La pregunta que Cicerón dirigió hace más de dos mil años a Catilina recupera actualidad ante un Presidente que convirtió el insulto, la descalificación y la agresión en instrumentos permanentes de intervención política. La discusión no pasa por sus ideas económicas o ideológicas, sino por los límites que impone la responsabilidad institucional. Más grave todavía es la tolerancia de quienes tienen poder económico, político e institucional para marcar esos límites. La degradación de una República no depende solamente de quien gobierna, sino también de quienes, por conveniencia, temor, interés o complicidad, aceptan como normal aquello que deberían repudiar.
Cinco claves:
- Milei convirtió el insulto y la descalificación en una práctica habitual desde la Presidencia.
- En la cena de la Fundación Faro habló de periodistas que debían “quemarse en la hoguera”.
- Empresarios, funcionarios y dirigentes de primera línea escucharon esas expresiones sin que trascendiera una condena inmediata.
- El problema excede las diferencias ideológicas y alcanza la responsabilidad institucional de quienes toleran esa violencia verbal.
- La degradación republicana también se produce por el silencio, la conveniencia y la complicidad de quienes tienen poder para poner límites.
«Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?»
Con esta célebre frase, pronunciada en el año 63 antes de Cristo, Marco Tulio Cicerón increpó en pleno Senado romano a Lucio Sergio Catilina, un ambicioso personaje que encabezaba una conspiración contra la República. Esas palabras, que significan «¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?», constituyeron una de las más memorables interpelaciones de la historia política, ya que no sólo denunciaban las maniobras de un conspirador, sino que expresaban el hartazgo frente a quien había atravesado todos los límites de la tolerancia y pretendía actuar impunemente, despreciando las instituciones y las normas que debía respetar, como hoy lo hace Milei.
Después de casi dos mil años, aquellas palabras conservan una actualidad estremecedora y bien podrían dirigirse hoy a quien ejerce la Presidencia de la Nación, que no sólo ha atravesado todos los límites posibles de la prudencia, la moderación y el respeto que exige la investidura presidencial, sino que se ha convertido en una especie de inquisidor medieval, dispuesto a levantar una hoguera para quemar simbólicamente a todos aquellos que se atrevan a cuestionarlo, descubrir sus maniobras espurias o poner en evidencia las falsedades de su discurso.
Desde hace tiempo conocemos su lenguaje excrementicio, con el que salpica a diestra y siniestra a cuantos se atreven a criticarlo. Cuando leemos los distintos medios gráficos o vemos sus intervenciones televisivas somos testigos de su zafiedad, de sus insultos, sus expresiones miserables, sus desmesuras y esa permanente exhibición de intolerancia que parece constituir uno de los rasgos esenciales de su personalidad, cuyo desequilibrio se muestra cada vez más a través de tales expresiones furibundas. Pero lo verdaderamente alarmante es que semejantes manifestaciones, más propias de un enajenado que de un jefe de Estado, provengan de quien tiene la responsabilidad institucional de conducir los destinos de una Nación, representar a todos sus habitantes y respetar la Constitución que juró cumplir.
A lo largo del tiempo en que se ha convertido en una figura pública no ha existido límite alguno para sus exabruptos. No tolera que se cuestionen sus cifras, se descubran las inconsistencias de sus supuestos éxitos económicos, se investiguen sus relaciones con determinados personajes o se denuncien las consecuencias sociales de una política que ha golpeado brutalmente a jubilados, trabajadores, discapacitados, científicos, docentes y millones de argentinos cuya existencia parece carecer de importancia para quienes gobiernan. Pareciera que ha inventado un mundo propio, ajeno incluso a las estadísticas oficiales y a una realidad que cada día golpea con mayor fuerza a los más carenciados.
Hace apenas unos días, durante su nuevo viaje a España, volvió a exhibir esa conducta que avergüenza a quienes todavía creemos que representar a un país exige un mínimo de dignidad, equilibrio y decoro. Sus pretendidos contactos con los principales dirigentes de la derecha española no tuvieron el resultado que esperaba. No consiguió reunirse con el rey Felipe VI ni con Alberto Núñez Feijóo, y su relación con Santiago Abascal debió limitarse a una comunicación a distancia, aunque pudo encontrarse con Isabel Díaz Ayuso y algún representante marginal de los sectores más conservadores.
Sin embargo, esa limitada actividad no le impidió volver a descargar su conocida retahíla de insultos contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de dictador y delincuente, llegando a sostener que había que sacar a los socialistas del poder «a patadas», y mostrando a través de su lenguaje vociferante los extremos a los que se ha acostumbrado a llegar. Como no podía ser de otra manera, la prensa española registró sus exabruptos, y hasta dirigentes de la derecha cuestionaron la grosería de sus manifestaciones. El resultado fue una nueva exhibición internacional de intolerancia que comprometió la imagen institucional de la Argentina.
No se trata de que Milei tenga posiciones ideológicas diferentes de las de Sánchez, algo perfectamente legítimo en cualquier democracia. Se trata de que utiliza su condición de presidente de la Nación para insultar a otro jefe de Gobierno, entrometerse en disputas políticas ajenas y comportarse como un provocador de barricada, olvidando que no representa solamente a sus seguidores, sino a todo el pueblo argentino. A la habitual vulgaridad de su lenguaje une la permanente exhibición de datos falsos, carencia de conocimientos históricos y un histrionismo que pone en evidencia cada vez más lo desequilibrado de su comportamiento.
Pero existe algo todavía más grave, sobre lo que quiero detenerme especialmente, porque no compromete únicamente la responsabilidad del Presidente, sino también la de un conjunto de poderosos empresarios, funcionarios y dirigentes políticos que parecen haber renunciado a cualquier noción elemental de responsabilidad republicana, que lo celebran, lo acompañan y coinciden con sus propuestas, como si no les importaran sus modos ni la violencia verbal que ejerce todo el tiempo.
El viernes 23 de octubre, durante una cena organizada por la Fundación Faro, que preside Agustín Laje, Milei volvió a utilizar su habitual lenguaje cloacal para atacar a periodistas que habían cuestionado su participación en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No le alcanzó con calificarlos de corruptos, mercenarios y fabricantes de mentiras. En uno de los momentos más miserables de su intervención, después de hablar de los «hijos de puta» que, según él, no merecían ninguna piedad, afirmó que «los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta».
La expresión fue pronunciada por el presidente de la Nación, no por un energúmeno anónimo que vocifera en cualquier esquina. Fue dirigida, en el contexto de su discurso, contra quienes habían investigado y cuestionado un escándalo que comprometía su responsabilidad política y sobre el cual todavía existen numerosos interrogantes e indicios graves, precisos y concordantes acerca de un negociado que benefició a un reducido grupo de especuladores con una probada conexión con él.
Resulta difícil imaginar una manifestación más brutal de intolerancia. La hoguera fue durante siglos el instrumento de una de las expresiones más siniestras de la persecución religiosa y política. En ella fueron quemados miles de seres humanos por sostener ideas diferentes de las impuestas por el poder. Que un presidente argentino, en pleno siglo XXI, recurra a semejante imagen para referirse a quienes lo investigan o critican constituye una degradación moral e institucional que no debería pasar inadvertida para quienes integran las instituciones del Estado ni para los empresarios que habitualmente frecuentan sus hilarantes exposiciones.
Sin embargo, lo verdaderamente escandaloso no fue solamente lo que dijo Milei, sino el auditorio ante el cual pronunció semejantes barbaridades.
En aquella comida estuvieron presentes empresarios y altos ejecutivos de algunas de las compañías más importantes del país: Martín Migoya, de Globant; Marcelo Sielecki, vinculado a Laboratorios Elea; Rubén Cherñajovsky, de Newsan; Martín Eurnekian, de Aeropuertos Argentina; Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina; David Martínez, del fondo Fintech; Adrián Werthein, vinculado a DirecTV; Francisco de Narváez, propietario de Chango Más; Horacio Marín, presidente de YPF; Manuel Santos Uribelarrea, de MSU Energy; Mariano Bosch, de Adecoagro; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; y Ricardo Markous, de Tecpetrol, entre otros representantes del gran poder económico. También estaban allí el ministro de Economía, Luis Caputo; Diego Santilli; Patricia Bullrich; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Santiago Caputo, asesor presidencial; Santiago Viola, funcionario del Ministerio de Justicia; Adrián Ravier, vocero presidencial; otros dirigentes y el embajador estadounidense Peter Lamelas.
No se trataba precisamente de un conjunto de ciudadanos desinformados, incapaces de comprender el significado de las palabras. Eran hombres y mujeres con responsabilidades públicas, empresarios que conducen corporaciones de enorme poder económico, funcionarios que administran recursos del Estado y dirigentes que han sido elegidos para representar al pueblo. Todos ellos escucharon al Presidente hablar de hogueras, de enemigos que no merecen piedad y de periodistas a quienes insultó de la manera más miserable.
Según las crónicas periodísticas, aquellas expresiones fueron acompañadas por aplausos y risas de parte del auditorio. No conocemos la reacción individual de cada asistente, pero sí sabemos que el espectáculo se desarrolló ante ese conjunto de personas sin que trascendiera un cuestionamiento público inmediato de semejante barbaridad por parte de ninguno de ellos.
Aquí aparece una cuestión que considero esencial: ¿qué clase de dirigentes y empresarios son aquellos que pueden escuchar semejantes expresiones sin sentir la necesidad de manifestar su rechazo? ¿Es que todos ellos piensan de la misma manera? ¿Comparten esa idea de aniquilación simbólica de quienes sostienen posiciones diferentes? ¿Consideran aceptable que un Presidente utilice la investidura que le ha conferido el pueblo para amenazar, insultar y degradar a quienes ejercen el legítimo derecho de criticarlo?
No voy a atribuirles individualmente pensamientos que desconozco, pero su presencia, los aplausos registrados y la ausencia de una condena pública plantean interrogantes inevitables. Porque hay circunstancias en las que el silencio deja de ser una actitud de prudencia y comienza a transformarse en una forma de complicidad moral.
¿O acaso lo único que les interesa son sus negocios, los beneficios que puedan obtener, las ventajas que les conceda el poder y los dineros que puedan acumular mientras millones de argentinos padecen las consecuencias de políticas hambreadoras? ¿Qué puede esperarse de esos empresarios que aparecen permanentemente en los medios, sobreactúan sus virtudes, se presentan como ejemplos de eficiencia y responsabilidad social, pero son capaces de sentarse a escuchar semejantes miserias sin que parezca importarles la dignidad de las personas ni los principios elementales de una convivencia democrática?
Muchos de ellos han hablado de libertad de expresión, de instituciones, de seguridad jurídica, de respeto a la propiedad y de los valores de la República. Pero sería oportuno preguntarles qué entienden por libertad cuando el Presidente al que acompañan pretende enviar a la hoguera a quienes lo cuestionan, y dónde queda su declamada responsabilidad social cuando aceptan semejante degradación del lenguaje público.
Parece que se olvidaron de que la libertad no consiste únicamente en defender el derecho de propiedad, exigir seguridad jurídica para las inversiones o reclamar que el Estado no intervenga en sus negocios. La libertad supone, antes que nada, el reconocimiento de la dignidad de los otros, el respeto a quienes piensan diferente y la defensa de derechos que no pueden quedar subordinados a los intereses económicos de los poderosos.
Una sociedad no se destruye solamente por la conducta de quienes gobiernan. También se degrada por la complacencia de quienes, teniendo poder suficiente para poner límites, prefieren mirar hacia otro lado, acomodarse a las circunstancias y preservar sus privilegios.
Lo mismo cabe decir de los funcionarios y dirigentes políticos que acompañaron aquella vergonzosa exhibición de intolerancia. Algunos han sido elegidos por el voto popular, otros ocupan cargos de enorme responsabilidad institucional y todos tienen la obligación de comprender que la lealtad a un Presidente jamás puede colocarse por encima de la lealtad a la Constitución, a la República y al pueblo.
Sin embargo, parecen haber convertido la política en una forma de supervivencia personal, en una actividad destinada a conservar cargos, negociar posiciones y disfrutar de los beneficios del poder, olvidando que su única razón legítima de existencia es representar a quienes los eligieron.
En todas las apariciones de Milei no se trata de cuestionar sus preferencias ideológicas ni de discrepancias sobre el rumbo de la economía. Se trata de algo mucho más profundo: de la degradación de la vida pública, del envilecimiento del lenguaje político y de la naturalización de una violencia verbal que pretende transformar al adversario en un enemigo al que debe destruirse.
Cicerón comprendió que la República no podía permanecer indiferente ante quienes conspiraban contra sus instituciones. Por eso su célebre interrogación a Catilina no fue una simple expresión de indignación personal, sino la advertencia de que existía un límite que nadie podía atravesar impunemente.
Hoy, frente a un Presidente que ha convertido el insulto en método político, la descalificación en argumento y la agresión en una práctica cotidiana, corresponde recuperar aquella pregunta: ¿hasta cuándo, Milei, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tu lenguaje excrementicio, tus expresiones miserables, tus desmesuras y tu pretensión de convertir a todos los que piensan diferente en enemigos que merecen ser arrojados a una hoguera?
¿Hasta cuándo esos empresarios poderosos abusarán también de nuestra paciencia, exhibiendo una complacencia que resulta difícil separar de sus intereses económicos mientras millones de argentinos soportan privaciones, angustias y necesidades que parecen no conmoverlos? ¿Hasta cuándo los dirigentes que deberían representar al pueblo seguirán comportándose como una claque al servicio del poder, preocupados por sus cargos, sus privilegios y su permanencia en la política, en lugar de cumplir con las obligaciones que asumieron? ¿Hasta cuándo los gobernadores negociarán lo que sea para no desmarcarse de las políticas presidenciales, aunque ellas dañen a sus provincias? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial mirará para cualquier lado y no habrá un fiscal digno que impute penalmente a quien está deshonrando la función para la que fue elegido y muestra a diario una inhabilidad moral que sería más que suficiente para apartarlo del cargo por las vías legales?
El problema de la Argentina no es solamente la existencia de un Presidente que ha hecho de la zafiedad y la intolerancia una marca de su gobierno. Es también la existencia de una dirigencia económica y política que, por conveniencia, temor o complicidad, contribuye a normalizar semejante espectáculo.
Esto resulta todavía más grave porque los presidentes pasan, los gobiernos terminan y las mayorías electorales se modifican, pero el daño moral que produce la aceptación colectiva de la arbitrariedad puede permanecer durante generaciones.
La República no se degrada únicamente por la conducta de un gobernante que desprecia sus límites, sino también por la cobardía, el oportunismo y el silencio de quienes tienen la obligación moral de enfrentarlo. Cicerón increpó a Catilina porque entendió que había llegado el momento de poner un límite a su arrogancia. Dos mil años después, aquella advertencia conserva toda su fuerza.
Cuando un Presidente habla de hogueras, cuando los poderosos lo escuchan complacidos y cuando los representantes del pueblo callan para conservar sus privilegios, lo que está en peligro no es la tranquilidad de un gobierno, sino la dignidad misma de una Nación.
Llegará un momento en que no habrá negocio, fortuna, cargo, prebenda ni privilegio capaz de justificar ante la historia la indignidad de haber aplaudido aquello que, por elemental decencia, debió ser repudiado. No habrá excusa posible para aquellos dirigentes que, por cobardía, oportunismo, complicidad o miserable conveniencia personal, consintieron el sometimiento de las instituciones de la República a quien proclamó, sin disimulo alguno, que había llegado para destruir al Estado nacional.
Porque no podrán alegar ignorancia quienes conocieron sus propósitos, escucharon sus amenazas, presenciaron sus atropellos y, lejos de enfrentarlos, eligieron inclinarse servilmente ante el poder, convirtiéndose en cómplices de una devastación deliberada. Tampoco podrán invocar prudencia quienes hicieron de la claudicación una conducta permanente, ni podrán hablar de responsabilidad institucional aquellos que traicionaron las responsabilidades que habían asumido ante la sociedad.
La historia suele ser implacable con quienes, pudiendo impedir una injusticia, prefirieron beneficiarse de ella. Cuando llegue el momento de rendir cuentas, porque ese momento siempre llega, quedará al descubierto la verdadera dimensión de tanta indignidad.
Entonces, detrás de los discursos, las justificaciones y las fortunas acumuladas, sólo quedará una verdad imposible de ocultar: no fueron simples espectadores de la destrucción de la República, sino sus cómplices, sus beneficiarios y, en muchos casos, sus entusiastas ejecutores.
Y esa infamia no podrá ser borrada por ningún poder, comprada por ninguna fortuna ni absuelta por el silencio.
