El debate argentino suele quedar atrapado en dilemas pobres cuando se acercan las elecciones. Guillermo Ariza sostiene que la responsabilidad principal no es de la sociedad en abstracto, sino de dirigencias que, por inercia, conveniencia o ignorancia, consolidaron circuitos oligárquicos que degradan la vida democrática. La discusión, plantea el autor, no debería limitarse a enfrentar al gobierno actual, sino a revisar una decadencia más larga: la que se acentuó desde 1976, atravesó la restauración democrática, la convertibilidad, el estallido de 2001 y llegó a una representación política debilitada por partidos vaciados, élites cerradas y nuevas formas de manipulación comunicacional.
Nos pasamos todo el tiempo diciendo que falta mucho para las elecciones y, de pronto, un día nos encontramos con que está todo jugado y las opciones son, en realidad, bastante patéticas.
Aclaremos que más bien hablamos del pasado, pero temblando sobre el porvenir y sus riesgos.
Claro que por ahora hay tiempo para constituir una alternativa electoral que termine con esta gestión desintegradora de la sociedad y la cultura. Pero la condición para que ocurra es trabajar eficientemente en ello, no esperar que suceda por arte de magia.
La emisión del voto suele presentarse para el sufragista como un brete, un paso complicado que hay que atravesar necesariamente mientras no se inventen otras formas de registro operativo de la voluntad popular. De paso: es interesante y a la vez inquietante el origen histórico del concepto “brete”, porque se trataba de un cepo de hierro o madera que, en la antigüedad, se ataba en los pies de los reos para inmovilizarlos.
Una alternativa que no aparece sola
Para ponerle un “sujeto histórico” a nuestra reflexión, suena forzado hoy hablar de campo nacional y popular, habiendo una nítida mayoría electoral encumbrado a un presidente que se ha dedicado a degradar los ingresos fijos de amplios sectores sociales al mismo tiempo que desfinancia y desmantela organismos de protección social, salud, educación, ciencia y tecnología.
Esa gestión recibió además otro respaldo importante en las elecciones de medio término del año pasado, permitiéndole un manejo más cómodo del Congreso Nacional, aunque sin contar con mayorías absolutas.
Cuenta con respaldos extrapartidarios desde el minuto cero, mediante apoyos provinciales y partidos afines, léase PRO y UCR, con lo cual, aun requiriendo negociaciones y no pocos fracasos, ha podido llevar adelante una parte sustancial de su cometido disolvente.
El funcionamiento democrático permitió la llegada al gobierno del grupo desmantelador, algo que no puede entenderse sino a partir de un amplísimo hartazgo de las experiencias anteriores y que, hasta el momento, se mantiene. No existe una revisión autocrítica digna de ser tenida en cuenta por su profundidad y valor como base de elaboración de un programa superador.
Allí es donde, entre otras alternativas, aparece Fuerza Suma+ como corriente de opinión en la línea de proponer el debate sobre cuáles son las prioridades hoy para enfrentar el retroceso que padece la Argentina desde al menos cincuenta años a esta parte.
Una decadencia con raíces antiguas
No se trata sólo de enfrentar a esta gente caracterizada por el odio y el resentimiento, que aparece como consecuencia de los caminos cerrados, uno tras otro, en el último medio siglo. Se impone una revisión más profunda y descarnada.
Nuestra decadencia tiene raíces antiguas, pero se acentúa desde 1976, para poner una fecha ominosa en la historia argentina, con el golpe de Estado que se llamó a sí mismo Proceso de Reorganización Nacional. Fue una sangrienta dictadura que padecimos con miles de muertos y desaparecidos, robos de bebés, tormentos, secuestros y apropiaciones inadmisibles, en el marco de una política económica y social aperturista, monetarista y desindustrializadora que culminó con una aventura en Malvinas, donde se inmolaron valientes compatriotas y se consolidó la presencia militar de la OTAN en el Atlántico Sur.
La restauración democrática reparó sólo en parte los daños causados, evaluación pendiente, y, al tiempo que se consolidó institucionalmente, volvió a dejar una grave secuela de acciones irrealizadas en materia de elevación del nivel de vida y de cultura de la población, calidad educativa, oportunidades laborales y desenvolvimiento económico.
Como toda generalización, esta amplia síntesis histórica omite variaciones, algunas importantes, ocurridas a lo largo de estas décadas, pero pone foco en lo que entendemos como fundamental: un desempeño de mejora social comunitaria muy por debajo de nuestras posibilidades y, a pesar de la aparición de algunos sectores prósperos, la persistencia de una estructura productiva insuficiente como para garantizar aquella meta ineludible extendida al conjunto de la sociedad.
Dado que el éxito económico sólo puede medirse en términos políticos como el arribo a niveles superiores de convivencia material en el seno de cada comunidad nacional, debemos asumir que nuestro fracaso tiene amplias responsabilidades compartidas por los sectores dirigenciales a lo largo de este nada breve período evocado.
Dicho de otro modo, no es responsabilidad primaria del conjunto de la sociedad, lo cual la diluiría hasta hacerla desaparecer. Es la dirigencia, estúpidos, nos diría un avispado Bill Clinton.
Partidos vaciados y representación restringida
La consolidación de la institucionalidad democrática no ha aplicado una condición virtuosa del propio sistema, esto es, su ampliación y mejora constante.
Al no hacerlo, ha ido restringiendo los mecanismos representativos a las élites partidarias, al mismo tiempo que los propios partidos dejaron de ser ámbitos de debate y elaboración de programas y propuestas de elevación de la calidad en la representación y gestión de los asuntos públicos. Fueron procesos convergentes de concentración y pérdida de sustancia.
Sin ánimo de aligerar la carga que pesa sobre nuestras sucesivas dirigencias, apuntemos que no es un fenómeno exclusivamente argentino. Ocurre en todo el mundo con sistemas representativos de tipo partidocrático, que en abstracto considerábamos preferibles a los de partido único u otros regímenes aún peores.
Pero, aun siendo una dificultad que se instaló en las llamadas democracias occidentales, incluyendo por supuesto a Japón sin ironía alguna, no es menos cierto que la Argentina tenía y tiene condiciones como para un despliegue de capacidades culturales que no están cabalmente expresadas en el plano de la representación política.
Ya hemos criticado a los “capaces” que no se friegan en las luchas de los partidos, reservándose para ocupar los cargos presuntamente técnicos para los que se prepararon. Éstos, además de a sus propias conveniencias, sirven clara y definidamente al sistema de poder que se volvió oligárquico, nos guste o no el término.
La cruda disposición constitucional de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”, artículo 22, se volvió, en más de un sentido, una verdadera lápida bajo el anatema de incurrir en el delito de sedición, tan comprensible en la segunda mitad del siglo XIX para ilegalizar las guerras civiles.
Porque una cosa era la sublevación armada para ampliar la representación, el radicalismo hizo historia en sus orígenes con tal recurso, y otra bien distinta es la inconfesable situación actual, donde al pueblo se lo manipula, o al menos eso se intenta, mediante opciones cerradas que a poco andar muestran su dependencia de las relaciones de fuerza que impone el statu quo, o sea, no cambiar sustancialmente nada que perjudique los intereses establecidos.
Intereses, obligado es señalarlo, que no apuestan jamás a jugar en grande, donde todos ganen.
Los ingenieros del caos
Y para colmo, los ingenieros del caos.
Ya a comienzos de 1989 crujía, falta de sustancia transformadora y creyéndose santa por definición, la institucionalidad inaugurada a fines de 1983, a pesar de grandes gestos que ejemplifica el juicio a las juntas militares, como para soportar que el elenco gobernante fuese reemplazado, antes de cumplirse su mandato, por una versión adulterada del interés general atado luego a la artificiosa convertibilidad.
Y sumemos luego la agachada de no enfrentarla, que llevó al estallido frente al gobierno de Fernando de la Rúa a fines de 2001. Se salvó el régimen, pero languideció la causa. Aclaración para jóvenes o quienes no leyeron: régimen o causa era la consigna de Yrigoyen para democratizar la vida republicana.
Improvisando después, vinieron años interesantes, diría un chino filósofo. Lamentablemente, se desaprovecharon las especialísimas condiciones internacionales creadas con el aumento del precio de las materias primas que exportaba la Argentina al flujo expansivo de la demanda china, por ejemplo la soja, para aplicar un programa industrializador más amplio y profundo, que independizara el dispositivo local del aprovisionamiento externo de insumos básicos, mientras se implementaban no pocas mejoras sociales y la caja superavitaria lo permitió.
El éxito político no fue acompañado por el nivel de empleo y, en consecuencia, la tendencia a la mejora salarial se estancó de modo desigual entre trabajadores, proliferando los informales, aunque no como en el nivel actual.
Se nos objetará que no hacemos la historia de la corrupción. La respuesta es que es a propósito, y no porque sea un tema menor, sino porque es el más utilizado para la desacreditación mutua. La apropiación de riqueza mediante un acto de corrupción no sólo es un agravio moral, sino también una sustracción de recursos que en general son atesorados y extranjerizados fuera del circuito normal de los negocios, encareciendo los costos del conjunto. O sea, es también un pecado económico.
Su reducción a niveles ínfimos sólo puede lograrse en el marco de fuertes políticas productivas, elevados salarios y bienestar general, con el más severo régimen de sanciones, que se apliquen, por supuesto. De otro modo, tenemos el simulacro que se observa en los tribunales a la vista de todos y la ignorancia de la mayoría.
Así llegamos, a salto arbitrario tras otro, hasta nuestros días, donde todo se complica cuando la tecnología, en este caso de las comunicaciones, interviene de acuerdo a intereses y de modo dirigido para incrementar la confusión general.
Debilitada la representación por la oligarquización de los partidos, nos llueve la manipulación a escala completa operada por el manejo de la información de los bien llamados ingenieros del caos, Giuliano da Empoli, que no tienen glamour alguno. Por fortuna, diríase un tiro para el lado de la justicia, empiezan a aparecer los datos de las trapisondas realizadas en esta materia por los socios, amigos y colaboradores de Javier Milei.
No se trata ya de adoctrinar, catequizar o difundir, sino de establecer la confusión por aquello, siempre presente, de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Esto no puede contrarrestarse con sermones o prédicas sobre las buenas prácticas, aunque sería estupendo que se legislara al respecto, para proteger la privacidad y castigar la intromisión por saturación en redes.
Pero este flagelo contemporáneo por ahora sólo se resuelve aumentando la creatividad y el compromiso público de quienes advierten la manipulación como una peste y asumen la tarea de desmantelar la mentira como procedimiento masivo. Es una faceta de la batalla cultural que va mucho más allá de lo que pretenden el presidente y sus secuaces, que sólo la entienden como llenar al contrario de basura y descalificación.
A esa politiquería de subsuelo hay que oponer la política del sol y el aire puro, diciendo las cosas como son, ambiente crudo donde mueren los virus del engaño y el chantaje moral.
