El ajuste fiscal del Gobierno nacional tuvo en la salud pública uno de sus impactos más profundos. La reducción real de presupuestos, medicamentos, programas de prevención, prestaciones por discapacidad y recursos hospitalarios muestra el costo humano de una política subordinada al déficit cero. Desde el Garrahan y los hospitales nacionales hasta la salud sexual y reproductiva, el VIH, el cáncer y la investigación sanitaria, los recortes exponen una concepción del Estado en la que el equilibrio de las cuentas se impone sobre la garantía efectiva del derecho a la salud.
Como muchas veces se ha dicho, una cosa son los hechos y otra muy distinta las interpretaciones que se hagan de ellos. Los números pueden discutirse, sobre todo cuando provienen de funcionarios de un gobierno que ha demostrado una particular habilidad para presentar la realidad de acuerdo con sus necesidades políticas. Los datos que habitualmente exhibe el presidente Milei constituyen, en ese sentido, un ejemplo de una arbitrariedad numérica que podrá convencer a sus seguidores más obsecuentes, pero que difícilmente resista una confrontación con los datos oficiales y con la realidad cotidiana de los argentinos.
También es posible que existan diferentes interpretaciones sobre una misma decisión. Lo que para unos es una reducción presupuestaria puede ser presentado por el Gobierno como una “readecuación”; cerrar un programa puede transformarse en una “reorganización del Estado”; suspender una prestación puede ser definido como una “optimización de recursos”; y dejar de enviar medicamentos puede convertirse, mediante el lenguaje burocrático, en una simple cuestión administrativa que eventualmente será solucionada, aunque esa solución no llegue nunca. Las palabras pueden intentar disimular las decisiones, pero no pueden modificar sus consecuencias.
Aquí aparece una cuestión que ninguna interpretación puede ocultar: a la salud pública de los argentinos se le quitaron recursos que habían sido presupuestados y destinados a atender necesidades concretas de la población. Esa pérdida no fue accidental, ni consecuencia inevitable de una situación económica adversa. Fue el resultado de decisiones políticas deliberadas. Y esas decisiones tuvieron una prioridad por encima de cualquier otra: sostener, a cualquier costo, el llamado “déficit cero”.
Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno convirtió el equilibrio fiscal en el principio ordenador de toda su política económica. El problema no está en que un Estado procure administrar responsablemente sus recursos, sino en la concepción que se adoptó para conseguirlo: reducir la presencia del Estado, disminuir salarios y jubilaciones, paralizar obras, postergar pagos, desfinanciar organismos y programas, y utilizar recursos que tenían destinos específicos para mostrar, al final del ejercicio, un resultado fiscal que pudiera ser exhibido como una victoria.
Así se construyó buena parte del tan celebrado superávit. Un superávit que debe ser observado con cuidado, porque no siempre significa que el Estado haya mejorado sus cuentas como consecuencia de una administración eficiente. También puede surgir de no pagar, de pagar menos, de trasladar obligaciones hacia adelante, de reducir prestaciones, de licuar ingresos y de apropiarse temporalmente de recursos que habían sido asignados a determinadas finalidades. Incluso se han utilizado fondos destinados a obras y otras políticas públicas para colocaciones financieras, mientras las necesidades para las cuales esos recursos habían sido previstos quedaban sin atender.
Es un mecanismo que puede mejorar una planilla contable, pero que no necesariamente mejora la vida de la sociedad.
En medio de esta ingeniería destinada a sostener el relato del equilibrio fiscal, la salud fue una de las áreas donde las consecuencias de los recortes se hicieron sentir con mayor crudeza. Porque en salud el ajuste no es una cifra abstracta, ni es simplemente una partida que disminuye en una planilla presupuestaria. Detrás de cada peso que se retira hay una consecuencia concreta: un medicamento que no llega, un tratamiento que se demora, una persona con discapacidad que pierde una prestación, una mujer que deja de recibir un método anticonceptivo, un paciente oncológico que espera una medicación, una investigación que se paraliza, un hospital que debe funcionar con recursos insuficientes o una familia que termina afrontando con su propio bolsillo aquello que el Estado dejó de garantizar.
Por eso, discutir solamente si el gasto en salud cayó en determinada proporción, si la reducción real fue mayor o menor, o si determinada partida fue formalmente ejecutada, puede convertirse en una manera de esquivar la cuestión central. Lo verdaderamente importante es comprobar qué hizo el Estado con los recursos que tenía y qué dejó de hacer cuando decidió retirarlos.
Porque la salud pública no puede analizarse con la misma lógica con la que se administra una cuenta financiera. Un peso que no se gasta en una obra puede significar una obra que se posterga, y un peso que no se destina a un medicamento puede significar que un enfermo no reciba su tratamiento. Cuando se trata de un paciente oncológico, de un niño internado, de una persona con discapacidad o de alguien que necesita un tratamiento indispensable, el costo del ajuste deja de ser contable para convertirse en humano.
Ese es, finalmente, el punto que las cifras no pueden ocultar. El Gobierno puede presentar el déficit cero como una hazaña, puede convertir el superávit en una bandera y puede intentar justificar cada reducción con palabras cuidadosamente elegidas. Pero existe una pregunta que no puede responderse con estadísticas ni con discursos: ¿qué sentido tiene exhibir las cuentas públicas en equilibrio si para conseguirlo se deterioran las condiciones de vida y se pone en riesgo la salud de millones de argentinos?
Un Estado puede tener superávit y una sociedad puede estar cada vez más desprotegida. Puede mostrar cuentas ordenadas y hospitales desfinanciados, puede reducir el gasto y, al mismo tiempo, aumentar el sufrimiento de quienes dependen de las prestaciones públicas. Puede celebrar que gastó menos mientras miles de personas necesitan aquello que dejó de financiar.
Por eso el problema no es solamente cuánto se recortó. El verdadero problema es qué se decidió sacrificar para que el número final cerrara. Y cuando para alcanzar el “déficit cero” se sacrifica la salud, la educación, la ciencia, las jubilaciones, las prestaciones sociales y las condiciones de vida de buena parte de la población, ya no estamos frente a una cuestión meramente económica. Estamos frente a una decisión política y, sobre todo, frente a una determinada concepción acerca de qué cosas importan y cuáles pueden ser abandonadas en nombre de una cifra.
El superávit podrá aparecer en los balances. Pero un gobierno no debería medir su éxito solamente por lo que logró ahorrar, sino también por aquello que dejó de garantizar. Porque si para que las cuentas cierren hay que dejar afuera a los enfermos, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los niños y a quienes necesitan del Estado para acceder a un derecho elemental, entonces quizás las cuentas estén cerrando, pero lo que está fallando es la sociedad que esas cuentas deberían servir.
Algunas cifras del ajuste
Los datos disponibles son contundentes. Entre 2023 y 2024, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud cayó un 31 por ciento en términos reales. En 2025 volvió a caer otro 13 por ciento respecto del año anterior, acumulando una reducción real de aproximadamente 34 por ciento en relación con 2023. No estamos hablando, por lo tanto, de pesos nominales afectados por la inflación, sino de recursos medidos en términos reales, es decir, de la capacidad efectiva de gasto que el Estado destinó a la salud pública.
Y el ajuste no se detuvo allí.
En mayo de 2026, el Gobierno volvió a poner en marcha su ya emblemática motosierra. La Resolución Administrativa 20/2026 modificó el presupuesto nacional y dispuso un ajuste de 63.021 millones de pesos en el Ministerio de Salud. Cuando se descompone esa cifra, el panorama resulta todavía más elocuente: 25.000 millones fueron retirados de las transferencias destinadas al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud y otros 20.000 millones correspondieron a la partida destinada al acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica. A ello se sumó una reducción de 800 millones en programas destinados a VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.
No son simplemente números escritos en una planilla del Ministerio de Economía. Son recursos que dejan de estar disponibles para atender enfermedades, sostener tratamientos, adquirir medicamentos y fortalecer sistemas sanitarios que ya funcionan, en muchos casos, con recursos insuficientes. Esto permite comprender mejor qué significa para este Gobierno la palabra “eficiencia”. No parece tratarse de administrar mejor los recursos, de eliminar gastos superfluos o de hacer más eficaz la gestión. La eficiencia, en la práctica, termina convirtiéndose en una fórmula bastante más sencilla y mucho más cruel: poner menos dinero allí donde se enferman, se atienden y sobreviven los argentinos que dependen de la salud pública.
En las planillas elaboradas por el Ministerio de Economía, esos recortes pueden aparecer como ajustes, adecuaciones o modificaciones presupuestarias. Pero fuera de esas planillas tienen otro nombre: medicamentos que no llegan, tratamientos que se demoran, prestaciones que se interrumpen y pacientes que deben esperar. Y si hay un capítulo donde esta política adquiere una dimensión particularmente dramática es el de los medicamentos de alto costo.
La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales —DADSE— administraba en 2023 un presupuesto de algo más de 37.000 millones de pesos, que fue prorrogado para 2024 en 37.985 millones. Allí se tramitaba la provisión de medicamentos de alto costo, entre ellos drogas indispensables para tratamientos oncológicos y para enfermedades poco frecuentes, además de prótesis y otros insumos médicos. El problema no estaba solamente en el monto asignado, sino en la manera en que comenzó a funcionar el organismo. La demora en la resolución de los expedientes vinculados con la provisión de medicamentos e insumos fue acumulando situaciones que, en materia sanitaria, no admiten demasiadas demoras. Al comenzar 2024, además, existía una deuda de aproximadamente 26.500 millones de pesos con proveedores.
Aquí aparece nuevamente la diferencia entre la lógica de una planilla contable y la realidad de un enfermo. Para el funcionario que administra un presupuesto, un expediente puede ser simplemente un trámite pendiente, una obligación que puede postergarse o un gasto que puede reducirse. Para quien espera un medicamento oncológico, una droga para una enfermedad poco frecuente o una prótesis indispensable, la espera puede significar algo muy distinto. Puede significar que el tratamiento se interrumpa. Puede significar que una enfermedad avance, significar que una familia deba endeudarse para comprar aquello que el Estado debería garantizar. En determinados casos, puede significar que cuando finalmente llegue la respuesta administrativa ya sea demasiado tarde.
Por eso, cuando se habla de ajuste en salud, no alcanza con observar cuánto dinero desapareció de una partida presupuestaria. Hay que preguntarse qué ocurrió después con las personas que dependían de esos recursos. Porque detrás de cada reducción hay una historia concreta, y detrás de cada medicamento que no se entrega hay un paciente que no puede esperar a que las cuentas fiscales vuelvan a cerrar. El Gobierno podrá seguir llamando “eficiencia” a esta política. Pero cambiarle el nombre al ajuste no modifica sus consecuencias. Cuando se recorta sobre la enfermedad, la pobreza y la necesidad, no estamos frente a una cuestión de eficiencia: estamos frente a una decisión política acerca de quién debe pagar el costo del equilibrio fiscal.
Pero como los ajustes mileistas nunca se detienen en mayo de 2026 el Gobierno recortó 20.000 millones de pesos de la partida destinada al acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, y dentro de la misma readecuación presupuestaria quitó 5.000 millones al programa de investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, mostrando un desprecio por aquellos sectores que carecen de acceso a la medicina prepaga, que necesitan atenderse en hospitales públicos o requieren de la asistencia del PAMI como en el caso de los jubilados.
Ante las críticas recibidas el Gobierno sostiene que la provisión de medicamentos oncológicos está garantizada informando que durante el primer trimestre de 2026 destinó 50.800 millones de pesos a medicamentos mediante DINADIC y otros 11.000 millones a través del Banco de Drogas Especiales. Pero una cosa son esos enunciados con su consiguiente propaganda y otra el conjunto, ya que el problema no se limita a cuánto dinero se gastó en unos meses, sino cuánto se ejecutó de lo asignado cuántos medicamentos se entregaron, cuántos pacientes son atendidos y reciben los tratamientos específicos. Y también hay que considerar cuánto poder adquisitivo se perdió respecto del año 2023
Analizando todo este contexto aparece la verdadera dimensión del problema: y puede verse cómo el Estado nacional está reduciendo su capacidad de garantizar el acceso universal a tratamientos que para una familia pueden significar la diferencia entre vivir o morir, ya que no se trata de una concesión graciosa que se hace a los ciudadanos, sino que es la obligación gubernamental de asistir a todas aquellas personas carentes de recursos que necesitan de esta asistencia.
La salud sexual y reproductiva
Si hay un área donde la decisión política resulta particularmente evidente es en la salud sexual y reproductiva, que, como en otras áreas, tampoco es de interés del Gobierno. El Plan ENIA había demostrado resultados concretos en la reducción del embarazo adolescente. Sin embargo, después de la llegada de Milei fue desmante lado, se despidió personal, se interrumpieron envíos de anticonceptivos y se cancelaron capacitaciones. El presupuesto de esta política cayó 85 por ciento en términos reales entre 2023 y 2025. En 2024, además, se ejecutó apenas el 20 por ciento del presupuesto disponible, y los números que hemos consultado muestran el propósito del Gobierno de no ocuparse de cuestiones que tienen que ver con la prevención. La distribución de métodos anticonceptivos, que se había mantenido alrededor de 7,5 millones de unidades, cayó a apenas 2,5 millones en 2024. Y la entrega de preservativos, que durante años había oscilado entre 10 y 24 millones anuales, se desplomó hasta 2,4 millones en 2024. Todo esto es un reflejo de que no existe ninguna política de prevención, que es una forma de hacer política sanitaria. Todo lo cual el gobierno desconoce ya que no entregar anticonceptivos no significa ahorrar. Significa trasladar el costo a las mujeres, a las familias, a las provincias y finalmente al propio sistema sanitario.
Aspectos similares a este desfinanciamiento los podemos ver con lo ocurrido con las enfermedades transmisibles. El programa destinado al tratamiento gratuito del VIH sufrió en 2024 una caída real del 67 por ciento, según un relevamiento difundido por Reuters, mientras para 2025 se proyectaba otra reducción del 46 por ciento, y es posible que en el 2026 existan nuevos recortes. La propia ejecución presupuestaria analizada por la Fundación Soberanía Sanitaria muestra una reducción real cercana al 50 por ciento del programa de VIH en 2024. Las razones del Gobierno son dejar de financiar los tratamientos y la prevención, con la esperanza de que el problema no se haga presente, pero las enfermedades no funcionan de acuerdo con esa lógica. Un paciente que no recibe su medicación no desaparece. Un diagnóstico que no se realiza a tiempo tampoco. Lo que ocurre es que el problema llega después, más grave y más caro, al hospital.
Discapacidad
Más allá de los escándalos conocidos respecto a las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que esperan que la Justicia se decida a investigar en serio, la política hacia las personas con discapacidad también sufrió una reducción significativa. La ejecución presupuestaria de la institución cayó en términos reales 18,2 por ciento entre 2023 y 2025, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Chequeado. Para 2026, el presupuesto de la Agencia implica una caída real de 27 por ciento respecto de 2023. Otro análisis presupuestario calcula una caída real del 22 por ciento entre 2023 y 2026 para el conjunto de ANDIS. La diferencia entre ambas cifras responde a la metodología y a la base utilizada, pero ambas muestran idéntico resultado: el Estado fiel a las instrucciones recibidas por el ministro ajustador Luis Caputo redujo su esfuerzo presupuestario en discapacidad, ya que los números del superávit tienen que cerrar a cualquier precio.
En este caso no solo se trata de cifras a contabilizar, sino de la responsabilidad del Estado para la atención médica de sus beneficiarios, ya que el presupuesto de ANDIS está concentrado en las personas que dependen de asignaciones estatales y cuando se reducen las prestaciones estas no pueden ser sustituidas por el mercado privado de salud, que no las contempla, además una persona con discapacidad no puede optar en recibir o no una terapia, por lo que está sometida inevitablemente a la decisión de funcionarios que miran para otro lado y no se hacen cargo de los graves problemas generados por los sucesivos ajustes. También se registra una caída del 10,6 por ciento real en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155 mil beneficios, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Garrahan
El Hospital Garrahan es una muestra más que pone en evidencia el resultado de las políticas de ajuste y de la crisis en la que se viera envuelto el Hospital. El Gobierno con esa afición constante a la falacia de las cifras sostuvo que el presupuesto del hospital había aumentado 274 por ciento. La cifra, tomada nominalmente, parece impresionante. Pero la inflación cambia completamente la historia. El presupuesto de transferencias nacionales previsto para 2025 era de 186.000 millones de pesos, contra 48.000 millones transferidos en 2023. Nominalmente, el aumento era enorme. Sin embargo, descontada la inflación, el presupuesto 2025 resultaba 14,1 por ciento inferior en términos reales al ejecutado en 2023. Para mantener el poder adquisitivo de 2023, las transferencias deberían haber alcanzado unos 216.000 millones de pesos. La propia ejecución posterior mostró el deterioro: durante los primeros diez meses de 2025 las transferencias nacionales al Garrahan habían caído 18,1 por ciento en términos reales respecto del mismo período de 2024.
El Garrahan no es una salita de primeros auxilios ni un hospital provincial más. Es el principal hospital pediátrico de alta complejidad del país y recibe pacientes de todas las provincias. Allí llegan niños con cáncer y leucemia, enfermedades poco frecuentes, patologías cardíacas complejas, pacientes que necesitan trasplantes y toda clase de enfermedades que no pueden ser atendidas en un hospital común. Además no es solamente un edificio, ni una estructura administrativa, ni una partida presupuestaria. Su verdadero valor está en el personal que lo sostiene todos los días: médicos, enfermeros, técnicos, investigadores, profesionales de distintas especialidades, personal administrativo y trabajadores que desarrollan una tarea de enorme complejidad y que requiere no solamente conocimiento y preparación, sino también una particular dedicación y compromiso. Sin embargo, frente a los reclamos por el deterioro de las condiciones de trabajo y por la insuficiencia de los recursos, desde el Gobierno se intentó reducir el problema a un argumento que ya se ha convertido en una suerte de respuesta automática frente a cualquier reclamo: “hay exceso de personal”.
La simplificación es tan evidente como peligrosa. En un hospital de alta complejidad, ¿qué significa exactamente “exceso de personal”? ¿Se pretende acaso que haya menos médicos, menos enfermeros, menos especialistas, menos técnicos, menos investigadores? ¿Se pretende que un hospital que recibe a los niños más graves del país funcione con una estructura mínima, como si se tratara de una oficina administrativa cuyo único objetivo fuera reducir el número de empleados? Un hospital pediátrico de alta complejidad no puede medirse con la misma vara con la que se calcula la dotación de una dependencia burocrática. Allí la cantidad de profesionales no es un lujo ni una anomalía presupuestaria: es una condición indispensable para garantizar la atención de pacientes cuya vida, muchas veces, depende de la existencia de equipos especializados disponibles las veinticuatro horas.
Por eso, cuando se reduce el presupuesto del Garrahan, no se está modificando simplemente una planilla de Excel ni corrigiendo un supuesto exceso de recursos. Se está afectando la capacidad de una institución que atiende a los niños más graves de la Argentina.
Hay algo todavía más grave: quienes toman estas decisiones parecen olvidar que los pacientes del Garrahan no pueden elegir cuándo enfermarse ni esperar a que el Gobierno termine de acomodar sus números. Un niño con cáncer no puede esperar a que cierre el ejercicio fiscal. Un paciente que necesita un trasplante no puede ser colocado en una lista de prioridades presupuestarias. Un niño con una enfermedad poco frecuente no puede ser considerado un gasto prescindible. La lógica del ajuste puede funcionar en una planilla. No funciona frente a una cama de hospital. Porque cuando se deterioran los recursos del Garrahan, cuando se cuestiona a sus trabajadores y cuando se intenta presentar como “exceso de personal” aquello que en realidad constituye la estructura necesaria para sostener la atención de alta complejidad, lo que se está haciendo no es simplemente reducir gastos, sino que se está poniendo en riesgo una de las instituciones más valiosas de la salud pública argentina y, con ella, la atención de los chicos que más necesitan del Estado.
Esto debería ser suficiente para comprender que hay límites que ninguna obsesión por el déficit cero debería atravesar.
Los hospitales nacionales
En este reiterado ejercicio de la crueldad el Garrahan no está solo sino acompañado por otros hospitales cuyos recursos son recortados sin piedad. Entre 2023 y 2025, las transferencias nacionales a los hospitales SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad) que son centros de salud de alta complejidad. disminuyeron 17 por ciento en términos reales.
En ese período:
Garrahan: −14 por ciento
El Cruce: −23 por ciento
El Calafate: −32 por ciento
Esteban Echeverría: −24 por ciento
René Favaloro: −26 por ciento
En conjunto, dejaron de recibir recursos por 70.000 millones de pesos
El Hospital Posadas, uno de los principales centros del país, sufrió en 2024 una caída real del 32 por ciento respecto de 2023. Y el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, acumula una caída real del gasto del 46 por ciento entre 2023 y 2026.
Cuando se ven estas cifras, se puede tener conciencia de la magnitud de los ajustes y los resultados consiguientes con una deficiente atención médica, falta de insumos, mantenimiento deficiente del instrumental que deja de funcionar y no es reparado por falta de fondos. Salarios insuficientes que pierden frente a la inflación y profesionales que se van del sistema para tratar de tener retribuciones más dignas No es difícil imaginar cuál será el rumbo del sistema ya que la demanda no desaparece, pero los hospitales pierden capacidad para atender a los enfermos por las restricciones que hemos apuntado, ya que la enfermedad sigue existiendo y se ahonda aún más ante la falta de atención
Investigación sanitaria: también se recorta el conocimiento
Hay un aspecto menos visible del ajuste que no debería ser ignorado: la investigación sanitaria. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud «Dr. Carlos G. Malbrán» (ANLIS) no es solamente un instituto de investigación. Es el responsable de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, producción de insumos biológicos, control de calidad, investigación y coordinación de redes de laboratorios. En marzo de 2026 el Gobierno dispuso una reestructuración de la ANLIS que incluyó la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y la fusión de otros centros e institutos, con el pretexto por parte del Gobierno que se trataba de eliminar superposiciones y hacer más eficiente la estructura. Pero en toda esta cuestión existe algo que no puede soslayarse y es que la investigación sanitaria debe ser permanente y no limitarse sólo a cuando ocurre una epidemia. Es la que permite anticiparse a las enfermedades, desarrollar diagnósticos, producir vacunas, controlar medicamentos, estudiar epidemias y sostener la soberanía sanitaria. Un país que deja de investigar queda obligado mañana a comprar conocimiento, tecnología, vacunas, medicamentos y diagnósticos en el exterior. La supuesta eficiencia del sector puede determinar que ante los recortes, el sistema se transforme en dependencia de lo que pueden suministrarnos otros países.
El argumento del Gobierno
El Gobierno sostiene que la salud no fue abandonada, indicando que en el Presupuesto 2026 afirma que Salud representa el 6 por ciento del Presupuesto Nacional y enumera entre sus prioridades los medicamentos, las vacunas, la salud sexual y reproductiva, el VIH, la tuberculosis, la discapacidad, los hospitales y la investigación. El problema es que una cosa es lo que el Gobierno dice que prioriza y otra muy distinta es lo que efectivamente financia. El mismo Estado que afirma priorizar la salud acaba de retirar en mayo de 2026: 25.000 millones de pesos de las transferencias para fortalecer los sistemas provinciales de salud. 20.000 millones de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica. 800 millones de VIH, ITS, hepatitis, tuberculosis y lepra. 5.000 millones del programa de cáncer.
La salud de los argentinos y el abandono del Estado
Si analizamos algunos números del Presupuesto 2026 para comprender cuáles son realmente las prioridades del Gobierno, el contraste resulta difícil de disimular: mientras se destinan alrededor de $3,7 billones a salud, el pago de la deuda pública demanda $14,8 billones. Es decir, se asignan a atender la salud de los argentinos apenas una cuarta parte de los recursos previstos para pagar la deuda. La comparación no es solamente contable: revela un orden de prioridades en el que los compromisos financieros tienen mucha más importancia que las necesidades concretas de la población.
Todo esto ocurre bajo una condición que el Gobierno ha convertido en principio rector de su política económica: el déficit cero. La Ley 27.798 establece para 2026 la obligación de terminar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario y proyecta un superávit financiero superior a $2,7 billones. Y, mientras se preserva ese objetivo como si fuera innegociable, los recursos destinados a atender necesidades esenciales son recortados o postergados.
De las partidas originalmente asignadas a salud, ya se han recortado $63.100 millones. La señal es inequívoca: cuando hay que elegir, la prioridad sigue siendo el equilibrio de las cuentas y el cumplimiento de las obligaciones financieras, aun cuando ello implique quitar recursos a hospitales, medicamentos, tratamientos y programas destinados a proteger la salud. No se trata, entonces, solamente de cuánto dinero se gasta, sino de qué se decide proteger y qué se decide sacrificar. Y los números muestran que, para este Gobierno, la deuda tiene un lugar privilegiado frente a la salud. El problema no es que falten recursos: es que se ha decidido que antes que garantizar medicamentos, tratamientos, atención hospitalaria y prevención, hay que garantizar el pago de la deuda y el superávit fiscal.
El Gobierno ha convertido el déficit cero en una especie de dogma. El superávit que exhibe como principal logro económico se obtiene, en buena medida, pulverizando jubilaciones y salarios, postergando pagos, reduciendo partidas y modificando el destino de fondos asignados, mientras buena parte de esos recursos termina orientada al sistema financiero. Todo gira alrededor de una premisa que el Presidente sostiene como si fuera el paradigma de cómo debe funcionar el Estado, aun cuando para alcanzarla se descuiden funciones esenciales que hacen a su propia razón de ser.
Ya no parece importar si un jubilado no puede comprar sus medicamentos; si una persona con discapacidad no recibe una prestación; si un enfermo de cáncer espera una droga indispensable; si una adolescente necesita anticonceptivos; si una persona con VIH requiere un tratamiento permanente; o si un niño debe ser atendido en el Hospital Garrahan. Nada de eso parece tener prioridad. Lo prioritario es el equilibrio fiscal y, en función de ese objetivo, debe someterse toda la administración del Estado.
Primero está el superávit fiscal; después, si queda algo, vendrán la salud, la educación, la ciencia, la asistencia social y las demás obligaciones del Estado. Y ese orden de prioridades es precisamente lo que debe discutirse.
Porque el Estado no alcanza ese resultado simplemente gastando mejor. Ahorra dejando de comprar medicamentos, reduciendo las transferencias a los hospitales, desfinanciando la prevención, cerrando o debilitando programas, reduciendo la investigación científica y trasladando a las provincias responsabilidades que antes asumía la Nación. Se presenta como eficiencia lo que muchas veces no es otra cosa que el abandono de obligaciones esenciales.
La enfermedad no puede ajustarse. El cáncer no espera. Una discapacidad no desaparece porque se reduzca una partida presupuestaria. Un tratamiento contra el VIH no puede interrumpirse porque una cuenta fiscal deba cerrar. Un niño que necesita atención médica no puede esperar a que las cuentas públicas vuelvan a equilibrarse.
Lo que sí puede ajustarse —y eso es precisamente lo que está ocurriendo— es la posibilidad de que un argentino acceda o no a un tratamiento, a un medicamento, a una prestación o a una atención adecuada.
Cuando un Gobierno decide que el equilibrio de una cuenta pública vale más que garantizar el derecho a la salud, ya no estamos frente a una simple discusión presupuestaria. Estamos frente a una concepción ideológica acerca del Estado y de sus responsabilidades. Una concepción que transforma derechos en gastos, necesidades en costos y personas en variables de una planilla contable.
No es que el Estado carezca necesariamente de recursos. El problema es cómo decide utilizarlos y cuáles son sus prioridades. El Gobierno ha elegido preservar a toda costa determinado resultado fiscal, aun cuando para conseguirlo deba postergar necesidades básicas de millones de argentinos. Y lo más preocupante es que esas decisiones encuentran una dirigencia política que, en demasiados casos, negocia, acuerda o simplemente mira hacia otro lado frente al deterioro de un sistema sanitario que debería ser una de las principales responsabilidades del Estado.
Esta política tampoco puede analizarse de manera aislada. Forma parte de un proyecto más amplio que cuestiona sistemáticamente lo público, presenta al Estado como sinónimo de ineficiencia y propone trasladar al mercado actividades y responsabilidades que históricamente fueron consideradas derechos. En ese esquema, la salud deja de ser concebida como una obligación estatal para convertirse progresivamente en un bien al que cada persona podrá acceder en función de sus posibilidades económicas. Y mientras se estigmatiza lo público, son los sectores más concentrados de la economía los que continúan obteniendo los mayores beneficios de la distribución de la renta nacional.
Pero la salud no puede separarse de la política social. No existe una política sanitaria verdaderamente eficaz cuando se desatienden las condiciones de vida de la población. La prevención, la alimentación, la vivienda, el trabajo, los salarios y el acceso a los medicamentos forman parte de una misma realidad. Pretender curar las consecuencias de la pobreza sin modificar las condiciones que la producen es una tarea interminable.
Hace décadas, ese eminente sanitarista que fue Ramón Carrillo lo expresó con una claridad que conserva plena vigencia:
“Actualmente no puede haber medicina sin medicina social y ésta no puede existir sin una política social del Estado. ¿De qué sirve a la medicina resolver científicamente los problemas de un individuo enfermo, si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de alimentos, por viviendas antihigiénicas –que a veces son cuevas– o por salarios insuficientes que no permiten subvenir debidamente las necesidades? Los problemas de la medicina, como rama del Estado, no podrán ser resueltos si la política sanitaria no está respaldada por una política social”.
Quizás allí esté la cuestión central que hoy pretende ocultarse detrás de las cifras del déficit y del superávit: el Estado no existe para cerrar una cuenta. Existe para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de quienes lo integran.
Si para conseguir el equilibrio fiscal se deja a un jubilado sin medicamentos, a un enfermo sin tratamiento, a una persona con discapacidad sin prestación, a un niño sin atención o a millones de argentinos sin políticas adecuadas de prevención y cuidado, entonces habrá una cuenta que cierre, pero será el Estado el que habrá dejado de cumplir con su razón de ser.