El gobierno de los Estados Unidos pidió terminar el mandato del Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina sostiene su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. El planteo coincide y contrasta con una reciente abstención del gobierno de Milei ante un proyecto contra las formas contemporáneas de colonialismo. La iniciativa de Washington abre un interrogante sobre el futuro de uno de los espacios donde Argentina reclama negociaciones con Londres.
Cinco claves:
- La lista de la ONU reúne situaciones coloniales diferentes, no 17 disputas de soberanía.
- Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda también administran territorios incluidos.
- El C-24 formula recomendaciones, pero no puede adjudicar soberanía ni imponer negociaciones.
- Argentina se abstuvo sobre colonialismo contemporáneo, no sobre la disolución del Comité.
- Estados Unidos necesita una decisión de la Asamblea General para cerrar el organismo.
El mapa colonial sigue abierto
El mapa colonial sigue abierto en pleno siglo XXI. Naciones Unidas mantiene 17 territorios no autónomos, la categoría que identifica a aquellos cuyos pueblos todavía no alcanzaron la plenitud del gobierno propio. Sobre esa agenda, que incluye desde Malvinas hasta el Sáhara Occidental, avanzó ahora el gobierno de Donald Trump.
Una representante estadounidense pidió “terminar el mandato” del Comité Especial de Descolonización (C-24), uno de los espacios donde Argentina reclama anualmente negociaciones con el Reino Unido. Se trata de Tammy Bruce, representante adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas, según identificó el diario Gibraltar Chronicle en su cobertura del 16 de octubre de 2026.
Durante su intervención ante la Cuarta Comisión, Bruce afirmó que “Estados Unidos pide poner fin al mandato del Comité Especial” y argumentó que ese organismo había “superado” su propósito original.
El C-24 es el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, creado por la Asamblea General en 1961 para impulsar la aplicación de la declaración que exige poner fin al colonialismo. Se lo conoce como “Comité de los 24” porque llegó a tener ese número de integrantes. La denominación se mantuvo aunque después se amplió su composición.
Sus principales funciones son examinar la situación de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización, escuchar a representantes de gobiernos, habitantes de los territorios y peticionarios, y elaborar recomendaciones y proyectos de resolución para la Asamblea General.
En el caso de Malvinas, promueve una solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. No es un tribunal, ya que no puede adjudicar la soberanía ni puede obligar por sí mismo a un país a negociar.
El Reino Unido concentra la mayoría
La mayor concentración de estos territorios corresponde al Reino Unido, que los ocupa ilegalmente o los administra bajo otras formas de colonialismo. Los diez territorios son Malvinas, Gibraltar, Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, Santa Elena, Islas Turcas y Caicos y Pitcairn.
Por su parte, Estados Unidos administra Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes estadounidenses. Francia administra Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, mientras que Nueva Zelanda administra Tokelau, un archipiélago ubicado en el océano Pacífico. El territorio restante es el Sáhara Occidental, cuyo proceso de descolonización continúa pendiente tras la retirada española de 1976.
Sin embargo, esa lista no reúne 17 conflictos idénticos. En Malvinas existe una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y, en Gibraltar, España mantiene su reclamo frente a Londres. En los otros territorios, la discusión gira alrededor de la autonomía, la independencia o el vínculo con la potencia administradora.
El Sáhara Occidental presenta otra singularidad. Marruecos controla gran parte del territorio y reivindica su soberanía, mientras el Frente Polisario sostiene el reclamo independentista saharaui. La ONU no reconoce a Marruecos como potencia administradora.
Argentina se abstiene y se rearma
La posición argentina sumó otro elemento de tensión el 15 de octubre. La delegación del gobierno de Javier Milei resolvió abstenerse ante un proyecto sobre las formas contemporáneas de colonialismo, aprobado en la Cuarta Comisión por 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones.
La decisión contrastó con la intervención argentina del 1 de octubre, cuando había reafirmado su compromiso con la eliminación del colonialismo y caracterizado a Malvinas como una situación colonial especial y particular. Se trató, sin embargo, de una votación diferente. Argentina no votó la disolución del Comité, porque el pedido estadounidense no fue sometido a votación.
En paralelo y en plena escalada diplomática con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas, Milei dispuso por decreto una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo “secreto militar”. Al mismo tiempo, el gobierno recibió una pésima noticia desde Washington, pues el gobierno de Trump hacía conocer su intención de disolver el comité de la ONU en el que la Argentina sostiene su reclamo por las Malvinas.
La medida sobre el “secreto militar” fue oficializada en el Boletín Oficial del lunes 19, mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma no precisa qué material se adquirirá, cuál será su costo ni qué fuerza lo recibirá.
Según el decreto, la clasificación alcanza “a las operaciones contractuales necesarias para concretar las adquisiciones identificadas en un expediente del Ministerio de Defensa”. Además, en los considerandos del decreto, el Gobierno fundamentó la decisión en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del Decreto 9390/63.
Según argumentó el Poder Ejecutivo, las características del material que se busca adquirir requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas, ya que su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”. ¿Un tácito mensaje a Londres?
Estados Unidos va por el cierre del Comité
La intención de Estados Unidos, como se señaló, es la de cerrar el Comité, aunque para ello haga falta una votación específica de la Asamblea General. No obstante, con la sola decisión de desfinanciar al organismo por parte de la administración Trump, el C-24 va a ir perdiendo fuerza para su pleno funcionamiento, entienden en la propia ONU.
El alcance del pedido de Washington hecho por su representante es, por ahora, político e institucional. El organismo depende de la Asamblea General y Estados Unidos no puede cerrarlo por decisión propia. Lo concreto es que su desaparición le quitaría a la Argentina y a otros países un foro específico para sostener sus reclamos durante décadas.
El Comité Especial examina la cuestión Malvinas desde 1964 y sus recomendaciones precedieron a la Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a negociar. En junio de 2025, el C-24 volvió a aprobar una resolución que reclamó a Buenos Aires y Londres retomar las conversaciones para alcanzar una solución pacífica.
Ahora, la ofensiva estadounidense amenaza con abrir una discusión sobre el instrumento encargado de examinar la descolonización, mientras los 17 territorios continúan esperando una definición sobre su futuro todavía en el siglo XXI.
Y el vocero presidencial argentino se limitó a decir que el asunto está “bajo análisis”, de modo que no descartó el apoyo a la intención de la Casa Blanca.
