Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ubica a Tucumán como la provincia con la tasa de mortalidad penitenciaria más alta del país y denuncia hacinamiento en comisarías, aislamiento extremo, torturas y graves violaciones de derechos en cárceles y centros de detención de niños, niñas y adolescentes. Fernando Korstanje, representante de la sociedad civil en ese organismo, advierte sobre la responsabilidad de los tres poderes del Estado y sostiene que en Tucumán existe una señal permisiva frente a la violencia policial.
Cinco claves:
- Tucumán tiene la tasa de mortalidad penitenciaria más alta del país: ocho muertes cada mil personas presas.
- El Comité Nacional denuncia hacinamiento, aislamiento prolongado, torturas y falta de atención médica en cárceles y comisarías.
- La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura tiene prohibido acceder a los lugares de detención que debería controlar.
- Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental son sometidos a dispositivos policiales y condiciones incompatibles con estándares internacionales.
- El informe atribuye responsabilidades al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial y reclama restablecer controles efectivos sobre el sistema penitenciario.
El informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura describe un sistema de encierro atravesado por hacinamiento, aislamiento y violencia institucional, explica Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Tucumán. La entrevista completa puede escucharse en Spotify y verse en YouTube. El informe completo del Comité Nacional es de acceso público.
—El informe que ustedes en el Comité han producido es extenso, detallado, muy completo, muy preciso. Tiene 70 páginas porque no puede ser menos. Y he quedado verdaderamente impactada, te digo con toda franqueza.
—Nosotros mismos, que estamos mucho más habituados que el común de las personas a estos hallazgos en este tipo de inspecciones y de informes, estamos muy consternados. Y esto se va naturalizando, se va haciendo costumbre, se va haciendo común. Vos y yo hace rato que estamos demorando esta conversación sobre el informe de la última visita del Comité Nacional porque el informe estaba sujeto a secreto. Y estaba sujeto a secreto porque así lo dispone la ley nacional: en el informe de una inspección hay un período en el que no puede tomar estado público porque está reservado para que las autoridades provinciales sobre las que se informa hagan su descargo, contesten, tomen decisiones y esas decisiones se incorporen al informe. Entonces, tuvimos 20 días durante los cuales el informe fue reservado. ¿Qué pasó en esos 20 días? ¿Qué contestó la provincia? Nada. Nada. O sea, la provincia ha hecho oídos sordos, como tantas otras veces, a un informe del Comité Nacional de Prevención de la Tortura que es gravísimo.
—Las situaciones que se relevan son gravísimas. ¿Por qué el silencio de la Provincia?
—El informe, como vos decís, es extensísimo. Y cuando vos decís lo que “ustedes han observado”, tengo que hacer otra aclaración: es lo que ha observado el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, porque el organismo provincial que yo integro, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que es su correlato local, tiene prohibido el acceso a los lugares de detención. O sea, nosotros tenemos prohibido expresamente el acceso a la información, visitar lugares de encierro, comisarías, cárceles o centros de menores. La provincia ha sancionado una ley que la propia provincia incumple. Es muy grave. El mecanismo de prevención de la tortura de la provincia está bloqueado. Por eso la frecuencia de las visitas “extras” del Comité Nacional, que no hacen en ninguna otra provincia. Entonces nosotros acudimos al Comité Nacional porque no nos dejan hacer nuestra tarea aquí. Eso también tenemos que decirlo. Lo que ha visto el Comité Nacional son cosas que nosotros ya sabemos, por supuesto, porque hemos hecho visitas anteriores y porque estamos en contacto con la población privada de la libertad y con sus familiares. Tucumán tuvo visitas de este Comité Nacional en 2020, 2021, 2023 y dos veces en 2025, en enero y en noviembre. Sin respuesta de la provincia y siempre encontrando cosas graves.
—¿Qué cosas han encontrado?
—Lo primero que dice el informe es que el organismo provincial no puede funcionar. Y ahí el organismo nacional señala responsabilidades de todos los poderes del Estado: del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que no designa a los tres legisladores que tienen que integrarlo, y del Poder Judicial, que tiene dos personas, el ministro público fiscal y el ministro público de la defensa. Por ley tienen la obligación de integrarlo y la están incumpliendo. Y la Corte Suprema hace una exhortación a integrar la comisión, pero es una exhortación que parece un saludo a la bandera, una formalidad muy amable.
—Un gesto simbólico…
—La Corte no ordena porque no quiere entrar en un conflicto de poderes. El primer señalamiento que hace el Comité Nacional, bastante duro para su estilo habitual, es decirle a la Corte: “Señores, ustedes tenían un hábeas corpus abierto desde 2015, iniciado por dos fiscales por el hacinamiento en las comisarías”. Ese hábeas corpus, que estuvo abierto desde 2015 hasta 2025, era similar al denominado “Verbitsky” a nivel nacional por la situación de las comisarías. Tucumán tenía más presos en comisarías que en cárceles y era la provincia que tenía más presos en comisarías de todo el país. Entonces, la Corte Suprema decide levantar ese hábeas corpus sin que el problema de las comisarías se hubiera resuelto. El Poder Ejecutivo inauguró un par de cárceles que sí ampliaron la capacidad para alojar detenidos, pero de ninguna manera vaciaron las comisarías. Hoy Tucumán sigue teniendo comisarías con hacinamiento y las nuevas cárceles ya nacieron con un diseño de hacinamiento porque alojan más gente de la que pueden alojar. El cupo de lo que puede “aguantar” una construcción está fijado arbitrariamente, discrecionalmente y sin responder a ningún estándar internacional. La cárcel, se supone, es un lugar de rehabilitación social y entonces tiene escuela, campo de deportes, lugar de visitas. Eso no se está cumpliendo y las comisarías están llenas. Eso lo dice el informe claramente y el Comité Nacional ha visitado comisarías y ha constatado condiciones de hacinamiento. En síntesis: hay un primer señalamiento sobre cierta falta a la verdad respecto de lo que sucede en las cárceles y comisarías, y un segundo señalamiento de responsabilidades institucionales a los tres poderes del Estado.
—Bueno, eso es fuerte porque es un señalamiento político. En 2024 había un 147 por ciento de sobreocupación. Se obliga, dado este contexto que estamos describiendo, a las personas detenidas a usar el patio para dormir, tienen que levantar los colchones para tener un par de metros cuadrados donde caminar, está saturado de humedad, con plagas que, por supuesto, los enferman.
—Tienen solamente dos letrinas y dos duchas para 56 personas. Esas son las condiciones. Vos estás describiendo las condiciones de la Comisaría 5ª, que queda a cuatro o cinco cuadras del Poder Judicial de la avenida Sarmiento. Son dos celdas donde no se puede caminar, donde llueve adentro y donde realmente tienen que levantar los colchones para vivir durante el día y acostarse a la noche, y para que no se les mojen.
—En las cárceles hay una tortura sistemática, señalan.
—La definición de tortura no es solamente que alguien te ate a una cama y te pase corriente eléctrica. La definición de tortura que da la Convención Internacional contra la Tortura es más amplia y ha sido firmada y ratificada por nuestro país. Nuestro país es el campeón mundial de las ratificaciones de tratados internacionales de derechos humanos. Y después no los cumple. Uno diría que esto se ha modificado en las nuevas cárceles, pero no tenemos imágenes de las cárceles nuevas con presos. Tenemos imágenes de las cárceles nuevas visitadas por las autoridades en las inauguraciones.
—Claro, tenemos imágenes con los jueces, pero no con los presos.
—¿Y con los presos por qué no tenemos? ¿Y por qué no podemos entrar? Porque los presos no tienen comunicación. Eso es violatorio de la Ley 24.660 y de las Reglas Mandela. Los presos de Benjamín Paz no tienen contacto con el mundo exterior: no hay celulares ni teléfonos públicos. Ven a sus familiares una vez a la semana durante 15 minutos, bajo custodia policial. Ven a sus abogados a través de un vidrio. No pueden fumar, no pueden tomar mate. Y pasan 23 horas encerrados en una celda. Y la hora restante de las 24 horas del día es fraccionada: cinco minutos para comer, cinco minutos para bañarse, cinco minutos para cepillarse los dientes; las dos cosas al mismo tiempo, no. Entonces, ese régimen está tipificado por los estándares de Naciones Unidas como un régimen de tortura. El aislamiento continuo es tortura. Y, por supuesto, trae enormes problemas de salud mental, enormes problemas de convivencia. El informe señala afecciones y mareos de los presos cuando salen al patio cinco minutos por la falta de acostumbramiento a ver la luz. Es una locura que eso esté sucediendo en el siglo XXI, en nuestras narices, y que sea exhibido como política pública de seguridad. Y no tienen ningún problema las autoridades en decir que cumplen todos los estándares mientras niegan el acceso de los organismos de control que podrían certificar eso.
—Sin ningún ánimo de ser escabrosos, sino de que tomemos conciencia, son habituales los así llamados rituales de bienvenida con golpes de puño, patadas, mangueras, caños y asfixia mecánica. En Delfín Gallo, donde se alojan mujeres, las sacan arrastrando, esposadas hacia atrás, y eso les provoca dislocaciones en las muñecas.
—Hay que decirlo: a las mujeres les hacen penetraciones en sus cavidades anales y vaginales con instrumentos de tortura. En la cárcel de mujeres de Delfín Gallo hay una sala para visitas íntimas. Esa sala es usada como lugar de tortura, reclusión y aislamiento de mujeres presas. Eso no había pasado nunca en Tucumán. La cárcel de mujeres era un lugar súper pacífico. Yo he visitado muchas veces el lugar; he conocido a todas las guardiacárceles, a todas las mujeres detenidas. Tengo un vínculo desde el año 2008 con la cárcel de mujeres y te puedo decir que ahí nunca había habido un suicidio, ni una fuga, ni un motín, ni una muerte. Y este año hemos tenido una muerte dentro del pabellón de la cárcel de Delfín Gallo. Cuando la señora pedía auxilio, no la auxiliaron y se murió en la cárcel, que es una alcaidía que el gobierno decidió llamar complejo penitenciario. O sea, con cambiarle la nomenclatura pensaron que con eso le daban jerarquía. Hay 100 mujeres presas y no hay médico. En Benjamín Paz, donde hay muchos más presos, no hay médico permanente. Sin control, estos lugares oscuros, que no son transparentes para el conjunto de la sociedad, alimentan este tipo de cosas que uno no sabe si creerlas o si son exageraciones.
—El informe del Comité Nacional es de acceso público. ¿Dónde se lo puede buscar?
—El informe lo puede leer cualquier persona en la página del Comité Nacional, cnpt.gov.ar. Donde dice “Informes” hay una pestaña que dice “Informes de inspecciones”. Abajo de todo, con la T de Tucumán, por el orden alfabético, está el último informe de Tucumán del cual estamos hablando.
—¿Qué dice el informe sobre la cantidad de muertos en condiciones de encierro?
—Pasamos del tercero al primer lugar del país en muertos bajo custodia estatal. Cuando alguien muere bajo la custodia del Estado, se invierte la carga de la prueba y hay una presunción de muerte ilícita bajo responsabilidad del Estado. O sea, el Estado, la fiscalía y las investigaciones tienen que determinar y deslindar responsabilidades: no hay que demostrar su culpabilidad, hay que demostrar su inocencia. La Fiscalía, lo dice también el Comité Nacional en este informe, especialmente la Fiscalía de Homicidios 1, le negó información, le negó el acceso al expediente y a las autopsias. El estándar internacional, que para el caso de muerte se llama Protocolo de Minnesota, obliga a los médicos forenses y a los fiscales a buscar señales de tortura en el cuerpo de una persona fallecida bajo custodia estatal. Tenemos récord nacional en causas de muerte y, después de que este informe se produjo, hubo tres muertes más: una en Simoca, una en Delfín Gallo y otra en Benjamín Paz. Tucumán es la provincia con la tasa de mortalidad penitenciaria más alta del país, casi duplica la media nacional: ocho muertes cada mil presos. En comisarías son cuatro cada mil. Predominan los ahorcamientos de jóvenes menores de 30 años y las agresiones.
—¿Qué ocurre en los centros de detención de niños, niñas y adolescentes?
—Particularmente en el Instituto José María Goretti, que es un centro de detención para mujeres menores de edad en conflicto con la ley, el informe cuestiona muy fuertemente el uso de dispositivos y del sistema penal y la custodia policial de personas con problemas de salud mental, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. La provincia tiene un déficit gravísimo de atención con respecto a temas de adicciones y salud mental. Entonces los juzgados recurren a poner una custodia policial y enviarlos a estos centros de detención que son para otra cosa. En un caso que involucraba a una persona con problemas de salud mental, un juez ordenó una custodia policial y esa persona se suicidó con el arma de la policía. La policía se olvidó el arma porque se fue a tomar mate, y el niño o niña tomó el arma y se pegó un tiro. Y nadie renuncia, ningún ministro renunció. Es muy grave. Eso lo dice el informe con toda claridad.
—¿Qué ocurre con el recientemente inaugurado Instituto Cura Brochero?
—Es una cárcel y está dentro de un complejo de una cárcel. Tiene todos los dispositivos de ingreso a una cárcel: la construcción, la arquitectura de una cárcel, las celdas de una cárcel. O sea, no tiene nada de especializado para niños, niñas y adolescentes. Todavía no estaba habilitado, pero ya el Comité Nacional lo señala.
—¿Hay presos tucumanos “deportados” a cárceles federales?
—Acabo de venir de Buenos Aires y de tomar contacto con varios referentes de la lucha contra la tortura en el país, entre ellos los del sistema federal. Tucumán está enviando castigados a presos tucumanos a cárceles federales en los confines del país: a Neuquén, Rawson, Ezeiza, La Pampa. Entonces, arbitrariamente, la provincia que se jacta de tener una política penitenciaria asume su impotencia. Son seis o siete presos en este momento los que están deportados, exiliados fuera de la provincia, con autorización de los jueces de ejecución de Tucumán. Entonces, los jueces de Tucumán aceptan enviar a un preso lejos, sin visitas familiares, en aislamiento. Y abandonados, por supuesto: ya se suicidó uno en Rawson. En mi visita reciente a Buenos Aires pregunté: ¿todas las provincias hacen esto? ¿La provincia de Jujuy manda presos jujeños al sistema federal? No. Solo Tucumán. Solo tenemos en el sistema federal presos tucumanos y cada vez tenemos más. Hay un discurso de que tenemos una política penitenciaria, pero al mismo tiempo con estos hechos asumen la impotencia de que no pueden controlar un preso. O sea, no pueden disciplinar a un preso, lo tienen que mandar afuera. Eso no es un disciplinamiento: es un castigo al preso y a su familia, ante la impotencia de sus abogados, que tienen que gestionar las condiciones de habitabilidad de un preso que está en Rawson teniendo matrícula de Tucumán, negociando con un juez y planteando cosas a un juez de ejecución de Tucumán. En el caso López contra la Argentina, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por este traslado de presos lejos de su lugar de pertenencia y de su entorno familiar.
—¿Cuáles son las recomendaciones que le hace el Comité Nacional al gobierno tucumano?
—Le pide al Poder Ejecutivo que elimine el hacinamiento en comisarías, que cese la tortura en las cárceles, que prohíba las consignas policiales en hogares y hospitales, que ponga de una buena vez en funcionamiento el mecanismo local y el órgano de revisión de salud mental, y que el Poder Judicial vuelva a controlar activamente el hábeas corpus.
—Y entonces la pregunta de cierre es: ¿qué pasa en Tucumán?
—En Tucumán pasa que hay piedra libre a la violencia policial, hay una señal permisiva de parte de los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo se ha ocupado de rememorar las consecuencias trágicas del golpe de Estado de hace 50 años con un ojo, y con el otro ojo no mira la tortura del presente, como si no tuviéramos que haber aprendido del pasado para que el Nunca Más sea una cosa a lograr y no algo que ya está dado. Y el Poder Judicial… Acabamos de enterarnos de una sentencia de la Corte Suprema de Tucumán en el caso de Facundo Ferreira, que ya revocó una sentencia de jueces que condenaron a los policías a perpetua: policías a los que les dio positivo cocaína y que le plantaron un arma al pibito de 12 años y le dieron un balazo en la nuca. Rechazaron ese juicio y mandaron a hacer uno nuevo. El nuevo juicio los volvió a condenar, esta vez a 15 y 12 años, pero ahora tomó lo que los abogados llaman “competencia positiva”. Ya no mandó a hacer un nuevo juicio, se hizo cargo del expediente y los absolvió. Y en sus discursos, el jefe de Policía y el gobernador mismo amenazan al abogado defensor de la causa, el doctor Garmendia, con un disciplinamiento que no se puede cuestionar porque alguien puede sufrir represalias. Esa es la situación de Tucumán.
—¿Cuándo se hará público este informe en Tucumán?
—En la primera o segunda semana de noviembre esperamos la presencia del Comité Nacional en Tucumán para presentar y desarrollar ampliamente este informe con actividades junto a organizaciones de la sociedad civil, alertando sobre la situación de nuestra provincia. La visita del Comité Nacional coincidirá con el vencimiento de nuestro mandato, el de los tres civiles de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que somos quienes en los últimos cuatro años hemos llamado la atención sobre estos temas. Tendremos que ver con el Comité Nacional y con las organizaciones sociales de la provincia qué se hace para no dejar vacío este lugar.
