El presidente Milei se presenta como un personaje “emotivo”, pero, en realidad, es solo un engranaje de un sistema afinado, en el que convergen varios intereses: financieros, extractivos, empresariales, mediáticos y geopolíticos, que intentan, una vez más, reconfigurar el poder en la Argentina. No es el pintoresco estilo presidencial lo verdaderamente esencial.
Gritos, insultos, motosierra, teatralidad, agresividad verbal o gestualidad mesiánica son la escenografía distractora de una trama dictada por gente poderosa; una obra montada como un proceso estructural consistente en demoler los límites sociales, institucionales y distributivos, además de reorientar al Estado, haciéndolo fuerte para disciplinar a trabajadores, jubilados, estudiantes, provincias y organizaciones sociales; ausente para cuidar; presente para garantizar negocios; impotente para defender el interés nacional. Milei parece comportarse de un modo delirante, pero detrás de esa máscara está escondida una metodología. Su escenificación, bastante natural, lo muestra simulando una total “sinceridad” (la hipocresía del clásico discurso político tradicional está bastante devaluada) para aplicar, a toda velocidad y con crudeza, una reforma laboral regresiva, desregular la economía, abrirse al capital concentrado, aumentar la subordinación financiera, reducir el gasto social, criminalizar la protesta y debilitar las instituciones, destruyendo así los intereses nacionales.
Su llegada a la presidencia se atribuye, en cierta medida, a la enorme frustración social, la crisis de representación, el odio acumulado contra la política, una inflación persistente, el endeudamiento, la fragmentación cultural y el desgaste de un Estado supuestamente protector.
Los principales núcleos de intereses son:
Los intereses financieros. Acreedores externos, organismos multilaterales, bancos, fondos de inversión y actores vinculados a la deuda necesitan un Estado con capacidad de ajuste, superávit fiscal y garantía de prioridad de pago.
Los intereses extractivos. Energía, minería, litio, hidrocarburos, agronegocios y otras inversiones necesitan estabilidad jurídica, beneficios impositivos, facilidades cambiarias, menor regulación y capacidad estatal para neutralizar conflictos territoriales. El RIGI no atrae inversiones: garantiza grandes retornos.
Los intereses empresariales y regulatorios. La desregulación de alquileres, abastecimiento, góndolas y compre nacional favorece principalmente a los actores con mayor nivel financiero y con capacidad para imponer condiciones: grandes empresas, formadores de precios y sectores que buscan operar con menos controles públicos, como las plataformas de internet. Las pymes y los usuarios son los perdedores, por tener menor poder de negociación.
Los intereses geopolíticos. La reorientación de la política exterior argentina hacia un alineamiento explícito con EE. UU. e Israel y el rechazo del ingreso a los BRICS expresan un giro que reduce cualquier margen de maniobra en un mundo crecientemente multipolar; la política exterior argentina nunca tuvo antes ese grado de vasallaje.
El “sistema libertario” impuesto por este gobierno no busca favorecer la “mano invisible del mercado”. Por el contrario, opera para favorecer a determinados intereses, destruyendo el tejido social y fraccionando a la sociedad, a la política y a las instituciones para debilitarlas de tal manera que no puedan oponerse a semejante latrocinio, destructor del poder nacional. Tampoco es muy “libertario” que el gobierno imponga topes de ajuste inferiores a la inflación mensual en paritarias clave del sector privado, provocando un retroceso del 12% del salario real. Hipocresía libertaria es hablar de libertad económica cuando las empresas aún están sometidas a un cepo cambiario.
Los intereses empresarios concentrados se apropian de la riqueza material e intelectual de toda la sociedad, destruyendo empleos registrados (más de 200.000) y transformándolos en trabajo monotributista e informal, con ingresos deprimidos. Esa presencia actúa como freno a las protestas laborales y sindicales. Por la baja del ingreso familiar y el deterioro de la calidad del empleo, se produce una merma sostenida del consumo, que afecta a fábricas y al comercio en general. Esa cascada negativa afecta además a las cajas previsionales (jubilaciones) ya parcialmente desfinanciadas. En todo ese recorrido, no es casual que además se ataque a la educación, la ciencia y la tecnología y la industria nacional, entre otras acciones.
Existen numerosas denuncias públicas de corrupción y del direccionamiento de negocios hacia los “amigos”. Estas prácticas habituales de la casta renovada no se diferencian demasiado de algunas anteriores y nos demuestran que estamos en presencia de un verdadero “sistema”, destructor de la Argentina.
A fin de neutralizar dichas críticas, una de las herramientas usadas consiste en realizar un ataque “sistemático” a la credibilidad de los periodistas o de los medios, acusándolos de estar cooptados por “intereses contrarios al pueblo”. La acusación “sistemática” a periodistas de ensobrados o corruptos, difundida por medios digitales, plataformas y trolls, se complementa con los exabruptos presidenciales, que no constituyen un recurso retórico ocasional. Es un patrón de conducta estratégico de su política comunicacional, usado para deslegitimar las críticas y denuncias de corrupción o de mentiras gubernamentales.
Estamos en presencia de un verdadero sistema para gobernar, mientras, enmascaradamente, se opera sobre el desguace nacional. Las peleas internas del oficialismo también nos muestran a los operadores gubernamentales que representan a los lobbies económicos, en guerras contrapuestas, que se abalanzan sobre un mismo botín.
Oponerse a esta política gubernamental no implica en modo alguno apoyar las viejas prácticas políticas ni promover un Estado clientelista. Se trata de destacar la necesidad de formular una política realista que permita transformar la Argentina, pero basada en principios soberanos apropiados para defender los intereses nacionales, sin tomar partido en el conflictivo equilibrio de intereses geopolíticos ajenos a nuestra tradición histórica, ni proseguir con alineamientos automáticos propios de países sometidos, ni someterse a las grandes potencias, cuyo poder, en su momento, hemos desafiado desde nuestra independencia.
Ricardo Auer es consultor de riesgo geopolítico