de una lógica Platt cuando un país soberano, al menos en lo formal, comienza a ordenar su comportamiento exterior según los intereses estratégicos de una potencia y no según una evaluación autónoma de sus propios intereses.
El caso Bolsonaro convierte esa discusión teórica en algo concreto.
Flávio, el senador que según Lula nunca trabajó, perdió el balotaje. Al día siguiente dijo que entregaría sus pasaportes a pedido de la Justicia y que nunca había pensado en abandonar Brasil. Sin embargo, el martes 27 cruzó a la Argentina por el puente Tancredo Neves (se supone) y el miércoles terminó en Miami. Reuters confirmó que el gobierno de Trump ayudó a Bolsonaro y su familia a viajar a Estados Unidos y que recibieron humanitarian parole después de una recomendación del secretario de Estado Marco Rubio.
La operación tuvo además un organizador político norteamericano. Según The Wall Street Journal y The New York Times, citados también por la prensa brasileña, Jason Miller, hombre del universo político de Trump, colaboró para conseguir el avión privado que trasladó a Bolsonaro. El dueño de Baires Fly confirmó que el vuelo fue contratado por un intermediario aeronáutico radicado en Estados Unidos y pagado desde una cuenta estadounidense; ubicó el costo alrededor de los 150 mil dólares, aunque dijo desconocer al contratante final.
El avión que esperó
La cronología argentina es demasiado extraña como para despacharla con la explicación oficial de que simplemente ingresó y salió un extranjero con documentación válida.
El Gulfstream G400 de Baires Fly matrícula LV-JQW llegó a Puerto Iguazú el lunes 26 a las 23.45. Debía partir hacia Estados Unidos alrededor de las dos de la madrugada, pero los pasajeros no aparecieron. El avión quedó en Iguazú durante unas 26 horas. Las versiones sobre una fuga ya circulaban públicamente mientras la aeronave permanecía estacionada. El martes Bolsonaro y su familia cruzaron finalmente desde Foz do Iguaçu a las 22.50, abordaron a las 23.30 después de 40 minutos, y el avión despegó a las 00.21 del miércoles. El plan presentado en la Argentina decía Guayaquil. Desde Ecuador partió hacia Miami.
Técnicos consultados por este medio dijeron que no registraban ningún precedente de un proceso de viaje, llegada y decolaje de sólo 40 minutos. “Los trámites en el Puente Trancredo Neves, si efectivamente Bolsonaro llegó a la Argentina por allí, y el chequeo aduanero superan siempre ese lapso”, dijeron bajo resguardo de identidad por temor a represalias.
Hay otra rareza. Durante buena parte del martes, el Gobierno argentino negó que Bolsonaro estuviera en el país. Migraciones recién confirmó formalmente su ingreso a las 2.01 de la madrugada, cuando el avión ya había despegado.
Muchos análisis se quedaron en la cuestión migratoria. Si usó un pasaporte italiano, o si ese pasaporte era válido o no. Para cruzar entre vecinos del Mercosur no hace falta un pasaporte. Basta con el DNI o equivalente.
Si ahora la Justicia se limita a investigar solamente qué pasó con Migraciones, habrá que sospechar que no quiere meterse a fondo con los detalles de la fuga.
¿Qué hizo la PSA?
Si Bolsonaro cruzó por el puente, se abre un interrogante llamado Gendarmería. ¿Registró su paso? Y si, como suele ocurrir a horas tan tardías, no hay personal de Aduana en el aeropuerto internacional de Iguazú, algo usual y posible, la responsabilidad aduanera queda en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Otro interrogante que hasta ahora carece de respuesta.
La función institucional de la PSA es clara. Debe realizar “vigilancia, verificación y control” sobre personas, equipajes, aeronaves y tripulaciones y tiene a su cargo la inspección de pasajeros y equipajes que ingresan a un avión.
El Gobierno informó inicialmente que había controlado el avión y a su tripulación cuando todavía negaba la presencia de Bolsonaro. Pero no explicó con el mismo grado de precisión qué controles efectuó después sobre Bolsonaro, su familia y sus equipajes, quién dio las instrucciones operativas. Tampoco qué sabía la fuerza acerca del pasajero políticamente más sensible de América del Sur en esas horas.
Puede ser grave. Si no hay inspección aduanera por parte de la PSA significa que cualquiera podría viajar con millones de dólares en drogas o ejercer la trata de personas.
Tanto la PSA como la Gendarmería dependen de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. También reporta a Monteoliva la Dirección de Migraciones. Todo queda en casa. Y si encima la Justicia no hace las preguntas correctas, será más fácil fabricar humo.
Santiago Caputo en Misiones
Además del humo de Monteoliva (¿fuma?) circuló por Misiones el humo de Santiago Caputo, el supervisor nacional de inteligencia sin cargo que sí fuma. Según dicen sus admiradores libertarios, hasta puede hacerlo bajo el agua. Inmodestias que la política acostumbra cobrar caro.
El diario El País de España, que citó información publicada en la Argentina, señaló que Caputo fue identificado por la policía misionera a las 2.50 de la madrugada del miércoles cuando viajaba en una camioneta con patente diplomática proveniente de Puerto Iguazú. La Nación informó además que la noche anterior a la llegada del avión alguien, desde un teléfono cercano al entorno de Caputo, habría contactado a la empresa de aviones Baires Fly para advertir que recibiría un pedido de vuelo desde un broker estadounidense.
Hay versiones periodísticas que van más lejos. Clarín describió la presencia en la operación de personal de la SIDE, Secretaría de Inteligencia de Estado, y hasta de un exagente de la DEA, la fuerza estadounidense con incumbencia sobre el narcotráfico. La Comisión Bicameral de Inteligencia dijo que abrió una investigación para saber si la SIDE conocía previamente el recorrido, si desplegó agentes, quién dio las órdenes y si existieron comunicaciones con organismos estadounidenses. Un dato: el presidente de la comisión es el puntero bonaerense libertario Sebastián Pareja.
La SIDE puede tener competencias para conocer, seguir y analizar una magnifuga. También para comunicarse con servicios extranjeros, que en este caso debieron haber sido los brasileños. Es obvio que entre sus funciones no figura ayudar a un fugitivo. Por eso es clave saber qué alega el Gobierno sobre qué norma habilitó la operación, quién la ordenó y si se utilizaron ilegalmente recursos estatales.
Si intervinieron la SIDE, la PSA u otra fuerza por pedido de Inteligencia, debería poder determinarse qué autoridad autorizó esa colaboración, porque la ley actual exige justificación y autorización del secretario de Inteligencia para solicitar apoyo operativo de las fuerzas.
Conviene tener en cuenta que fuentes oficiales aseguraron que “sí, colaboración con el gobierno de Trump”.
Un caso redondo de Plan Plattita.
Pelearse con Brasil no es gratis
En esta edición podrán leer un dossier completo sobre el balotaje que ganó Lula. También el documento que emitió el nucleamiento plural Fuerza Suma exigiendo relaciones normales con Brasil.
A veces es saludable dejar de lado la frivolidad y no caer en la dicotomía a la que invita Su Excelencia, que pone por delante de los intereses de los pueblos de la Argentina y Brasil la ideología protofascista, diría Celso Amorim, y su vocación colonial respecto de los Estados Unidos.
Entre enero y septiembre de 2026 la Argentina exportó a Brasil unos 9.800 millones de dólares. Sigue siendo su principal mercado. Y, a diferencia de otros grandes destinos de la Argentina, Brasil compra en enorme proporción bienes industriales. En 2024 absorbió cerca del 38 por ciento de las manufacturas industriales exportadas por la Argentina. No sucede lo mismo con ningún otro destino exportador. Se traduce en fábricas, trabajadores y provincias.
Brasil compra vehículos argentinos, autopartes, trigo, productos lácteos, plásticos y productos químicos. Sólo entre enero y septiembre de este año importó desde la Argentina unos 2.650 millones de dólares en vehículos para transporte de mercancías, más de 1.060 millones en automóviles y alrededor de 735 millones en trigo.
El intercambio va más allá del cordón industrial bonaerense. En 2024 todas las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires registraron exportaciones a Brasil. El mercado brasileño representó el 35 por ciento de las exportaciones de La Rioja, 27,6 por ciento de las de Mendoza, 26,8 de las de Buenos Aires, 26,2 de las de Río Negro, 20,7 de Misiones, 19,4 de Entre Ríos, 17,5 de Formosa, 17,4 de Tucumán y 16,6 de Córdoba. Incluso Jujuy y Tierra del Fuego exportan a Brasil.
En Buenos Aires están las terminales automotrices, la petroquímica y una enorme red de autopartistas y proveedores. En Córdoba, el vínculo brasileño sostiene parte de la industria automotriz y de autopartes, además de trigo y lácteos. Sólo como referencia del grado de integración, el 90 por ciento de las exportaciones cordobesas de autopartes se dirigían a Brasil en los datos oficiales disponibles para 2022.
Deteriorar esa relación para prestar un servicio político a Trump o a un miembro de la Famiglia Bolsonaro significa mucho más que perjudicar una abstracción llamada ideología. Pone en riesgo a empresarios y trabajadores de Pacheco, Zárate, Córdoba o Rosario.
Para estos casos el gobierno libertario tiene una coartada. Dice que los Estados no importan. Que, como argumenta cuando habla de la morosidad familiar, se trata de una cuestión entre privados.
Sin embargo, Su Excelencia y el ministro Luis Caputo saben que así no funcionan las cosas. Ganaron las legislativas de 2025 porque los socorrió Scott Bessent, el ministro de Economía de Trump. El Estado. Están desesperados por abrir del todo el mercado argentino a los productos norteamericanos, y sobre todo a los servicios. Lo negocian de Estado a Estado. Nadie desconoce los vínculos de Peter Thiel, de Palantir, con el establishment militar de Washington. La firma hasta nació con financiamiento de la CIA, que no es una empresa particular. No son los privados, pues. ¡Es el Estado, estúpido! Los Estados colocan aranceles. Hasta llegar al arancelazo, como en el caso de Trump contra Lula o contra la propia Argentina a pesar de la relación de feudovasallaje. Son los presidentes y sus ministros los que utilizan el discreto teléfono rojo para que ningún ruido innecesario perjudique el nexo entre un país y otro.
Pero eso ocurre, claro, en gobiernos mínimamente soberanos. No cuando vuelve, reencarnada, la Enmienda Platt.
